Gobierno apelará la sentencia que ordenó pagar el REPAS

Tal lo hiciera a mediados de 2007, el Poder Ejecutivo provincial volvería a apelar el fallo judicial dictado el pasado 16 de septiembre que declaró constitucional la ley 621 y ordenó pagar el REPAS.
Tras el anuncio, la gobernadora Fabiana Ríos precisó que el Gobierno se había anoticiado de la sentencia por "los medios", ya que hasta el jueves pasado aún no había sido "notificado formalmente" de la decisión adoptada por la jueza Adriana Rapossi, en su carácter de subrogante del juzgado laboral. "En principio esperaremos a ser notificados, veremos los fundamentos y por tratarse de un fallo de primera instancia seguramente será apelado", precisó.

Tal lo hiciera a mediados de 2007, el Poder Ejecutivo provincial volvería a apelar el fallo judicial dictado el pasado 16 de septiembre que declaró constitucional la ley 621 y ordenó pagar el REPAS. El anuncio lo formuló la gobernadora Fabiana Ríos el viernes de la semana pasada.

Entrevistada por Radio Fundación Austral, la mandataria precisó que el Gobierno se había anoticiado de la sentencia por "los medios" ya que hasta el jueves pasado aún no había sido "notificado formalmente" de la decisión adoptada por la jueza Adriana Rapossi, en su carácter de subrogante del juzgado laboral. "En principio esperaremos a ser notificados, veremos los fundamentos y por tratarse de un fallo de primera instancia seguramente será apelado", precisó Ríos.

La sentencia en cuestión viene a ratificar, en lo sustancial, la que fuera dispuesta en abril de 2007 por el juez Laboral de Ushuaia, Guillermo Penza, en la que se había condenado al Gobierno a pagar "las diferencias resultantes" entre la escala prevista en los decretos 761 de 2006 y 407 de 2004.

Este fallo había sido objeto de apelación por parte de la Fiscalía de Estado, en el entendimiento de que lo actuado por el Juez Penza debía ser declarado nulo porque el magistrado no se había expidió sobre un planteo de inconstitucionalidad de la ley 621 efectuado por el órgano de control.

Este planteo había sido receptado favorablemente por la Sala Civil de la Cámara reapelaciones, la que el año pasado declaró la nulidad de la sentencia y remitió las actuaciones al juzgado de primera instancia del Trabajo para que dicte un nuevo pronunciamiento. La responsabilidad recayó, por subrogancia, en la jueza de Competencia Ampliada, Adriana Rapossi.

Tal lo indicado por la Cámara, la jueza avanzó sobre el planteo de inconstitucionalidad de la ley 621. Sobre el particular consideró que con el dictado de la norma cuestionada, la Legislatura no avanzó sobre la "zona de reserva del Poder Ejecutivo" en cuanto a su facultad de fijar la escala salarial del personal bajo su órbita de dependencia.

Sostiene este criterio al interpretar que mediante la ley 621 no se "crea ninguna carga salarial, no crea un ítem salarial ni restituye el adicional REPAS", sino que se "refuerza el derecho a mantener la intangibilidad de las remuneraciones de los agentes públicos" que en los hechos se habían visto reducidos durante la gestión Colazo "sin declaración de emergencia o motivación adecuada a un interés general superior".

Definida esta cuestión, la jueza avanza sobre el reclamo concreto vinculado al incumplimiento por parte del Ejecutivo de la ley que había sido sancionada en marzo de 2004 y concluye que el Gobierno incumplió con la norma, y que lo tanto debe pagar lo adeudado a los agentes públicos.

La apelación anunciada por la Gobernadora podría referir a la reclamada, y rechazada por el juzgado de primera instancia, inconstitucionalidad de la ley 621 o bien a cuestionar el monto que la Justicia ordenó liquidar a favor de los empleados públicos.

Cualquiera sea el camino elegido, la apelación implicará una revisión de las posturas sustentadas por el hoy partido gobernante cuando era oposición.

