El Gobierno acusó a Vila y Manzano de extorsionarlo

El Gobierno acusó a Vila y Manzano de extorsionarlo
El secretario general de la Gobernación dijo que el Gobernador y él han soportado presiones de los empresarios por el decreto que regula a los casinos de hoteles y otras decisiones oficiales. Fue durante su declaración ante la Cámara de Diputados.
El secretario general de la Gobernación y principal hombre de Celso Jaque estuvo ayer en la Legislatura y desató una tormenta política de consecuencias imprevisibles. En medio de una interpelación por un decreto referido a las salas de juego de los hoteles, aseguró que el Gobierno ha soportado "una presión, una extorsión por parte de (los empresarios) José Luis Manzano y de Daniel Vila" por esa regulación.

El ministro fue por más y -después- definió a la extorsión como un delito tipificado en el Código Penal que significa una "amenaza que provoca un temor real en el destinatario".

El funcionario fue citado por la Cámara de Diputados el mes pasado, cuando el diputado Ricardo Puga denunció "connivencia" entre el Gobierno y el grupo que maneja el casino del hotel Sheraton (Enjoy) al conocerse un decreto (N° 2.595/09) que reglamenta la superficie admitida en los hoteles para destinar a sala de juegos, algo regulado por la ley 5.775.

Puga pidió originalmente citar a Cazabán para que diera explicaciones en las comisiones correspondientes, pero el oficialismo sorprendió y aceptó que fuese interpelado en el recinto por toda la cámara.

A las 13 de ayer, el hombre de mayor peso del Gobierno se sentó para exponer en el recinto, de cara a la presidencia y de espaldas a las bancas de los legisladores. A su lado estaban el secretario Legal y Técnico del Gobierno, Fernando Simón, y Daniel Pereyra, presidente del Instituto de Juegos y Casinos y también hombre de extrema confianza de Jaque.

Casi desde que comenzó la exposición -que duró cinco horas- Cazabán insinuó la existencia de grupos interesados en el negocio del juego. "No escapa a nadie que es algo de interés público pero también de sectores económicos que están empeñados en entorpecer la normativa dictada por esta Legislatura", fue una de las primeras piedras que lanzó. Más adelante, agregó que la "decisión de este Gobierno es no acceder a la privatización del Instituto de Juegos y Casinos como muchos pretenden".

Estos dichos motivaron la intervención del presidente del bloque de Confe, Andrés Marín, quien se encargó de terminar con el misterio y pidió que el funcionario les pusiera nombre y apellido a los grupos de poder que mencionaba y que estaban interesados en que se privatizara el negocio del juego en Mendoza. "Es una formulación grave y sería bueno que lo aclarara", se animó Marín, sin esperar la respuesta que venía.

El ministro concedió que allí no se estaba discutiendo el reglamento en sí sino que "desde 2008 se están impugnando otros proyectos que quieren existir". Entonces, mencionó a Manzano (ex legislador nacional del peronismo y ministro de Carlos Menem) y su socio Vila como responsables de estas acciones.

"Ellos tienen intereses no sólo en esta materia sino también en los servicios públicos", dijo y agregó que la amenaza surgió el mismo día que los representantes del Estado en el directorio de Edemsa se negaron a aprobar que la empresa tomara un empréstito por 60 millones de pesos.

Los empresarios señalados integran la sociedad que es accionista mayoritaria de la distribuidora de electricidad, además de poseer me-

dios de comunicación, emprendimientos inmobiliarios y parte del Hospital Italiano, tener una participación pequeña en Obras Sanitarias y haberse adjudicado el año pasado la concesión de siete áreas petroleras. Si bien Cazabán no lo mencionó en su declaración, en el Gobierno en off the récord aseguran que tienen intereses en el casino del hotel Hyatt y hasta en las máquinas tragamonedas del propio casino oficial.

"Nos dijeron que nos iban a hacer cinco denuncias. Ya hicieron dos. Que sigan viniendo", desafió Cazabán, quien no dudó en hacerse cargo de cada una de sus palabras. Claro que ayer, al estar sometido a una interpelación legislativa, gozaba de "inmunidad de opinión", por lo que no puede ser demandado por sus dichos en el recinto; por esto también no quiso repetir su acusación contra los empresarios durante la conferencia de prensa posterior.

Las denuncias judiciales a las que se refirió fueron realizadas en torno al decreto que regula las salas de juego. La primera fue por desobedecer una medida cautelar de la Justicia Federal y la segunda la habría concretado Puga en los tribunales provinciales por desconfiar de los intereses que originaron el decreto 2.595/09.

La pregunta que surgió inmediatamente fue por qué el Ejecutivo no había realizado la denuncia por extorsión ante la Justicia. Cazabán prefirió no responder concretamente, pero aseguró que en términos políticos esas presiones no surtieron efecto y que, por el contrario, les indicaron que "estaban en el camino correcto". Agregó que tanto él como el Gobernador han iniciado los pasos judiciales por el ataque a su honor. "Hay una Mendoza distinta que no pertenece a un grupo económico", resumió.

Pasado el primer impacto, Puga contraatacó y le recordó a Cazabán que fue "abogado de Edemsa cuando Omar Álvarez (actualmente fuera del negocio), Vila y Manzano estaban en el directorio". Además achacó al ministro que en su paso por el gobierno de Arturo Lafalla se privatizó la antigua EMSE. "Entregaron todo el poder a los grupos económicos y eso es consecuencia de lo que hoy les pasa", bramó no sin que antes el presidente de la Cámara, Jorge Tanús, intentara callarlo alegando que ése no era el tema en discusión.

Puga, que tiene su propio monobloque, pidió copia certificada de la exposición para agregarla en la compulsa penal que lleva adelante por el cuestionado decreto sobre las salas de juego, mientras que el oficialismo se jactó -Tanús mediante- de mostrar que el "Gobierno plantea estas cosas de cara a la sociedad".

Los diputados resolvieron remitir a la Justicia la versión taquigráfica de lo expresado ayer por el secretario general de la Gobernación. En líneas generales, consideraron de "extrema gravedad institucional" su denuncia pública y, además, solicitaron a la Asesoría de Gobierno que se expidiera acerca de la validez del decreto publicado en octubre.

No es común que una cámara tome decisiones tras una interpelación de este tipo. Pero esta vez los legisladores no quisieron que los dichos de Cazabán murieran allí, pero la oposición tampoco se quedó conforme con las justificaciones que el superministro dio sobre el decreto en cuestión.

Comentá la nota