Mediante el decreto 2129/2014, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández y todos los miembros del Gabinete Nacional, se dispone las modificaciones del Presupuesto 2014 que en total implican gasto en distintas partidas por más de $ 140 mil millones, aunque el Gobierno imputa en la planilla de reasignación de recursos e ingresos financieros y tributarios por más de $ 80 mil millones.Además, el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial prolongó hasta el 30 de junio de 2015 el régimen de saneamiento financiero con las provincias.Desde sectores de la oposición y economistas críticos con el Gobierno nacional, se suele criticar que la ampliación del gasto público puede traer como principal consecuencia un aumento en la inflación. Desde los think tank más cercanos al Gobierno defendieron el aumento del gasto público para favorecer “a sectores asalariados es una buena noticia”. Daniel Carbonetto, del Centro de Estudios para la Patria Grande, dijo a BAE Negocios que “carece de sustento afirmar que la inyección de gasto público se traducirá en inflación, teniendo en cuenta que hay sectores productivos que están trabajando con una capacidad ociosa del 20%, si fuera un momento de plena producción existiría ese riesgo”, explicó.El análisis realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública afirmó que el decreto “formalizó también un mayor endeudamiento con la colocación de títulos públicos por 30.010,2 millones de pesos (28.277,6 millones en pesos y 1.732,6 millones en moneda extranjera)”.Según otras estimaciones extraoficiales, del total de la masa incluida ayer en el Presupuesto 2014, el incremento de los recursos respecto de lo pautado representa poco más de 18.000 millones de pesos, reasignación de partidas del Tesoro nacional por casi 3.000 millones de pesos y emisión de deuda pública por más de 51.000 millones de pesos.Detalle de gastosEl organismo más beneficiado de la nueva masa de recursos que se agrega al gasto público será la ANSES, con unos 18.400 millones de pesos para afrontar los pagos de juicios previsionales y el ingreso de unos 500.000 jubilados al sistema nacional por la nueva moratoria.En la lista de organismos de la administración pública nacional más beneficiados está el ministerio de Desarrollo Social, con unos 7.352 millones de pesos. Estos fondos cubrirán gastos de los programas de pensiones no contributivas, de seguridad alimentaria y de ingreso social con trabajo.El ministerio de Seguridad, liderado por María Cecilia Rodríguez, recibió unos 5.300 millones de más: 2.159 millones serán destinados a la Policía Federal; 2.024 millones irán a la Gendarmería; 1.114 millones irán a la Prefectura.Por otra parte, el Gobierno decidió destinar unos 9.438 millones de pesos para el pago de vencimientos de deuda pública en esa moneda.Dentro de la mayor partida para las universidades públicas nacionales, figura en primer lugar la UBA ($750 millones), le sigue La Plata ($307,7 millones) y un grupo de “universidades sin discriminar”, con de 253 millones de pesos. La Secretaría de Inteligencia, SIDE, será reforzada en unos 500.000 pesos.