En marzo de 2004, al aprobarse la ley que restableció la vigencia del suplemento REPAS, el legislador arista Manuel Raimbault había asegurado que con esa norma no se avanzaba sobre las facultades del Poder Ejecutivo en materia de fijación de las remuneraciones de sus agentes, ya que aquellas no son "exclusivas y excluyentes" del poder administrador. Es más, enmarcó la mencionada ley en la "protección del salario" al precisar que "lo que estamos tratando no es un aumento de sueldo. Lo que estamos tratando de hacer es intentar un ítem, en este caso por un índice fijo de ciento cincuenta pesos, que está destinado a paliar pérdida del poder adquisitivo del salario".

"Si al 30 los fondos no están, el convenio estará caduco"

La gobernadora Fabiana Ríos aseguró que si al 30 de septiembre no se encuentran depositados los cerca de 28 millones de dólares que la empresa Tierra del Fuego Energía y Química tiene que pagarle a la Provincia por la primera cuota de la compra anticipada de gas de regalías, "el convenio estará caduco".

La mandataria reconoció que al día de hoy el contrato en cuestión "tiene los plazos vencidos" y que para subsanar esa circunstancia se solicitó a la Legislatura "la extensión del plazo" de pago, sobre la que todavía no hubo definición parlamentaria alguna.

Esta situación guarda mucha similitud con la registrada el 30 de abril pasado, fecha en la que venció el plazo de pago establecido en la ley 774. En aquél entonces, el Poder Ejecutivo, lejos de considerar que ese incumplimiento daba por caduco el contrato, remitió al Parlamento una nota en la que la empresa solicitaba prorrogar la fecha de cumplimiento de esa obligación hasta el 30 de junio que a entender del Ejecutivo se encontraba justificaba en razones de fuerza mayor.

La Legislatura nunca fijó postura sobre el particular, por lo que el Gobierno –a pesar de la opinión en contrario sustentada por el Tribunal de Cuentas– interpretó que el contrato de venta de gas de regalías seguía estando operativo. Tal vez la nueva postura sustentada por el Ejecutivo tenga que ver con el anuncio de que la empresa estría concretando el depósito durante esta semana.

Ante el silencio legislativo sobre esta nueva prórroga, dijo que es si es rechazada el Parlamento "estará diciendo que los 100 millones de pesos hay que devolverlos, que no los necesitamos… en un momento en que no hay financiamiento nacional e internacional. Es decir, en esto cada uno deberá asumir la responsabilidad política que le toca", apunto. Desde las bancadas legislativas de oposición se ha indicado que no ha existido de parte del Ejecutivo un pedido concreto para modificar la fecha de pago de esa obligación por parte de TFEQ, por lo que mal pueden expedirse sobre la cuestión.

En cuanto a campaña de recolección de firmas apuntada a presentar un proyecto de ley para que la Legislatura rechace esa prórroga, y la presentación realizada el jueves pasado ante la Fiscalía de Estado– por parte de los ex diputado y ex legislador justicialistas Omar Becerra y Jorge López– para que efectúe una presentación Judicial "denunciando y dando por concluido el contrato por incumplimiento de la Ley Provincial 774; solicite como medida cautelar la prohibición de ingresos al Gobierno de la Provincia en concepto de cancelación del anticipo que caducó el pasado 30 de Abril de 2009, y paralelamente solicite la nulidad de todo lo actuado por parte del Gobierno de la Provincia en cuanto a la contratación referida efectuada al margen de lo dispuesto por la Ley 774", la Gobernadora interpretó que se está ante el legítimo uso de derechos por parte de "gente que legítimamente tiene dudas, porque es un tema muy técnico donde se ha visto a lo largo de este tiempo mucho ruido y donde hay cuestiones que efectivamente no sea han cumplido en tiempo y forma, y eso también ha generado dudas". A pesar de ello, consideró que estos cuestionamientos –o ataques, como los calificó– no son "buenos para la legada de inversiones" a la Provincia.

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