Con las encuestas como faro y guía para las decisiones políticas trascendentes, el Gobierno acentúa por estas horas la conformación de una agenda de seguridad, que se desplegará en pleno durante el decisivo año electoral que ya comenzó.

Ayer, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de Migraciones, Horacio García, presentaron el sistema de información anticipada de pasajeros (API), que entrará en vigor hoy y que permitirá impedir la entrada de extranjeros con delitos probados, en acuerdo con las líneas aéreas que operan en nuestro país.

La medida llega sólo horas antes de que el presidente Mauricio Macri firme un decreto que endurece los requisitos para el ingreso de los inmigrantes de otros países y reduce los tiempos para su expulsión, y en momentos en los que espadas legislativas del Poder Ejecutivo instalan el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad de los menores, un tema enarbolado por Sergio Massa y el Frente Renovador en la campaña que llevó al líder de Pro a la presidencia.

Según pudo conocer LA NACION, a la firma del presidente también está un decreto que crea la Comisión Nacional de Fronteras, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de controlar los pasos limítrofes y coordinar las fuerzas de seguridad y control.

¿Estará la seguridad al tope de la agenda política este año? "La inseguridad forma parte de uno de los tres desafíos que se ha fijado el presidente Macri para su gestión. La lucha contra la pobreza, terminar con el crimen, el narcotráfico, las mafias organizadas, la delincuencia, y el tercero es unirnos los argentinos", afirmó Frigerio ante una pregunta de LA NACION durante la presentación del nuevo sistema de control aeroportuario.

"La inseguridad, la delincuencia, va a ser uno de los principales desafíos y políticas de nuestro gobierno", agregó el ministro en el jardín de la sede de Migraciones.

Dispuesto a negar las acusaciones sobre discriminación y "estigmatización" hacia extranjeros esgrimidas desde la oposición y algunos representantes de países limítrofes, como el cónsul de Bolivia, Jorge Tapia Sainz, Frigerio y García afirmaron que las medidas tienen un fin de "protección" de los argentinos y prevención ante eventuales comisiones de delitos como el narcotráfico o el terrorismo. "Éste es un país que se ha forjado sobre la base de la inmigración, ha sido un año récord en trámites de residencia. Pero hay que complementarla con una política de muchísimo cuidado (...) con los que vienen porque los echan de otros lados o tienen antecedentes penales o delictivos, y no queremos que vengan al país. Y los que ya están, queremos que rápidamente puedan salir de nuestro país", abundó el titular de Interior.

Sobre el API, García explicó a través de un informe que, en acuerdo con las líneas aéreas, Migraciones conocerá el listado de quienes llegan a la Argentina 75 minutos antes de la partida de ese vuelo. En ese lapso se podrá decidir impedirle a ese presunto delincuente viajar al país o enviarlo de vuelta al país si logra ingresar al avión de todos modos.

No se trata, por cierto, de una medida aislada. Frigerio confirmó que "el jueves (por hoy) o el viernes" estará firmado el decreto que establece la posibilidad de expulsión para extranjeros que delinquen en un plazo aproximado de dos meses, en un universo de hasta 3 años de prisión efectiva (la legislación actual establece que pueden expulsarse extranjeros con más de cinco años de pena). "Esto no está vinculado a la ley migratoria, sino a la lucha contra la delincuencia, y nos da los instrumentos para actuar con los delincuentes", señaló Frigerio.

Las medidas que el Gobierno terminará de poner en marcha esta semana se complementan con otra de largo aliento e implicancias igualmente importantes: una reforma de la ley penal juvenil que incluya la baja en la edad de imputabilidad, probablemente a los 14 años.

"No vamos a innovar nada. El mundo ha avanzado hace rato en tener códigos penales juveniles que den herramientas para la recuperación de los chicos y la contención", afirmó el Presidente la semana pasada, cuando todavía estaba fresco en la sociedad el caso de Brian, un adolescente de 14 años asesinado en el barrio porteño de Flores por un joven peruano, que abandonó el país luego de ser declarado inimputable. "Por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo la Argentina como un lugar para delinquir", agregó Macri.

