El gobierno avanza en la nacionalización de Metrogas

La nueva jugada para erosionar a los accionistas de la British Gas tiene como protagonista al Sindicato del Gas, que lidera Oscar Mangone, el alfil del Ministerio de Planificación en la compañía. La idea sería que cedan el 10% de acciones que tienen los trabajadores, así se suma masa crítica para desplazar a los actuales propietarios. La liberación de las tarifas alimenta las sospechas.
El Gobierno puso en marcha una estrategia para avanzar sobre Metrogas y casualmente anunció un aumento de las tarifas de gas. No es la primera vez que se produce un caso similar. La estrategia kirchnerista suele repetirse. Cuando quiere una compañía de servicios públicos, ahoga a sus propietarios congelándoles las tarifas y una vez que los fuerza a vender y toma la propiedad algún empresario amigo, las libera.

La mayor distribuidora de gas del país entró en default en julio. Su argumento fue que por el precario valor de las facturas eléctricas no pudo cancelar un vencimiento de deuda de u$s 20 millones. Pero en el mercado en ese momento se dispararon los rumores de una posible operación del kirchnerismo para entregar la acompañía a algún empresario amigo.

En concreto se mencionó al títular de Edenor, Marcelo Mindlin, a quien se lo mencionaba como comprando a tarvés del JP Morgan, varios millones de deuda de Metrogras, horas antes de que el gobierno decidiera intervenirla. La versión fue desmentida a LPO por voceros de Mindlin pero sigue firma hasta hoy.

Como sea, Metrogras venía arrastrando una pésima relación con el gobierno. En 2007 por haber criticado en público el retaso tarifario Roberto Brand fue eyectado de la presidencia de la compañía, tras recibir fuertes presiones oficiales encarnadas en el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Ya en ese momento sonaron varios empresarios locales con guiño oficial para entrar a la empresa –de nuevo Marcelo Mindlin; pero también Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra, y el Banco Macro de Jorge Brito, entre otros-, pero la negativa de British Gas, que controla la mayoría accionaria de la firma, frustró la iniciativa.

Metrogas sigue estando, sin embargo, en la mira de los Kirchner, que quieren exhibir a la distribuidora como un representante más del proceso de argentinización de privatizadas que comenzó con Aerolíneas Argentina e YPF.

La alianza con Mangone

La nueva jugada para erosionar a los inversores ingleses tiene como protagonista estratégico al Sindicato del Gas, que lidera Oscar Mangone, el alfil del Ministerio de Planificación en la compañía. Los trabajadores poseen un 10% de Metrogas con un Programa de Propiedad Participada (PPP). Pero la cesión efectiva de ese porcentaje nunca se concretó a raíz de una deuda que los propios operarios mantienen con el Estado.

“Nunca terminamos de pagar el PPP porque la empresa dejó de otorgar dividendos desde 2001”, explicó Pablo Blanco, secretario institucional del Sindicato, a LPO. La mora asciende a 14 millones de pesos, que valuados en acciones Clase C, representan un 2% de la empresa.

Ese rojo impidió que en 2008 los trabajadores vendieran su parte a un inversor representado por el Bank of America. “Precisábamos que el Estado levante la prenda sobre la deuda del PPP. A fines de 2008 logramos el aval del Ministerio de Economía, pero luego la crisis financiera echó por tierra la operación”, detalló Blanco.

Ahora la estrategia K consiste en que los trabajadores le cedan al Gobierno lo adeudado (el 2% de la compañía) a cambio de poder vender el resto de sus acciones (convertidas en clase B), que también podría quedar a manos del Ejecutivo.

Eso es lo que propone un proyecto de ley girado por diputados oficialistas giraron a varias comisiones de la Cámara Baja (Energía, Trabajo y Economía). Aunque todavía no hay plazos para su tratamiento, en el Sindicato del Gas confían en obtener un desenlace positivo antes de fin de año.

Sospechas

La operación ya generó repercusiones en el sector energético. “Si el Sindicato del Gas decide vender es porque existe un comprador que cuenta con el aval kirchnerista para entrar al negocio y precisa de una masa crítica de acciones para controlar la compañía”, se apresuraron a inferir desde una distribuidora.

“Kirchner no va se va a desprender de su herramienta de presión política en la compañía, el sindicato, a no ser que tenga un jugador interesado en el negocio”, agregaron.

El 70% de Metrogas es de la sociedad Gas Argentino, que pertenece a British Gas (54,67%) e YPF (45,33%). El 20% cotiza en la Bolsa y el 10% restante es de los trabajadores por medio del PPP.

La relación de la petrolera de Repsol y la familia Eskenazi con British Gas está partida. Por eso, en el sector se especula con un presunto interés de su parte para pasar a manejar la empresa con al aval del Sindicato del Gas. Desde YPF prefirieron no realizar comentarios sobre las versiones.

Lo cierto es que de concretarse la cesión del 2% de las acciones del PPP al Estado, la administración de Cristina Fernández de Kirchner pasaría a controlar un 9% de Metrogas. Ya dispone de un 7% a través de la Anses, que heredó la deuda que la distribuidora había tomado con las AFJP. Y podría elevar su presencia hasta el 17% si se queda con toda la participación de los trabajadores.

Desde el Sindicato, por el momento, prefieren bajarle decibeles a esa posibilidad. “Con la empresa en default no es el mejor escenario para vender”, analiza Blanco. Pero por las dudas en le mercado señalan al Banco Macro como un posible estructurador de la operación bursátil.

En zona de riesgo

La situación financiera de Metrogas es apremiante. Según el balance presentado abril a la CNV, su pasivo actual asciende hasta los 1268,61 millones de pesos, 1,5 veces más que su patrimonio neto, que es de 882,52 millones.

El déficit seguirá acumulándose en este trimestre por el congelamiento tarifario que se mantiene invariable desde 2002. La inglesa busca cobrar un juicio internacional por u$s 200 millones contra la Argentina en el Tribunal Uncitral de la ONU (que ganó, aunque el Estado argentino lo apeló); un punto que elimina cualquier posibilidad de recomponer el valor de las facturas (algo que sí consiguió Gas BAN).

Mientras tanto, Antonio Gómez, el interventor designado por el Gobierno en Metrogas, continúa revisando los estados contables de la distribuidora con la misión oficial de saber si existe suficiente dinero para pagar las deudas que provocaron el default. Pero su verdadera labor sería establecer un precio para negociar la salida de British Gas de la compañía.

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