Al Gobierno se le complicó la agenda

Por Fernando Laborda

De la mano del avance de una conflictividad social y gremial que se percibe con llamativa facilidad en las calles porteñas y en el conurbano, los Kirchner están comenzando a dar señales de que la agenda política y social está escapando de su control.

Un primer síntoma de debilidad del Gobierno se vio el 30 de septiembre, cuando la presidenta Cristina Kirchner formuló un dramático e inesperado llamado para que no se promovieran protestas sociales que impidieran el ejercicio de los derechos de otros ciudadanos. Se refería a los numerosos cortes de calles y de rutas que, por aquel entonces, habían desbordado la capacidad de asombro de una población acostumbrada a convivir con los piquetes. Por primera vez, el discurso oficial había dejado de lado el remanido argumento kirchnerista de que no podían criminalizarse las demandas sociales y que sirvió para consentir toda clase de atropellos al derecho a circular e incluso al derecho a trabajar.

Ayer, en la Panamericana, la Guardia de Infantería de la Policía Federal dispersó mediante chorros de agua coloreada a trabajadores de la central Atucha II que cortaron la ruta, y así restableció el tránsito. La respuesta oficial llamó la atención por lo inusual.

La conflictividad gremial de los últimos días desnuda una escalada de tensión social que las estadísticas oficiales pretendieron ocultar. También da cuenta de una crisis de representatividad de viejas estructuras sindicales en las cuales nunca hubo espacio para sectores minoritarios. Son estos grupos marginados de las cúpulas gremiales los que, en muchos casos, lideran hoy las protestas.

No es el único problema que afronta el grupo gobernante. Las grietas en las organizaciones sociales kirchneristas son cada vez más evidentes, a partir de la "guerra de cooperativas" que estalló luego del anuncio presidencial de que serían creados unos 100.000 puestos de trabajo en el conurbano y que dio lugar a denuncias de acomodos y clientelismo.

La desesperación del Gobierno por no perder el control de la situación social llevó a los Kirchner a asegurarse el apoyo de Hugo Moyano, a uno de cuyos hombres -abogado de la Federación de Camioneros-, en un nuevo golpe de timón, se le concedió el manejo de la Administración de Programas Especiales (APE), que controla un fondo derivado de aportes a obras sociales que se distribuye discrecionalmente.

La lectura de esto es que sólo el minucioso control de los flujos de caja y de los resortes del Estado, junto a su uso discrecional, les permite a los Kirchner conservar el poder real.

Impera la lealtad presupuestaria, lo cual explica que muchos de los que ayer pugnaban por una foto con el matrimonio presidencial hoy corten una de las principales avenidas de Buenos Aires y quizá mañana vuelvan a estar al servicio del ejército K para lo que el jefe guste mandar.

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