"Es un ataque despiadado, golpismo activo, ataque sistemático al Gobierno nacional por una denuncia falsa, sin ningún tipo de entidad, con la sola estrategia de establecer una operación mediática orquestada desde la oposición", afirmó el funcionario en su habitual conferencia de prensa matinal.

Antes de partir rumbo a Chaco para inaugurar obras, el jefe de ministros describió que "este ataque tiene varias patas", entre las que mencionó la "mediática" y otra "política", de la oposición, tras negarse a tratar a un miembro de la Suprema Corte. "Esta pata tiene jueces que hostigan permanentemente al Gobierno con denuncias falsas", sostuvo.

Este jueves el juez federal Claudio Bonadio dispuso el allanamiento de una de las oficinas de Hotesur en la ciudad de Buenos Aires, que administra el hotel Alto Calafate de la mandataria, a raíz de una denuncia presentada por la diputada de la oposición Margarita Stolbizer.

La denuncia fue presentada por Stolbizer (GEN-FAUnen) la semana pasada a raíz de un informe periodístico que indicó que Hotesur no presentaría sus balances y declaración jurada de bienes recientes ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Al reiterar que se trató de una "persecución política" contra la jefa de Estado, Capitanich insistió que "para el requerimiento (de documentación de una empresa) no se necesita ningún allanamiento judicial".

En ese marco, dijo que desde la Justicia se busca "generar una operación mediática de relevancia, porque la verdad muchos de los requerimientos judiciales se pueden hacer sin necesidad de allanamiento" y además aclaró que "Hotesur ha presentado toda la documentación correspondiente".

Capitanich reiteró un comunicado de la IGJ, donde informó que de más de 150.000 sociedades activas al 31 de octubre, solo 830.000 presentaron declaraciones juradas, y el resto queda pendiente. "Hotesur se encuentra entre las sociedad activas que presentaron declaraciones juradas, cuya documentación se encuentra en análisis", señaló.

• Presupuesto judicial

En ese marco, el funcionario subrayó que el Poder Judicial tiene "el mayor presupuesto de la historia reciente" y que el salario promedio de los judiciales aumentó casi 10 veces en la última década. 

"Tiene el mayor presupuesto de la historia, con $ 12.000 millones; un incremento del salario promedio que creció 10 veces; una recaudación de la tasa judicial ineficiente: y una pauta salarial que siempre está por arriba de lo que dicen (inflación) consultoras privadas y la oposición, aunque sea de falsedad absoluta", señaló.

"Si la oposición dice que no está dispuesta a votar un nuevo integrante de la Corte Suprema; si hay persecución política a través de jueces, con una estrategia orientada a generar operaciones mediáticas; si se niegan a publicar sus declaraciones juradas; si todo eso conjugado no se llama golpismo activo, ¿cómo se llama?", sentenció.

Según datos oficiales, el crecimiento real del gasto del Poder Judicial creció 426% de 2003 a 2013 hasta llegar a los $ 11.748 millones. El año pasado, los ingresos totalizaron $ 11.091 millones y el gasto en personal ascendió a $ 10.671 millones. 

En 2014 el déficit del Consejo de la Magistratura rondó los $ 2.000 millones, mientras que la Corte Suprema tuvo un superávit de $ 1.250 millones. El máximo tribunal cuenta con recursos por $ 3.100 millones, mientras que consumió $ 1.850 millones. Para sus empleados desembolsó $ 1.462 millones.

La evolución de ingresos del Poder Judicial reflejó que hasta el tercer trimestre de 2014 la Justicia recaudó por tributos $ 9.683 millones, mientras que por el cobro de tasas judiciales solo recibió $ 1.408 millones. Los recursos tributarios (3,5% de la recaudación nacional) se distribuyen entre la Corte (0,57%) y el Consejo (2,93%), mientras que las tasas de justicia son percibidas en su totalidad por los supremos.

En tanto, desde el punto de vista del gasto este año se destinó 91% en personal, mientras que en 2003 esa proporción era 88% a los trabajadores y 12% para el resto. Al inicio de la gestión kirchnerista había la Justicia contaba con 17.543 trabajadores. Poco más de una década después subió a 23.814. El salario promedio pasó de $ 2.614 en 2003 a $ 34.469 en el tercer trimestre de este año. En ese plazo al aumento salarial acumulado llegó a 1.138%, cuando en el Poder Ejecutivo no llegó al 600%.