El Gobierno cita a los ruralistas para negociar por novena vez

Aníbal Fernández habló con Llambías y Buzzi; la reunión será la semana próxima
Las llamadas fueron el domingo, a última hora. "Hay que volver a hacer una reunión", les dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a los ruralistas Mario Llambías, por un lado, y a Eduardo Buzzi, por el otro.

Así lo contaron los dos ruralistas que recibieron el mensaje del jefe de Gabinete. Sin embargo, en la Casa Rosada nadie, hasta anoche, le ponía fecha firme al encuentro, que será el noveno desde que comenzó el conflicto por las retenciones. Aunque se especuló con que la reunión podría ser entre mañana y pasado, finalmente en el Gobierno dijeron anoche que se concretará la semana próxima.

Fuentes del Gobierno habían llegado a relativizar que el diálogo telefónico entre el ministro y los ruralistas hubiera sido una convocatoria oficial. "Fue una conversación informal para aceitar el futuro mecanismo de diálogo", mandó a contar Aníbal Fernández.

La vuelta al diálogo se da en medio de las movilizaciones de protesta del agro en varios puntos del país que siguieron al paro de una semana finalizado el viernes.

Para ese futuro encuentro, sin embargo, no está en agenda una rebaja en las retenciones. Así lo anticiparon a LA NACION voceros oficiales, y agregaron que los nuevos contactos servirán para "comenzar a acercar posiciones"; el mismo argumento que usaron hace un mes y medio, antes de la última reunión con la Comisión de Enlace en la Casa Rosada.

Uno de los temas centrales que el Gobierno pondrá a consideración es la firma del prometido convenio para abrir permanentemente las exportaciones de trigo y maíz, que se había anunciado después de la reunión del 31 de agosto.

El papel de Aníbal Fernández será convencer a los ruralistas de que firmen el acuerdo, algo que, según comentaron en el sector agropecuario, en principio no están dispuestos a hacer sin discutir "la letra chica". El presidente de Coninagro, Carlos Garetto, sostuvo que no aceptarán ese pedido del Gobierno. Esa es la gran carta que guarda la presidenta Cristina Kirchner para evitar una escalada de tensión. Pretende presentar ese convenio como una concesión a los reclamos del campo.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y la ministra de la Producción, Débora Giorgi, ya mantuvieron varias reuniones con exportadores y molineros. Según confiaron cerca de ambos funcionarios, esa parte del convenio estaría acordada. "El principal trabajo de Aníbal Fernández es convencer a la Mesa de Enlace para que firme", confió una alta fuente oficial a LA NACION. En la Casa Rosada agregaron que el acuerdo para la exportación de trigo y maíz se firmará igual, con o sin el aval de los representantes de los productores. Ese fue uno de los anuncios que hicieron Aníbal Fernández, Giorgi y el ministro de Economía, Amado Boudou, tras el último encuentro en la Casa Rosada con los representantes del agro.

Con esta iniciativa, el Gobierno apuesta, una vez más, a quitarle argumentos al campo en sus reclamos. La propuesta implicará dejar por escrito lo que en los hechos ya se hace: liberar las exportaciones de trigo y maíz de manera permanente, siempre y cuando se garantice el abastecimiento interno de granos.

El Gobierno apuesta a frenar por un tiempo las movilizaciones que el agro realiza por estos días y que mantendrá la semana próxima. La estrategia es ganar tiempo y evitar los constantes reclamos del campo.

Cerca de Aníbal Fernández confiaron que el diálogo estaba cortado por el último paro del agro, que duró una semana e implicó el cese de comercialización de granos y carnes.

Algo llamativo fue una de las partes más sustanciales del diálogo telefónico: según contó Llambías a LA NACION, Fernández arrancó la conversación aclarándole que el Gobierno no iba a filmar con aviones los campos para controlar la evasión fiscal, como adelantó LA NACION el domingo y que ayer cerca de Echegaray reconfirmaron. "No alcanza el presupuesto para hacer eso", dijo el jefe de Gabinete al titular de CRA, en contraposición con la licitación que ya tiene lista la AFIP.

Más allá de las promesas o desmentidas de los planes futuros, el campo llegará a la reunión con bajas expectativas. "Si se da, hay que ver en qué escenario. Nosotros le dejamos a Aníbal Fernández una carpeta con 22 puntos cuando nos convocaron al diálogo. Seguramente nos llamarán para darnos alguna respuesta", dijo ayer el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, durante una protesta que encabezó junto a Alfredo De Angeli en Concepción del Uruguay.

En el sector agropecuario sostienen que de los anuncios de la última reunión solamente se cumplió el de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que agilizó los trámites para habilitar las ventas al exterior. El campo denuncia que el pago de una compensación para la cría de novillos pesados en los últimos 100 kilos de engorde no se cumplió, como tampoco la compensación de 20 centavos para los tamberos que anunció la Presidenta.

La Comisión de Enlace reconoce la cintura negociadora del jefe de Gabinete. Según dijeron cerca del ministro, él encabezará la reunión, y la nueva secretaria de Integración Nacional, María del Carmen Alarcón, sólo aportará información.

Echegaray querella a Mario Llambías

* El jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, le mandó una carta documento a Mario Llambías, presidente de CRA, que lo había acusado de "tomar alguna sustancia que lo pone mal". Echegaray lo intimó a que "se abstenga" de insultarlo. Y lo demandará en la Justicia por calumnias e injurias.

Ultimas reuniones

31 de julio

* La Presidenta anunció medidas parciales, sin tocar retenciones. Le siguió un duro discurso en la inauguración de la Exposición Rural.

31 de marzo

* Randazzo y Giorgi encabezaron la reunión y fueron criticados por el agro por no aportar soluciones. "No aceptaremos extorsiones", advirtió el ministro.

3 y 10 de marzo

* Se firman 4 acuerdos para carne, trigo, leche y economías regionales, que no prosperaron. Tras las críticas, la Presidenta pidió "responsabilidad" al sector.

24 de febrero

* Primera reunión tras siete meses sin diálogo; el Gobierno pidió "bajar los niveles de locura".

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