El gobierno apeló por que el monto otorgado “es excesivo”

El volumen que había dispuesto el juez federal que se pautara en Radio Pampeana no se condice con la publicidad que se coloca en otras emisoras de la ciudad. El gobierno dice que avisa en LU 33.
El gobierno provincial apeló la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Santa Rosa que ordenaba pautar publicidad por $54.490 mensuales en LU33, y expresó en su presentación que “nunca dejó de pautar” en la emisora.

La presentación la hizo ayer pasado el mediodía el fiscal de Estado Alejandro Vanini, en su calidad de representante del Estado provincial.

El argumento gubernamental es que la cifra que el juez Pedro Zabala ordenaba depositar en un plazo de dos días “representa un 175% más de lo que se pauta y paga en todas las radios de Santa Rosa juntas”, explicó ayer al ser consultado el director de Prensa de Casa de Gobierno, Bruno Cazenave. “El criterio que se usa es el de medición de audiencia que ubica primero a Radio Noticias y después a LU 33”, amplió el funcionario.

En la presentación Vanini habría dejado en claro además que la que se presentaba era Roxana Bailo, en su calidad de locutora de Power 103 y asesora de programación de LU 33. “Ella no tenía poder para pedir la medida cautelar, a la vez que representa a terceros y otros que están aptos para presentarse por sí mismo”, razonó.

Por otra parte Cazenave señaló que “el gobierno provincial nunca dejó de poner publicidad en LU 33. Actualmente hay publicidad del gobierno en la radio que se pautó a principios de año, y que se hace con un criterio de audiencias”.

Riesgo empresario.

Además la fuente quiso dejar en claro que “LU 33 está concursada desde el 13 de febrero de 2003, y no tiene nada que ver el gobierno con la situación de los empleados” que en más de una oportunidad ven demorados el pago de sus salarios. “Obviamente el riesgo empresario es de los titulares de la emisora”, enfatizó.

Por último Vanini habría expresado en su presentación apelando la medida cautelar que Radio Pampeana pretendía “una equiparación con los medios gráficos, que no tiene nada que ver porque son pautas distintas. Por ejemplos las licitaciones se tienen que hacer por ese medio, así que no hay equiparación posible”, sostuvo.

Ayer el ánimo de los trabajadores de las dos radios –LU y Power– era de aflicción, porque habían creído que la medida cautelar dictada por Zabala podría servir para que, al fin, comenzaran a percibir sus haberes en tiempo y forma. “Hasta ahora sólo nos depositaron la mitad del sueldo de octubre y creíamos que la medida no era apelable y que el gobierno sí o sí iba a tener que depositar el dinero”, dijo ayer uno de ellos.

Cabe recordar que Roxana Bailo, la trabajadora que se presentó ante la Justicia para pedir la medida cautelar, fue asesorada legalmente por la abogada, Julia Catena, precisamente hija del empresario mendocino César Catena, quien si bien no aparece en la documentación como propietario es la cara visible de la sociedad anónima.

El personal de las dos emisoras está desde hace un tiempo en “estado de alerta y movilización”, y ahora tendrán que volver a realizar el reclamo de sus haberes en Relaciones Laborales. Ayer, sin dudas, recibieron una muy mala noticia.

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