Autoridades nacionales y provinciales (sobre todo las bonaerenses) coinciden en que la lucha contra el delito figura al tope de las preocupaciones ciudadanas. La batería de proyectos cumple con el requisito esgrimido por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, de estar "cerca de las necesidades de la gente", y más en un año decisivo.

Una batería de medidas

Control del aire

El Gobierno presentó ayer el API (información anticipada de pasajeros) para anticiparse a la llegada de extranjeros con antecedentes penales o con pedido de captura que llegan a la Argentina vía aérea. El nuevo sistema permite a Migraciones contar con información sobre 12 millones de pasajeros en 60.000 vuelos que llegan a la Argentina por año. Con información suministrada por las líneas aéreas, podrá detenerse un viajero que haya delinquido antes de la partida de su avión en el país de origen, o expulsarlo si este consiguiera de todos modos llegar al país en avión

Complemento

A la firma del Presidente está un decreto que crea la Comisión Nacional de Fronteras, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de controlar los pasos limítrofes y coordinar las fuerzas de seguridad. Además, está en estudio la realización de un API terrestre para controlar micros y la llegada de puertas biométricas para agilizar el control

Expulsión exprés

El Gobierno da los retoques finales a un decreto presidencial que busca reducir a un máximo de dos meses el trámite de expulsión de extranjeros condenados por delitos graves en el país o el exterior. También establece que una pena tres años de condena (efectiva o no) es suficiente como causal de expulsión. El extranjero con pedido de expulsión tiene tres días para efectuar su descargo por la vía legal. Para solicitar la ciudadanía los extranjeros deberán atenerse a la ley migratoria. Se negará ese derecho a los turistas con visa temporaria que tramitaban ante los juzgados su residencia permanente sin cumplir con los requisitos de Migraciones

Nueva ley y menos edad

A principios de año, el Gobierno comenzó a instalar la necesidad de una nueva ley penal juvenil, que incluya la baja en la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, de 16 años a 14. El oficialismo convocó a un grupo de expertos sobre la base de ejes temáticos, como "medidas alternativas a la privación de la libertad", "delitos y sanciones acordes a la Convención de los Derechos del niño y "condiciones de detención que fomenten la reinserción", además de la baja de la edad de imputabilidad

Un paso por corrientes con tono electoral

Antes de participar de los anuncios junto al titular de Migraciones, el ministro Frigerio pasó por Corrientes, que este año elegirá gobernador. En primer lugar, el ministro del Interior inauguró junto al gobernador radical Ricardo Colombi un tramo de la ruta 6, en Mercedes, el pago chico del mandatario provincial y eventualmente su próximo destino electoral cuando termine su mandato. "Corrientes ha sido una provincia discriminada y eso cambió el 10 de diciembre de 2015", dijo el ministro. Tal vez a modo de compensación, Frigerio también estuvo con el intendente de la capital correntina, Fabián Ríos, con quien habló de planes de vivienda. Eso sí: durante la recorrida también estuvo Colombi. El panorama electoral está abierto: Mientras el PJ se prepara, Colombi se tomará hasta marzo para definir al candidato de Cambiemos.

Las prioridades

De la edición

El seguimiento de la agenda impulsada por el Gobierno en lo que va de enero arroja una conclusión clara: la seguridad es un eje dominante. Es una cuestión de prioridades. No es que el tema hubiera estado ausente en 2016, pero está claro que ahora hay un énfasis distinto.

La explicación tiene relación directa con el inicio del año electoral, en el que el Gobierno no puede aparecer desguarnecido en un tema tan sensible. Al mismo tiempo, le permite quitarles una bandera a sectores de la oposición, especialmente el massismo.

No está comprobado que las medidas que está adoptando el Gobierno vayan a tener un efecto decisivo en la reducción del delito, pero lo más importante pasa por generar una sensación de acción.