El gobierno chileno detectó tres falsos desaparecidos

La investigación comenzó tras la aparición de Cofré Martínez, cuya familia cobraba un subsidio por su supuesto asesinato a manos de los militares.
El gobierno de Michelle Bachelet reconoció este sábado tres nuevos errores en la lista de desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Fue luego de una investigación que encabezó el Poder Ejecutivo tras la aparición en la provincia de Mendoza, a mediados de noviembre, de Germán Cofré Martínez, cuya familia cobraba un subsidio por su supuesto asesinato a manos de los militares.

Cofré aparecía en la nómina de detenidos desaparecidos tras el golpe de 1973 al igual que Carlos Patricio Rojas Campos, Edgardo Iván Palacios y Emperatriz Villagra, los tres nuevos casos hallados a partir de la investigación oficial, según consignó la agencia de noticias Télam.

Rojas Campos y Palacios sufrieron violaciones a los derechos humanos pero no fallecieron a causa de la represión política y sus familiares cobraban el subsidio que el Estado otorga a los parientes de las víctimas fatales del terrorismo de Estado. En tanto se constató que Villagra falleció en los años ‘50, 20 años antes del golpe militar encabezado por Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, afirmó que el Instituto de Normalización Previsional suspenderá el pago de pensiones a los familiares Rojas Campos y Palacios, y dijo que en el caso de Villagra no se cobraba ningún subsidio.

EMBESTIDA DE LA DERECHA. Los errores detectados en la lista de 1183 casos fueron lamentados por organizaciones de derechos humanos y generaron polémica en la oposición.

La secretaria general del partido de derecha Renovación Nacional, Lily Pérez, acusó al gobierno de "indolente" en derechos humanos y su correligionaria, Karla Rubilar, sostuvo que en realidad son ocho los casos erróneos.

"Nos preocupa que estamos ante un gobierno absolutamente indolente en esta causa y nos preocupa esa indolencia porque no ayuda a resolver los problemas del pasado", advirtió Pérez.

La respuesta oficial no se hizo esperar. "No van los herederos políticos de la dictadura a venir a enseñarle a un Gobierno democrático cómo enfrentamos el tema de los derechos humanos", respondió el secretario de gobierno, Francisco Vidal, según citó la agencia EFE.

"A los miles de familiares de desaparecidos y ejecutados, a los miles de torturados y sus familiares: en Chile hubo violación masiva y sistemática de los derechos humanos, más de tres mil víctimas, más de 28 mil torturados, decenas de miles de exiliados y exonerados", advirtió el funcionario y anunció que los casos se revisarán “uno a uno”.

En medio de la polémica, Rosende explicó que los familiares de Rojas Campos y Palacios desconocían su paradero, algo que fue ratificado por la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García.

"No estamos hablando de personas que se aprovecharon de la situación, sino de personas que estuvieron en un contexto que daba a entender que podían ser detenidos desaparecidos, a excepción de la señora Villagra, quien aparece en la nómina, pero cuya familia no cobró beneficio alguno”, precisó García.

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, también salió al cruce y remarcó que "si no se sabe lo que pasó con nuestros familiares detenidos desaparecidos es precisamente porque los agentes de las Fuerzas Armadas, hoy día amparados en el poder político de la derecha, siguen viviendo en impunidad".

"No vengan a rasgar vestiduras quienes son cómplices de los crímenes", dijo. La asesora presidencial en materia de Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, también apuntó a la derecha y llamó a que entreguen la información que tengan respecto a los otros supuestos cinco casos de errores en los registros que mencionaron sus voceros.

Desde el Poder Ejecutivo indicaron que pondrán todos los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado y de los tribunales de justicia, y citaron anoche a la conducción de la AFDD al Palacio de La Moneda.

Según estadísticas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, entre 1973 y 1990, 3.195 personas murieron en el marco del operativo de represión, de las cuales 1.183 permanecen desaparecidas.

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