El Gobierno ya avisó al TSJ que eliminará Anticorrupción

El Gobierno ya avisó al TSJ que eliminará Anticorrupción

La decisión ya está tomada y le fue comunicada en conversaciones informales a integrantes del Tribunal Superior de Justicia: el Gobierno provincial se encamina a eliminar el fuero Penal Económico y Anticorrupción.

Fue creado en el primer paquete de leyes que envió José Manuel de la Sota en su primer período de gobierno y entró en vigencia a principio de 2004. Desde ese momento hasta hoy tuvo una observación recurrente en la política, la propia Justicia y otros sectores: la de no haber promovido ninguna investigación que involucre a personajes de cierto nivel con poder político o económico.

Nació con una sola fiscalía que luego fue ampliada a dos, con el argumento de que las investigaciones no avanzaban por la acumulación de causas, pero con la duplicación de fiscalías tampoco trajo efectos concretos.

Actualmente, la Fiscalía número 2 está vacante desde que su anterior titular, Gustavo Hidalgo, fue ascendido a juez del mismo fuero, apenas días después de haberse salvado en votación dividida de un Jurado de Enjuiciamiento por no avanzar en expedientes que involucraban al Gobierno provincial, como la construcción del Camino del Cuadrado, Kolektor y la conexión del Lava Jato brasileño con los gasoductos cordobeses, entre otros.

Más allá de que no fue destituido, sobre Hidalgo pesa una denuncia penal de los legisladores Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero por “encubrimiento agravado” en razón de su actuación en los mencionados casos.

La Fiscalía número 1 en cualquier momento también queda vacante porque su titular, Hugo Amayusco, está por jubilarse.

Se completa con una Cámara en lo Criminal, un Juzgado de Control y una Fiscalía de Cámara.

Si bien el proyecto del Ejecutivo todavía está en plena elaboración, la intención –corroborada a este diario por miembros del gabinete provincial– es que una Cámara específica asigne en las distintas fiscales de Instrucción del fuero penal las causas vinculadas con supuestos delitos cometidos por funcionarios públicos y los denominados “de guante blanco”.

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