El Gobierno promete mejorar los protocolos y procedimientos que deben aplicarse en situaciones de maltrato infantil y donde esté en riesgo la integrdad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes. Por eso el gobernador Francisco Pérez firmó un decreto para poner a revisión organigramas, protocolos y manuales de procedimientos.

Fue el ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassin, quien leyó el decreto que aún no ha sido publicado, pero evitó dar demasiadas precisiones y ahondar en los detalles sobre los cambios que el Gobierno estima necesarios para reducir al mínimo las posibilidades de que se repitan casos tan dramáticos y conmocionantes como el de Luciana Rodríguez, la nena de tres años que falleció víctima del maltrato de su padrastro, y sobre el que hoy se admitieron "fallas en el sistema".

Conferencia de prensa,Cristian Bassin

Cristian Bassin, ministro de Desarrollo Social.

"Nos damos un plazo de 90 días para que nos permita resolver esta situación", fue lo poco que expresó Bassin sobre los cambios que se están ordenando desde la Gobernación.

Entre otras cosas, el decreto argumenta "la necesidad de revisar el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de reforzar aquellos ámbitos de gestión administrativos que lo requieran". Por eso, se establece implementar en ese período "acuerdos y compromisos de gestión con los niveles de gobierno nacional, municipal y los distintos poderes del estado y organizaciones de la sociedad civil". Esto, en el caso concreto de Luciana no se logró, teniendo en cuenta que desde los Municipios de Capital y Guaymallén advertían el riesgo de que la nena volviera a la casa compartida con su padrastro.

Por otra parte, el escrito que lleva la orden de Pérez reconoce la necesidad de "contar con herramientas ágiles que faciliten los procedimientos, tramitación y resoluciones efectivas y eficaces de las diferentes situaciones".

Otro de los aspectos que determina es exceptuar de la restricción de gastos para la compra de bienes y contrataciones, uno de los reclamos de los gremios que argumentaban falta de movilidad de los trabajadores sociales y denunciaban que muchos estaban contratados, por eso se dispuso el pase a planta de 53 agentes.

Además, se podrá disponer la afectación de personal de la administración central y organismos descentralizados para reforzar el trabajo del área. Es que el dato es alarmante: durante 2013 se recibieron 27.600 denuncias de casos de maltrato infantil, que pueden ser abordadas en territorio con una cantidad de apenas 153 operadores en toda la provincia.

"Vamos a trabajar sobre recursos humanos, recursos materiales y dispositivos de sistema para hacer eficiente el trabajo", señaló Eduardo Ruiz, jefe de Gabinete de Desarrollo Social.

Conferencia de prensa,Cristian Bassin

Eduardo Ruiz, jefe de Gabinete de Desarrollo Social.

"El sistema falló. Lamentablemente falló de esta manera, por un conjunto de actores. Cada actor, municipio, la justicia y el gobierno de Mendoza tiene que asumir su rol", agregó Ruíz al reconocer que la firma de este decreto es parte de las repercusiones del aberrante crimen de Luciana.

En tanto, desde Desarrollo Social advierten la necesidad de impulsar una ley provincial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que actualmente rige la 26.061, nacional. Por eso, "mañana a la Legislatura se va a plantear la necesidad de una Ley", dijo Ruiz. Pero además, en la Casa de las Leyes los funcionarios deberán explicar cómo funcionó el sistema en el caso Luciana.