Gustavo Arribas está blindado. El principal escudo del jefe de la ex SIDE es su larga amistad con Mauricio Macri, desde los tiempos en que era escribano de Socma. Después, durante la década en que Macri fue presidente de Boca, esa relación se selló al calor de las compras y ventas de jugadores, en las que Arribas trabajaba como intermediario a comisión. Ahora, el funcionario, amigo y hasta inquilino de Macri quedó bajo sospecha por las supuestas coimas de la constructora brasileña Odebrecht. Y si bien la trama que lo salpica todavía tiene final abierto, el primer reflejo del macrismo fue protegerlo sin titubear.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, y el alcalde Horacio Rodríguez Larreta ya lo defendieron bajo el argumento de la presunción de inocencia. En la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aseguran que el jefe está más firme que nunca. Y desde Casa Rosada se agarran de un formalismo para minimizar suspicacias: plantean que no existe denuncia concreta en su contra porque lo que hizo la diputada Elisa Carrió fue pedir que la Justicia investigue el caso, en base a la nota del diario La Nación.

Ante los ojos macristas, la denuncia penal del diputado kirchneristaHéctor Recalde, posterior a la de Carrió, ni siquiera califica como agravante. Al contrario, esa acusación y los tuiteos críticos de Cristina Kirchner bien podrían sumarle algunos puntos.

Así, el gobierno hace malabares para no quedar en una situación de doble estándar reglamentario. En agosto pasado, Macri suspendió velozmente al director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, tras recibir unas grabaciones que parecían mancharlo en un caso de corrupción.

Para Arribas, en cambio, ahora rige en extremo el beneficio de la duda. El amigo presidencial tiene banca, a pesar de que Carrió, la diputadaMargarita Stolbizer, la legisladora Graciela Ocaña y algunos dirigentes radicales pidieron su alejamiento de la AFI.

En el juego de las diferencias con Gómez Centurión, los voceros macristas señalan que la acusación contra Arribas es por un evento de 2013, cuando vivía en San Pablo y ni siquiera consideraba la chance de ser funcionario. Y mucho menos, de ponerse al frente de la alborotada agencia de espionaje.

La acusación contra Arribas surgió de una nota del periodista Hugo Alconada Mon. Según la investigación, Arribas recibió casi US$ 600 mil de parte de un operador de la empresa Odebrecht (una suerte de Techint brasileña), quien sería condenado en el mega-caso de corrupción conocido como Lava Jato. El giro se habría hecho desde una cuenta de Hong Kong a una de Suiza (declarada por Arribas), a través de una empresa que la Justicia brasileña definió como “fachada” para el pago de coimas. En su descargo, Arribas negó tener relación con Odebrecht, pero admitió haber recibido unos US$ 70 mil desde esa cuenta y esa firma, por la venta de un inmueble en San Pablo. Todavía no dio detalles sobre esa operación.

Aquel pago de septiembre de 2013 coincide temporalmente con un nuevo impulso al proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento, a cargo del consorcio integrado por Odebrecht, Iecsa (de Angelo Calcaterra, primo de Macri), Comsa y la italiana Ghella. Paradójicamente, esa conexión hipotética se convirtió en otro argumento del macrismo en favor de Arribas. “¿Gustavo coimeó a Ricardo Jaime, a Julio de Vido, a Cristina? Un delirio”, afirma un dirigente con oficina en la Rosada.