Presionado por el avance en el Senado del proyecto de ley que declara la emergencia social por un año, y como respuesta a la marcha que organizaciones sociales realizarán al Congreso el 18 de noviembre, que cuenta con el respaldo de la CGT, el Gobierno postergó una semana el encuentro en el que se iba a discutir el bono de fin de año que reclaman los grupos piqueteros.

Si bien desde el Gobierno advirtieron que "nunca se fijó" una fecha para la reunión, referentes de los movimientos sociales confirmaron a LA NACION que estaba todo acordado de palabra. Fuentes cercanas a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, destacaron el "muy buen diálogo" que mantienen de forma permanente con las organizaciones sociales y piqueteras y sostuvieron que el encuentro se formalizará después de la movilización. Incluso, adelantaron que serán citados el mismo día que los líderes de la central obrera.

Se espera que Stanley los reciba en dos semanas. El cambio de fecha sorprendió y generó malestar entre los referentes de la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, organizaciones que participaron de la mesa de diálogo social que se realizó hace 20 días.

"Hay mucha especulación y oportunismo político en algunos integrantes del PJ y de los movimientos sociales, pero son unos pocos", advirtieron fuentes oficiales.

En principio, para mañana se esperaba una definición oficial respecto del bono de fin de año. Las organizaciones sociales reclamaban la ampliación del ofrecimiento de $ 1000 para grupos familiares beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), anunciada hace algunas semanas. La primera demanda, de extender los $ 1000 a cada niño, en lugar del grupo familiar, fue rechazada por el Gobierno; aunque prometió estudiar mejoras para los trabajadores precarios.

Una de las principales razones para retrasar la reunión es que en el Gobierno no quieren cerrar la negociación por el bono antes de la marcha, a la que adhirió la central obrera unificada, que conducen Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. La movilización por el debate y la sanción de la ley de emergencia social será el primer gesto contundente para escenificar la comunión -acicateada por la Iglesia- en la que están inmersas las organizaciones sociales y la CGT.

Ante este escenario, la cuenta que hacen en la Casa Rosada es simple. "Se firma la paz después de una protesta, nunca antes", razonó ante LA NACION un hombre de confianza del Presidente.

Pero la estrategia esconde una segunda ganancia para la administración de Macri: lleva la discusión en el Congreso por la emergencia social al límite de los plazos parlamentarios. Es que las sesiones ordinarias finalizan a fin de mes. Si bien la oposición cuenta con el número suficiente para forzar la aprobación de la norma, por lo menos en la Cámara alta, los tiempos para el tratamiento difícilmente concluyan antes del 30 de este mes.

Igualmente, el tema genera preocupación en el Gobierno. Tanto es así que hoy por la mañana, en la reunión de coordinación que encabezará Mauricio Macri en la quinta presidencial de Olivos, y de la que participarán, entre otros, Stanley y su par de Interior, Rogelio Frigerio, se discutirá una eventual hoja de ruta en caso de que el proyecto sea impulsado por la oposición en el Parlamento.

Otra ley, ¿segundo veto?

La oposición en el Senado está en condiciones de tratar la semana próxima en el recinto el proyecto que establece un refuerzo del 15% para las asignaciones sociales por el término de un año y dispone la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo a través de planes sociales.

Según pudo saber LA NACION, anteayer Frigerio se reunió con el jefe del bloque del FPV, Miguel Pichetto, por este asunto. Todo indica que la iniciativa, que fue avalada por todos los bloques opositores y logró reunir casi 30 firmas, alcanzaría media sanción en una semana. "Pichetto miró para otro lado...", confiaron desde la Casa Rosada.

En Diputados, en tanto, parte de la oposición cree que tendrá el tiempo suficiente para aprobar la norma. "Estamos justos, pero es viable", manifestó uno de los referentes del bloque kirchnerista en la Cámara baja.

Un posible revés en el Senado no alteraría el camino que definió el Gobierno, al menos por ahora. ¿El Presidente vetará la ley en caso de ser aprobada? Por ahora nadie en el Gobierno quiere responder este interrogante. En ese caso sería el segundo en su gestión (en mayo Macri vetó la ley antidespidos).

Las prioridades son otras. Desde la Casa de Gobierno quieren "gastar las balas" que les quedan para cerrar los proyectos más importantes que se encuentran en el Congreso: presupuesto 2017, la reforma electoral -por el viaje de varios senadores, ayer se suspendió la actividad prevista-, la reglamentación de la participación privada en la ejecución de grandes obras públicas de infraestructura y la reforma de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

Un intendente se desmarca y anuncia un bono

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, anunció ayer el pago de un bono de fin de año de 1000 pesos para los 2300 empleados de su municipio, ubicado en el sur del conurbano. La decisión, que implicará el desembolso de "apenas" 2,3 millones pesos, promete un impacto político varias veces mayor en la provincia.

Sucede que el anuncio del peronista Gray choca con la situación de la mayoría de los municipios bonaerenses y de la propia gobernación, que desde hace semanas advierte sobre la imposibilidad de afrontar un bono de fin de año.

"Somos un municipio humilde pero bien administrado", señaló Gray a LA NACION, para destacar que Echeverría es una de las intendencias con menos empleados por habitante (300.000, según el último censo). "De los 2300 empleados, 1100 trabajan en el sistema de salud, que es enteramente municipal", agregó, para sumar méritos.

Mientras la provincia se prepara para asistir a los municipios que no llegan a pagar aguinaldos, el anuncio de Gray no sólo reforzará el reclamo de los gremios: impulsará a otros intendentes a salir a probar "la buena salud" de sus finanzas, en la previa del año electoral.