GOBIERNO APUNTA A DIVIDIR A LOS MÉDICOS PARA DEBILITAR LA PROTESTA

Insólitamente en el parte de asistencia de ayer figura el Dr. Oscar Ruiz, entre otros, como no adherido a la medida de fuerza. Además denunciaron que el Gobierno insiste con descuentos ilegales, y anunciaron la instrumentación de medidas administrativas y legales al respecto.
Un 85% de los profesionales del hospital de Río Grande adhieren a la medida de fuerza por 72 horas desde ayer y hasta mañana, dispuesta por la asamblea de la Asociación que los nuclea en la continuidad del reclamo por la restitución de ítems salariales de responsabilidad profesional.

El porcentaje surge dejando fuera del cálculo a los profesionales que no pueden efectuar la medida por encontrarse de guardia, de franco de guardia o de licencia. En el resto del plantel de profesionales que puede optar por trabajar o parar, la medida tuvo un alcance del 85% de efectividad.

Así lo anunciaron esta mañana en conferencia de prensa las autoridades de la Asociación de Profesionales del Hospital Regional Río Grande, quienes además denunciaron al Gobierno Provincial por "la actitud que han tenido ayer, han fraguado los partes de asistencia", según informó el Dr. Oscar Ruiz, quien además agregó que "de hecho yo figuro como que ayer trabajé y si alguien piensa que lo estuve, está equivocado" indicó.

Tras señalar a las autoridades provinciales como responsables de la situación, agregó que "no solo a mí sino que varios profesionales que estuvieron adheridos figuraron en el parte como trabajando", y evaluó la actitud del Ejecutivo como "medidas para boicotear, chicanear y generar mayor irritación en el sector".

Además cuestionaron los nuevos descuentos en los haberes de este mes "donde son menos profesionales los que sufrieron descuentos que en el paro anterior con importes mucho más altos y eso muestra una nueva modalidad de repetir los descuentos indiscriminados, injustificados y selectivos. No es casual que hayan decidido descontarle a la gente que ha votado y está apoyando esta medida de fuerza" apreció el Dr. Jorge Carmasi, presidente de la Asociación.

"El Dr. Ruiz recibió el descuento en el sueldo del mes pasado y yo no, lo que demuestra que son indiscriminados y arbitrarios como la confección de los partes que obviamente arrojan para el Gobierno un porcentaje de acatamiento inferior al que realmente se ha producido" agregó al respecto.

Pero además, se volvió a alertar sobre la ilegalidad de los descuentos decididos en forma indiscriminada: "En el marco conciliatorio en el Ministerio de Trabajo -explicó Ruiz-, la voz oficial reconoció que eran ilegales. Todo el mundo sabe que las novedades para confeccionar las boletas de sueldo se hacen hasta el 16 de cada mes para las boletas de los meses subsiguientes. El 16 estábamos en pleno acto conciliatorio y estaban gestando estos descuentos que no vinieron en boleta complementaria sino en la boleta del sueldo, es decir estaban presentando comos novedades en medio de la conciliación los descuentos, que insisto han sido reconocidos en el Ministerio como ilegales".

A ese respecto, los galenos informaron que se instrumentaron recursos administrativos y presentaciones legales denunciando esta situación, pero buscando la forma de "no tener que ir sobre el Estado sino sobre el funcionario responsable, porque es muy fácil para un funcionario cometer estas arbitrariedades en un marco de ilegalidad y después ‘papá Estado’ tiene que salir a responder. Estamos buscando la vuelta para que responda el funcionario responsable, quien haya firmado y pasado estas novedades, puede ser la Ministra, la Gobernadora o es muy probable que sea en un nivel más abajo, a nivel de Subsecretaría" confirmó el facultativo.

Éxodo de profesionales

En tanto, insistieron en el dato de que hasta el momento en el Hospital de Río Grande son siete los profesionales que renunciaron a sus funciones. "Son profesionales altamente capacitados, de ninguna manera irremplazables pero con estas condiciones laborales dudamos que puedan ser remplazados por profesionales con la misma capacitación" alertó Ruiz. "El Gobierno llama y convoca a profesionales que van a venir y demás, pero concretamente en las tres convocatorias no han aparecido profesionales con capacitación postgrado. Sí se inscribe gente que no ha hecho residencia, que no tiene especialización definida, algo que para un sistema de salud cerrado como éste no sirve. Venir a Tierra del Fuego a capacitarse no hay casuística para eso, esa es la eterna diferencia que marcamos. Y buscar la solución a esto es un verdadero problema de Estado porque la atención en Salud la están resintiendo en forma casi macabra".

Propuestas rechazadas

Los integrantes de APHRRG revelaron que entre las ofertas verbalizadas por funcionarios provinciales se planteó un cambio en el sistema de salud cerrado. Al respecto Carmasi dijo: "En la Constitución y en la modalidad de trabajo de la Asociación no está contemplada la posibilidad de un sistema abierto. Seguimos bregando por un sistema tal cual está, donde el compromiso profesional está asumido y se ve en la actividad diaria, pero quien no está asumiendo el compromiso del sistema de salud que tiene, es el Estado Provincial. No lo vamos a permitir", afirmó enfáticamente recordando además que quienes están conduciendo hoy la Salud fueron "acérrimos defensores del sistema durante toda su gestión de perfil gremialista", por lo que calificó como "muy extraño esperar del Ejecutivo la propuesta del cambio de sistema sea seria y no sea una chicana más para diferir y alargar las negociaciones".

Otra propuesta verbal que se hizo fue canjear el conflicto por reducción horaria: "Lo rechazamos de plano -aclaró Ruiz- porque hoy somos menos profesionales que cuando esta comunidad tenía 45 mil habitantes y ya no damos a basto. Si aceptáramos una reducción horaria estaríamos siendo cómplices de este Gobierno en seguir resintiendo la atención de Salud".

Continuidad del reclamo

Finalmente, remarcaron que es muy probable que el plan de lucha continúe con un quite de colaboración en forma permanente, "donde desde ya le avisamos a la población que va a haber problemas, no para la atención de la Salud sino para la parte administrativa. Por ejemplo es muy posible que se hagan recetas sin contemplar el tema de las obras sociales, o que los certificados a los que estamos obligados legalmente a hacer son el de nacimiento y el de defunción y vamos a agregar los que tengan una razón terapéutica, pero el resto de los actos administrativos no se van a hacer". No obstante reiteró que "el acto profesional va a estar garantizado, la parte administrativa de ninguna manera".

Por otro lado, calificaron como "muy difícil dialogar con un Gobierno que tiene todas las puertas total y absolutamente cerradas. No tienen ningún interés en solucionar absolutamente nada y poco les interesa la salud de los habitantes de Tierra del Fuego".

Asimismo se convocaron a "seguir presionando y tratar de involucrar a la comunidad en esto, que la comunidad entienda que esto no solamente va en detrimento del salario del trabajador de la salud sino que en forma directa va en detrimento de la salud de la población, que no está garantizada por el Gobierno y sí está garantizada por la Constitución" tal como se explayara el Dr. Carmasi.

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