En medio de la controversia por los despidos en la administración pública, el Gobierno avanza con firmeza sobre el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la Inspección General de Justicia (IGJ), dos registros que fueron clave durante la anterior gestión y que sirvieron como refugio de los sectores más ortodoxos del kirchnerismo, como la agrupación La Cámpora. El RENAR es la oficina encargada, entre otras tantas funciones, de otorgar la portación de armas. La IGJ es la que da el aval para, por ejemplo, la conformación de sociedades y la publicación de los balances.

Si bien en los papeles dependían del ex ministro de Justicia, Julio Alak, ambos registros funcionaron durante los últimos años bajo el paraguas del ex viceministro Julián Álvarez, uno de los jóvenes preferidos de Cristina Kirchner, con influencia en la Justicia, y ex candidato a intendente en Lanús, elección que perdió por pocos puntos en manos del macrista Néstor Grindetti. Un escalón más abajo en el organigrama, ambos organismos –junto a otros nueve- estaban bajo el control de Oscar Martini, ex secretario de Asuntos Registrales, aunque en el día a día la operatividad estaba bajo la mano de Esteban de Gracia, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral, cercano a Álvarez.

A la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, que deroga los mecanismos que impedían acceder a información sensible de sociedades y fundaciones –resolución que podría complicar a ex funcionarios K-, la nueva administración avanza en la revisión de contratos y analiza la gestión de sus antecesores. En los últimos días, por caso, el Gobierno cesanteó a poco más de cuarenta contratados, una lista que podría engrosarse en las próximas semanas.

Entre los echados se destaca el primo de Julián Álvarez, de apellido García, cuyo sueldo promediaba los 50.000 pesos, según fuentes del Ministerio de Justicia. Nadie conocía demasiado las funciones que cumplía el familiar del ex operador K. Tampoco qué será del futuro laboral de la ex secretaria de Álvarez, que días antes del 10 de diciembre pasado fue reubicada –"está escondida", cuentan irónicos- en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a metros de las oficinas de Tandanor. Álvarez contaba con sus privilegios: según el gremio, el ex funcionario tiene asignados cinco vehículos oficiales, uno de los cuales habría estado designado con exclusividad para su pareja.

La gestión de Álvarez en Justicia es uno de los puntos que analizan las nuevas autoridades, con el ministro Germán Garavano y Martín Borrelli, nuevo secretario de Asuntos Registrales, a la cabeza. Según fuentes oficiales, además de los nombramientos, la lupa también está puesta en algunos trabajos de una gráfica de la calle Campichuelo, en el barrio porteño de Caballito, que funciona en un edificio del Ministerio de Justicia y que realiza algunas tareas para el Estado: en el primer piso hay oficinas del Boletín Oficial, y en la planta baja archivos del mencionado ministerio. La inquietud de la actual gestión pasa por los trabajos que dicha imprenta habría realizado para la campaña electoral de Lanús del ex secretario de Justicia.

Además de la resolución publicitada hoy en el Boletín Oficial, el macrismo analiza además el funcionamiento interno de la IGJ. En el estudio de los listados de empleados, los funcionarios se encontraron con una sorpresa: hay unos 20 empleados nombrados, con sueldos de entre 9.000 y 50.000 pesos, que nadie los encuentra. Figuran como contratados, pero nadie sabe dónde están ni qué funciones cumplen.

En el caso del RENAR, que durante el kirchnerismo estuvo bajo el mando del camporista Matías Molle, el Gobierno analiza aportarle a la Oficina Anticorrupción -conducida por Laura Alonso- material vinculado con el sistema de otorgación de portaciones y tenencias de armas, que en las últimas semanas quedó bajo un manto de sospecha por la relación promiscua entre ese registro y los condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez.