El Gobierno apuesta todo al Senado

El bloque oficialista tendría asegurado los votos para mantener retenciones y limitar los superpoderes ante una oposición sin fuerza
El kirchnerismo se apresta a dar esta semana una demostración de fuerza a poco más de un mes de haber perdido las elecciones legislativas de medio término. Casi sin fisuras en sus propias filas y con el aporte de aliados provinciales, convertirá en ley este jueves la prórroga por un año de más de 1900 leyes que delegaron facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, entre ellas el artículo del Código Aduanero que le permite a la Casa Rosada imponer retenciones a las exportaciones de granos.

En la misma sesión, el oficialismo impondrá su todavía aplastante mayoría -el recambio legislativo ocurrirá recién el 10 de diciembre- para aprobar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que limita al 5% a la facultad de éste para reasignar partidas del Presupuesto nacional. Así, quedará listo para su debate en la Cámara baja.

Ambas iniciativas son rechazadas por la oposición en pleno, pero, a diferencia de lo ocurrido en julio del año pasado, cuando el kirchnerismo perdió su primera votación en cinco años de gestión y hundió el proyecto de retenciones móviles, en este caso el oficialismo no parece presentar demasiadas grietas que permitan aventurar un segundo traspié legislativo oficialista.

Las razones de este alineamiento con la Casa Rosada deben buscarse en que ninguno de estos proyectos ha provocado el mismo malestar social que generó el año pasado la porfía por las retenciones. Así lo admitió, la semana pasada, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, cuando aceptó que, a diferencia de 2008, en este caso, no había el clima de efervescencia que se vivió en aquellos meses que desembocaron en el voto de desempate del vicepresidente Julio César Cobos.

Esa falta de clima político contrario a la Casa Rosada también operará para complicarles a las entidades rurales de la Comisión de Enlace su anunciado intento de revertir voluntades "senador por senador", tal como hicieron con las retenciones móviles.

En este escenario, el bloque oficialista que comanda el rionegrino Miguel Pichetto tendría asegurado por lo menos 38 votos propios para aprobar la prórroga del paquete de leyes que delegaron facultades en el Poder Ejecutivo en más de 140 años de historia institucional argentina, a los que habría que sumar al menos dos aliados. La única duda, por el momento, es la chaqueña Elena Corregido, que hace dos semanas apoyó el intento frustrado de la oposición por derogar el tarifazo del gas.

La denominada legislación delegada es un paquete de por lo menos 1900 leyes por las que el Congreso derivó en el Poder Ejecutivo la prerrogativa de aplicar cierto tipo de medidas. Ese edificio normativo debió haber sido revisado antes del 24 de agosto de 1999, plazo que impusieron los constituyentes de 1994 cuando reformaron la Constitución Nacional.

Pero esa tarea no se llevó a cabo a tiempo, razón por la cual el Congreso votó una nueva prórroga por tres años. Lo concreto es que, por diversas razones, el trabajo de revisión nunca se hizo, lo que obligó a nuevas y sucesivas extensiones en 2004 y en 2006.

Carrera contra el tiempo

Ahora, el tiempo apremia al Gobierno y al oficialismo, ya que el nuevo plazo vence el 24 del corriente. La semana pasada, el kirchnerismo logró imponer su mayoría y con aliados aprobó una nueva extensión, en este caso, por un año más, aunque con algunas modificaciones que hicieron digerible el proyecto para la "centroizquierda progresista".

La zanahoria más atractiva para esos sectores fue el plazo y la eliminación de la subdelegación en funcionarios de menor rango. Por los próximos 370 días, sólo la Presidenta y el jefe de Gabinete podrán usar esas prerrogativas.

El de la legislación delegada siempre fue un debate institucional olvidado por casi todo el mundo (el Gobierno, legisladores y la prensa), pero este año cobró relevancia por el hecho de que entre las normas que podrían caer si no son prorrogadas se encuentra el artículo 755 del Código Aduanero. Es, en definitiva, el que le permite al Gobierno establecer las alícuotas de los derechos de exportación, tan cuestionadas por la Comisión de Enlace rural y la oposición.

El otro proyecto que tratará el jueves el Senado es la modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera para limitar al 5% la capacidad del Poder Ejecutivo de modificar partidas presupuestarias sin la aprobación del Congreso, tal como lo establece la Constitución.

Se trata de los denominados "superpoderes". Para la oposición, la limitación anunciada por Cristina Kirchner "es una farsa", ya que excluye de ella a las obligaciones a cargo del Tesoro, un ítem que le permite a la Casa Rosada manejar $ 15.900 millones con total discreción.

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