El texto definitivo que se conoció ayer confirmó esa realidad y, al mismo tiempo, un proyecto alternativo que Miguel Pichetto presentó en el Senado, le dio al debate la habilitación definitiva (ver nota en pág. 3). Esas inclusiones fueron imprescindibles para hacer viable el tratamiento de una ley como esta, que supera en complejidad y temas urticantes inclusive a la ley que habilitó el pago a los holdouts. Así la ley ómnibus mezcla el pago a jubilados, con la ratificación de la devolución del 15% de la coparticipación retenida a provincias para financiar la ANSES, la creación de la pensión universal para el adulto mayor para todos los mayores de 65 años cumpliendo algunos requisitos. También se incluye la derogación en 3 años del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, pesadilla de las empresas creada en la reforma tributaria que elaboró Roque Fernández en 1998 durante la segunda presidencia de Carlos Menem, y la reforma a Ganancias y Bienes Personales, en este ultimo caso elevando a $ 800.000 el piso partir del que se tributa y volviendo a aplicar el concepto de mínimo no imponible en lugar del mínimo exento que había sancionado Cristina de Kirchner durante su presidencia.

El proyecto, que comenzará a debatirse hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, establece el pago a jubilados de todas las deudas pendientes por diferencias de liquidación con o sin sentencia de acuerdo a un cronograma especial que incluye las edades de los beneficiarios y su situación de litigiosidad. (Ver cuadro aparte)

De allí, aunque parezca el tramo mas fácil para debatir en el recinto, aparece una de las principales dificultades para la votación. 

El denominado "Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados" incluye la posibilidad de habilitar a la ANSES a desaprenderse de las acciones que posee de empresas privadas y que heredó de la estatización de las AFJP. Emilio Basavilbaso explicó ayer que esas acciones no serán necesariamente vendidas, salvo en el caso que el blanqueo, la rentabilidad y el flujo del Fondo de Garantía no alcance para cubrir las cancelaciones de deuda, algo que el mercado cree que sucederá. Así el proyecto establece que se derogue la ley que Cristina de Kirchner hizo votar para prohibirle al Poder Ejecutivo de turno la venta de ese menú de acciones en poder de la ANSES. 

Basavilbaso explicó ayer: "Todo el dinero que genere el Fondo se va a aplicar para pagar los juicios, más el dinero que nos pase el Tesoro, del blanqueo, vamos a poder pagar todos los juicios. Si no nos alcanzara, que puede suceder de acá a tres años, la ley permite vender acciones para compensar ese déficit. Tres años es una cuenta que tenemos estimativa, pero no necesariamente nos obliga a vender las acciones ahora". dijo el funcionario.

El debate vendrá, además, con una pelea extra: esa ley que hizo votar Cristina de Kirchner estableció como requisito que la derogación fuera sancionada con los dos tercios de los integrantes del Congreso. En ese momento la oposición alegó la inconstitucionalidad de esa cláusula ya que en el recinto esa ley de restricción no sólo se aprobó sin mayoría especial, sino que la Constitución habilita ese requisito solo para casos excepcionales. El tema será una de las delicias que deparará el recinto de Diputados para la madrugada del debate.

Según el informe presentado al Congreso, al primer trimestre, el FGS ascendía a $ 719.708 millones, con un crecimiento interanual del 36,3%.

En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, destinada a quienes tengan 65 años o más y no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse, será equivalente al 80% del haber mínimo (unos de $ 3.900) y compatible con el trabajo asalariado o autónomo de quien la recibe, para que pueda procurar reunir los requisitos y obtener más tarde una jubilación regular.

Además, se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional para que elabore un proyecto de reforma jubilatoria integral, en un plazo de tres años.