El Gobierno ahoga a las provincias

Por Adrián Ventura.

Córdoba presentará hoy, ante la Corte Suprema, una demanda contra el Estado nacional por 1220 millones de pesos.

El año último, había sido San Luis la que había demandado al Estado por la coparticipación federal y, en breve, lo hará Santa Fe, porque no recibe lo que le corresponde por la ley del cheque.

¿Cuál es el denominador común de estos reclamos? El ahogo financiero que el Estado impone a las provincias y la subsistencia de un viciado régimen de coparticipación federal. El gobierno central, históricamente, se ocupó de bloquear el federalismo y ser el dueño de la soga que aprieta el cuello de los gobernadores.

El gobernador Juan Schiaretti, alejado del kirchnerismo, sin duda también evaluó el actual escenario electoral y quizá vea un futuro ciclo político donde el kirchnerismo no sea dominante.

Pero el conflicto tiene una perspectiva más profunda: las demandas ponen al desnudo los resortes que el gobierno nacional, cualquiera que sea, tiene a su disposición para beneficiar a las provincias aliadas o para asfixiar a las demás.

Y en esta ocasión, dicen en Córdoba, se cumplió la regla: las relaciones entre la Nación y la provincia se deterioraron en 2008, cuando estalló el conflicto de las retenciones. Y, a pesar del posterior acuerdo de Schiaretti con la presidenta Cristina Kirchner, la situación no se regularizó completamente.

Las dos presentaciones, que cuentan con el patrocinio del fiscal de Estado cordobés, Jorge Córdoba, y del constitucionalista Alberto García Lema, reclaman al Gobierno 1220 millones de pesos:

Una de ellas se refiere al Programa de Asistencia Financiera (PAF), por el cual la Nación, a cambio de un reordenamiento de las economías locales, les transfiere un fondo (Córdoba debe recibir algo más de 600 millones de pesos anuales) mediante remesas mensuales. En realidad, como las provincias mantienen grandes deudas con el Estado central -que éste cobra en forma mensual y automática del dinero que les envía por coparticipación-, esas partidas que reciben por el PAF alivianan parte de esa deuda.

En la segunda demanda, Schiaretti reclama a la Nación unos 1100 millones de pesos por deudas con la caja previsional de la provincia: a partir de un convenio de 2002, la Nación, a través de la Anses, comenzó a hacer pagos a cuenta de una cifra que nunca se definió exactamente. Ahora, el Gobierno acumula atrasos por el período 2003-2006 (550 millones) y, también, por el año 2007 (650 millones).

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Estos mecanismos no sólo son herramientas de auxilio financiero, sino también instrumentos de presión política.

Así como un juez puede convertir una citación a indagatoria en una herramienta política al citar a un candidato opositor pocos días antes de las elecciones, aquellos mecanismos sirven para apretar el cuello de los gobernadores.

Detrás de todo este desorden, hay un denominador común: el gran desorden fiscal. Hace ochenta años el país abandonó el sistema constitucional de recaudación impositiva; en 1994, se convalidó el sistema de coparticipación, un régimen viciado que los políticos no supieron ni quisieron sanear; en 2008, estalló un conflicto con el campo. Pero hoy no es un tema de campaña. Nadie le presta atención.

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