En el cronograma tentativo que tiene Emilio Monzó para el resto del año figura una sesión el miércoles 26 de octubre para tratar la reforma del Ministerio Público Fiscal, echa a medida para desplazar a Alejandra Gils Carbó.

El proyecto fue enviado en abril, aún no tiene dictamen, pero en Cambiemos confían en lograrlo durante las próximas semanas, con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa.

Sin embargo, tal como explicó LPO, quizá al tanto de las negociaciones parlamentarias, la procuradora se reunió en las últimas semanas con gobernadores para mostrar que puede frenar la ley en el Senado.

También participó de una jornada con Héctor Daer, miembro del triunvirato de la CGT y diputado del Frente Renovador, que de todos modos no estaría interesado en protegerla.

Según fuentes de la bancada, Graciela Camaño ya habría acordado el respaldo de su bloque si le conceden tres cambios a la reforma: la eliminación de las cuatro subprocuradurías especiales, pensadas para condicionar al procurador de turno; borrar los fiscales hac doc y poner límites al consejo de seguimiento.

Para el massismo, este consejo colisiona con la bicameral de control de la procuración, creada recientemente y con Camaño de presidenta, un ámbito donde el Gobierno prevé al menos quitarle a Gils Carbó la comodidad que mantuvo los últimos meses. 

Pero Massa no tiene intenciones de proteger a la procuradora y no objetaría el límite de su mandato a cuatro años, que Cambiemos estudia extenderlo a cinco para despegarlo por completo de los períodos presidenciales.

La negociación por el oficialismo la llevan adelante Silvia Lospennato (mano derecha de Monzó) y el radical Diego Mestre, quienes vienen de trastabillar en la última sesión, cuando se enteraron en el recinto que no tenían el respaldo del Frente Renovador para sancionar dos reformas judiciales. Tuvieron que pedir un cuarto intermedio. 

Sumados, Cambiemos y el Frente Renovador quedan a 5 votos del quórum, pero los operadores macristas confían en los aliados provinciales, siempre más interesados en una negociación con la Nación, más que en proclamas republicanas. 

El desafío del Gobierno estará en el Senado, donde los gobernadores dominan el bloque FpV-PJ, capaz de definir el quórum de las sesiones. Y una decena de los miembros de esa bancada son kirchneristas y por lo tanto protegen la continuidad de Gils Carbó.

Los peronistas tienen razones para no apurar su salida: Mauricio Macri no les permitió nombrar un juez ni ampliar la Corte Suprema. Con un nuevo procurador, que también requiere acuerdo del Senado, nadie lo imagina más generoso.

Garavano asegura que ni bien la reforma se apruebe en Diputados Gils Carbó renunciará para no sufrir más desgaste. Pero la soltura con la que se movió en las últimas semanas sembró dudas sobre esa tesis. 

Además, los propios diputados radicales no están convencidos de la constitucionalidad de limitar el mandato de un procurador y creen que Gils Carbó lo planteará en Tribunales. 

La negociación se mezclará con el presupuesto de 2017, que se trataría en Diputados recién el 2 de noviembre, cuando el Gobierno espera haber acordado con los mandatarios provinciales, deseosos de recursos a la coparticipación federal.