El Gobierno ahora está dispuesto a avalar la reforma constitucional

Si la oposición acepta modificar el artículo 221, Jaque va a promulgar el límite a la reelección de los intendentes. El peso de los 555 mil votos que tuvo el Sí y el acercamiento a la oposición.

La discusión parecía agotada y la iniciativa condenada a muerte. Pero una charla casi informal la reactivó y ahora el Gobierno dice que está dispuesto a promulgar la enmienda constitucional que se votó el 28 de junio para limitar la reelección de los intendentes.

Pero para que ello ocurra, la oposición deberá avalar en la Legislatura la modificación del artículo 221 de la carta magna, que es el que fija las mayorías necesarias para introducir cambios.

La posibilidad surgió cuando el gobernador, Celso Jaque, convocó a los presidentes de los partidos políticos para hablar sobre la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de las obras de agua y cloacas que urgen en la provincia.

Ese domingo a la noche, antes de despedirse, Juan Carlos Jaliff, ex vicegobernador y presidente de Confe, insistió en la necesidad de que el Gobierno avalara el referéndum y pusiera en vigencia la restricción para los jefes comunales a través de un decreto que modifique el artículo 198 vigente.

Esta vez la respuesta fue distinta a las ya escuchadas y del otro lado de la mesa se aceptó el planteo, aunque condicionado a la aprobación de un cambio en el 221, un proyecto que el Gobierno había enviado a la Legislatura en mayo con la intención de incluirlo también en la consulta popular.

El argumento oficial era y es que ese artículo, a partir de la interpretación que hizo la Suprema Corte hace 20 años, es una barrera que impide actualizar la Constitución mendocina. En aquel momento, la proximidad de la elección truncó el debate.

Ahora, surgió esta nueva posibilidad de avanzar contra la eternización en los municipios justo cuando Jaque intenta abrir su gestión al propio peronismo y, al parecer, también a la oposición para contrarrestar la debilidad que padece ya no sólo por el resultado electoral sino por el retiro de apoyo de los intendentes y legisladores de su partido.

El obstáculo

Precisamente, el fundamento que hasta ahora ha tenido el oficialismo para no avanzar con la promulgación del 198 es que el 28 de junio no se consiguieron los votos que, según el fallo de la Corte, son necesarios para avalar cualquier reforma al texto de 1916. Apenas pasada la elección, desde la oposición se insistió en la necesidad de que se consideraran suficientes los votos por el Sí.

Pero la respuesta del Ejecutivo, muy golpeado tras la dura derrota que sufrió el PJ, fue que no quería arriesgarse a un fallo adverso de la Suprema Corte que terminara dejando el tema en la nada. Propuso, a cambio, que se presentara a través de la Fiscalía de Estado "una acción declarativa de certeza" para que el tribunal dijera si se puede promulgar la enmienda.

Lo que se buscaba con esa salida era que la Corte ratificara o rectificara la opinión que emitió en 1989, cuando consideró que en el referéndum de 1987 para reformar la Constitución no se reunieron los votos necesarios que la avalaran por cuanto no eran al menos la mitad más uno de los "electores", entendiendo como tales a la totalidad de los ciudadanos empadronados. Una situación que se repitió esta vez.

El Sí a la propuesta de que los intendentes sólo puedan ser reelectos una vez (es decir que tendrían sólo dos períodos consecutivos) y no indefinidamente, como ocurre ahora, reunió 555.682 votos contra 113.755 por el No. La diferencia es abismal.

Teniendo en cuenta sólo a los que votaron por una de las dos opciones, el Sí representa 83%. Considerando a todos los mendocinos que sufragaron (hubo 245.013 votos en blanco porque muchos olvidaron incluir la boleta de la reforma en el sobre), el porcentaje sigue siendo alto: 60%.

Claro que si se considera a los electores, es decir a todos los que estaban habilitados para votar (1.181.848 personas), el Sí representa 47%. Y ahí está el problema, porque justamente esa interpretación del artículo 221 establece que se necesita la mitad más uno de los empadronados. Faltaron 35.243 votos para alcanzar esa meta.

Lo cierto es que el Gobierno nunca llegó a plantear esa acción de certeza ante la Corte y desde la oposición nunca se creyó en la efectividad de la movida pues consideran que el tribunal no va a desdecirse.

La salida

En el Gobierno dicen que, en los próximos días, tendrán listo un documento para poner a consideración de la oposición parlamentaria que servirá de base para un acuerdo entre todos que permita avanzar en ambos sentidos: "La promulgación del nuevo 198 por parte del Gobernador y, simultáneamente, la aprobación legislativa de una reforma al 221 (que deberá ser avalado en 2011 por la ciudadanía)", como explicó el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.

El funcionario admitió que han tenido en cuenta "la voluntad popular", expresada por la cantidad de votos que obtuvo el Sí, y la "voluntad política" manifestada por los partidos. Cree que el acuerdo, de lograrse, "sería un gesto fuerte desde lo político y podría a la vez servir como base para empezar a discutir una reforma integral de la Constitución, que es a lo que aspiramos nosotros".

Concretamente, el razonamiento en el Ejecutivo es que, si la Legislatura avala una modificación de las mayorías necesarias para una reforma, difícilmente la Corte declare inconstitucional el cambio del 198 por más que un ciudadano lo pida. Desde la oposición van más allá y creen que difícilmente alguien haga un reclamo judicial que significaría oponerse a poner límites a la permanencia de los intendentes en el poder.

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