El presidente Mauricio Macri anunciará este martes ante la Asamblea Legislativa una reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de elegir y de acusar a los jueces. La iniciativa, a la que tuvo acceso exclusivo Clarín, apunta a fortalecer el equilibrio entre los distintos estamentos (jueces, abogados y políticos), y propone la dedicación exclusiva de todos sus miembros. Así, los representantes del Congreso no serán más diputados ni senadores, sino representantes especialmente designados. Y los jueces y abogados deberán pedir licencia mientras duren en sus cargos. También se impulsará una nueva ley de subrogancias para intentar solucionar el problema de las vacantes, una marca histórica del Poder Judicial.

La última reforma del Consejo se remonta al 2006 y había sido impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner. En ese momento, el Consejo pasó de 20 a 13 integrantes y redujo el peso de jueces, abogados, académicos y de las segundas minorías dentro del Congreso. Al mismo tiempo, le otorgó un poder del veto al oficialismo, que siempre tuvo mayoría en el plenario.  

La nueva reforma, que ingresará al Congreso en la primera quincena de marzo, reduce el peso de la política. Si se aprueba, el Consejo estará integrado por cuatro jueces, cuatro representantes del Poder Legislativo, cuatro abogados, un representante del ámbito académico y uno del Poder Ejecutivo. Son 14 miembros en total.

Además, el proyecto apunta a que todos los integrantes del Consejo tengan dedicación exclusiva, tal como vienen reclamando los expertos en los últimos años, e impulsa las sesiones plenarias al menos una vez por semana, para mejorar la “productividad” del organismo, que estuvo paralizado durante años por las disputas entre el kirchnerismo y la oposición.  

“Queremos construir una Justicia independiente que con jueces honestos y profesionales brinde un servicio de calidad a la gente”, aseguró anoche el ministro de Justicia Germán Garavano cuando Clarín lo consultó sobre la reforma.

Todo el Poder Judicial estaba pendiente de la integración del Consejo de la Magistratura desde que en noviembre pasado, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional la reforma que impulsó el gobierno de Néstor Kirchner al argumentar que no respetaba el equilibrio que estipula el artículo 114 de la Constitución. Ante de irse, el kirchnerismo apeló ese fallo judicial. Ahora, además de impulsar una nueva reforma, el Gobierno desistirá de la vía judicial. “Vamos a bajar la apelación, el traslado a la Corte del expediente está suspendido”, dijo ayer una fuente oficial.

Desde hace diez días, con la jura del diputado macrista Pablo Tonelli (estuvo frenada por varios amparos del kirchnerismo), el oficialismo tiene una mayoría de ocho contra cinco en el Consejo y quedó a un solo voto de la mayoría calificada para aprobar concursos de futuros jueces o para enviar a juicio político a los magistrados.

Además de Tonelli, el actual bloque mayoritario lo integran el representante del Poder Ejecutivo Juan Bautista Mahiques; los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas; los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes; el senador radical Angel Rozas y el diputado radical Gustavo Valdés.

Además de modificar la integración del Consejo, el proyecto oficial fija plazos estrictos para que las denuncias contra los jueces sean elevadas al plenario, donde se deciden la sanciones y se impulsan los juicios políticos.

También propone la creación de una Oficina de Estadística, que deberá armar un sistema unificado de estadísticas, para evaluar el funcionamiento del Poder Judicial y hacer un seguimiento de las reformas judiciales que forman parte del “Plan Justicia 2020”.

En el Gobierno esperan que el nuevo Consejo pueda sortear las innumerables demoras para aprobar los concursos, porque eso genera otro problema crónico del Poder Judicial: las vacantes en los juzgados y en los tribunales orales.