El Gobierno apeló la prohibición de cortar la luz por no pagar el aumento.

Presentó un recurso judicial a través del Ministerio de Planificación. Un amparo había ordenado a Edenor, Edesur y Edelap que no suspendieran el suministro a quienes no pudieran pagar las facturas con las nuevas tarifas. Hubo ajustes de más del 300%.
A través de un recurso presentado por el Ministerio de Planificación, el Gobierno apeló esta tarde el amparo dictado por una jueza de primera instancia, que prohíbe a Edenor, Edelap y Edesur cortar la luz a los usuarios que no paguen el aumento que les llegó con las últimas facturas.

"El Ministerio informó a la jueza que, en la resolución que quitó los subsidios, se dejó establecido que aquellos hogares que se encuentren en alguna de las situaciones de excepción previstas, como no poseer agua de red o gas natural, continuarán abonando las tarifas anteriores", precisaron voceros de la cartera que dirige Julio De Vido.

"Apelamos sobre todo porque es facultad del Poder Ejecutivo otorgar y quitar subsidios. Está claro que se trata de quitar a quienes consumían más, que por lógica son los que tienen más poder adquisitivo. No consideramos lógico ni justo que el Gobierno Nacional, a través del presupuesto que pagan todos los argentinos, estuviera subsidiando este consumo", dijo De Vido en un acto en Zárate.

Al recortar los subsidios que mantuvo y aumentó durante años para mantener "pisadas" las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno les ordenó a las proveedoras de electricidad un fuerte aumento en las tarifas para los usuarios que consuman más de 1.000 kilowatss mensuales. A quienes no pagaran los aumentos, que en algunos casos superaron el 300%, les podían cortar la luz.

Pero la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un amparo y, esta semana, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 9, a cargo de la jueza subrogante Cecilia De Negre, les prohibió a las distribuidoras interrumpir el suministro "hasta tanto recaiga sentencia definitiva" en el reclamo, también de la Defensoría, de anular los incrementos.

El pedido de la Defensoría y la decisión de la Justicia no hacen referencia al total de las facturas sino sólo a la parte correspondiente al incremento.

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