El Gobierno concentra poder

Por Adrián Ventura

Gracias a la complacencia del Congreso Nacional y la pasividad de la Justicia, el Gobierno y el sistema político que es su satélite absorben todo el poder.

Después del ya lejano fracaso durante la votación de la resolución 125, de retenciones móviles, el Gobierno adoptó una posición mucho más agresiva, con objetivos más ambiciosos.

Luego de haber estatizado Aerolíneas, se apropió de los fondos de pensión de los aportantes a las AFJP sin que la Justicia reaccionara en forma generalizada. Avanzó, así, sobre el derecho de propiedad.

Más tarde se propuso controlar la libertad de expresión. Logró la aprobación de la ley de medios, lo que puso en serio riesgo la subsistencia de importantes inversiones; focalizó su ataque sobre el grupo Clarín; desde la AFIP doblegó el control fiscal y comenzó a apuntar contra Papel Prensa, a la que considera una presa codiciada.

Así, la protesta del gremio de los camioneros por el encuadre de los trabajadores de las plantas de los diarios LA NACION y Clarín , que ayer obstaculizó la distribución -sin que la policía ni juez alguno hayan advertido que ello constituye un delito penal y una restricción prohibida por la Convención Americana-, se convirtió en una maniobra más dentro de "un clima de agresión y hostilidad hacia la prensa", según dijo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

El tercer paso del Gobierno pasa por el proyecto de reforma política. No hay que confundirse: el proyecto de internas abiertas no pretende eliminar a los partidos más pequeños para avanzar hacia el bipartidismo ni, mucho menos, transformar el sistema. Si se hubiera querido copiar el modelo norteamericano, se habría propuesto eliminar las listas sábana o las colectoras. Pero no es así.

Por el contrario, el proyecto es una propuesta de máxima para negociar con la oposición y así lograr objetivos menos elevados y asegurar la preponderancia del oficialismo: acortar los tiempos de la campaña, que se reducen de 90 a 35 días; los tiempos del debate mediático, que queda reducido a 18 días; darle más poder a la Dirección Nacional Electoral en perjuicio de la Justicia, y monopolizar la distribución de los espacios de publicidad entre los partidos, reparto que la ley somete a pautas demasiado imprecisas.

Pocos advirtieron otra viveza criolla: la ley dice que los actores de la campaña son los partidos y los políticos, de modo que la actividad proselitista de los "funcionarios" oficialistas quedará fuera del alcance de las sanciones judiciales.

Pero el Gobierno no para de avanzar. Por un lado, con la increíble colaboración de la oposición, Diputados dio media sanción a un proyecto que restringe la facultad de los jueces para dictar medidas cautelares contra el Estado. Por el otro, se apresta a prorrogar la emergencia económica. No quiere límite alguno al poder.

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