El Gobierno ahora recusó sin causa a Novillo

La tacha apunta a desplazar al camarista en lo Contencioso Administrativo del expediente promovido por los abogados de Concepción. Antes que al vocal de la Sala II, el representante de la Provincia había impugnado, también sin expresar motivos, a Ruiz, de la Sala I, y a Goane, miembro de la Corte.
El Gobierno ha vuelto a recurrir a la estrategia procesal de recusar -sin expresión de causa- a un juez. Esta vez, el destinatario fue Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, precisamente en la causa en la que el Colegio de Abogados del Sur solicitó -con urgencia- el dictado de una medida cautelar que prohíba avanzar con el mecanismo establecido por la cuestionada Ley 8.136. Este posibilita que los poderes políticos designen directamente jueces interinos, sin un mecanismo de selección previo que permita valorar los antecedentes de los postulantes a cubrir cargos en Tribunales.

Novillo es el tercer magistrado al que desplazan -sin expresión de motivos- para evitar que entienda en una causa.

La semana, el Gobierno, en representación de la Provincia, tachó a Salvador Ruiz, de la Sala I de la misma Cámara, que había sido convocado a integrar la Corte Suprema de Justicia para dirimir un empate de criterios con respecto a la procedencia del recurso extraordinario deducido por el Colegio de Abogados de la capital contra la sentencia del 8 de setiembre. Ese día, el alto tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por los letrados y declaró nulas algunas disposiciones de la Constitución reformada en 2006; entre ellas nada menos que la que posibilitaba que el Poder Ejecutivo integrara -discrecionalmente- el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), encargado de la selección de los jueces inferiores. No obstante, los abogados cuestionaron -por medio del recurso- lo resuelto en relación con el Jurado de Enjuiciamiento.

La misma táctica

Antes que a Ruiz, en varios expedientes, también fue recusado -sin expresión de motivos- René Goane, vocal de la Corte que, precisamente, emitió el primer voto en la causa promovida por los letrados de la capital contra la reforma de 2006.

Igualmente, Novillo elaboró el voto -al que se adhirió su par, Carlos Giovanniello- en la histórica sentencia del 5 de febrero, por la que la Sala II, en la causa impulsada por los abogados, se pronunció primero contra disposiciones de la Constitución de 2006. Este criterio, luego, el 8 de setiembre, fue ratificado parcialmente por la Corte Suprema.

En el caso de la recusación contra Novillo, el Gobierno la formuló en el importante expediente abierto como consecuencia de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 8.136, que el miércoles planteó Alejandro Molinuevo, presidente del Colegio de Abogados del Sur. En el mismo escrito, el Gobierno también pidió que se le corriera traslado o que se le pusiera a la vista la demanda.

En estos momentos, hay una batalla contra reloj. El Gobierno apuesta a que el lunes venza el plazo para que los interesados en el sistema de interinatos que prevé la Ley 8.136 se inscriban en el registro que fue habilitado con tal fin. Ayer se anotaron 47 nuevos postulantes.

Mientras tanto, en la Cámara en lo Contencioso Administrativo hay cinco causas abiertas -ya sea por acciones de amparo o de inconstitucionalidad interpuestas- en las que se ha pedido el dictado urgente de una medida cautelar que frene el mecanismo establecido por la polémica Ley 8.136; cuatro de ellas están radicadas en la Sala II y una, en la Sala I.

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