El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remitió hoy un proyecto a la Legislatura local para reformar la ley que regula el acceso a la información pública y plantea la obligación de los funcionarios de los tres poderes de brindar datos vinculados a su gestión, como presupuestos ejecutados, escalas salariales, contrataciones y licitaciones.

La iniciativa, que lleva las firmas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros Martín Mura, de Hacienda, y Bruno Screnci, de Gobierno, tiene como componente central “la transparencia activa”, entendida como “la obligación del Estado de publicar proactivamente cada vez más información”.

Asimismo, promueve “el diálogo con el ciudadano para que pedir información no sea un desafío contra una gestión, sino una actividad de colaboración que genera incentivos para una mejor administración”. Para ello, dispone, en su primer artículo, que “toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna” y sostiene que para ejercer ese derecho “no será necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven la petición”.

Serán sujetos obligados a dar información pública todos los órganos pertenecientes a la administración central, entes autárquicos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Comunas, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Procuración General, Defensoría del Pueblo, Sindicatura General, Auditoría General y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.

También menciona a “organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones sindicales, partidos políticos, institutos educativos y cualquier otra entidad a las que se les haya otorgado subsidios o aportes del Gobierno de la Ciudad”. La información deberá proveerse en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, no obstante consigna una serie de excepciones para su entrega, como por ejemplo cuando afecte la intimidad de las personas o cuando la divulgación “pudiera ocasionar de manera verosímil un riesgo a la seguridad pública”.

En tanto, plantea en capítulo denominado “Transparencia Activa” en el cual establece que quienes están incluidos en la obligación de brindar información deberán también facilitar la búsqueda y el acceso a la documentación “a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados”.

Y puntualiza los datos que deberán ofrecer, entre los que figuran la estructura orgánica y las funciones; las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes; el presupuesto asignado a cada área, programa o función, y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral.

También requiere el listado de adquisiciones de bienes y servicios u obras públicas que se realicen mediante licitaciones, contrataciones o concursos; los informes finales de auditorías internas o externas; y la descripción de la política institucional, de los programas en curso y los planes de acción.