EL GOBIERNO ACEPTARA PROPUESTA DE PAGO PARA CERRAR LA FALLIDA PRIVATIZACION DEL FRIGORIFICO SANTA ELENA

– El Ejecutivo dispuso autorizar a la Fiscalía de Estado a celebrar un acuerdo en el juicio que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 con motivo del incumplimiento de la obligación de pago del saldo del precio final por la venta del Frigorífico Regional Santa Elena SA, cuya privatización fallida se concretó hace casi 20 años • Fuentes oficiales confirmaron a APF que el reclamo de la Provincia ascendió a $ 4,2 millones pero que la cifra a obtener estaría en 1,7 millones de pesos, aunque el acuerdo sólo está autorizado mas no concretado.
a decisión oficial está contenida en el decreto 7.374, fechado el 18 de diciembre del año pasado y publicado en el Boletín Oficial cuatro días después. Allí se acepta la propuesta que hace Frigorífico Rioplatense, la firma del empresario menemista Rodolfo Constantini, que junto a la multinacional financiera norteamericana Citibank, conformaron Euromarché para adquirir el Santa Elena.

La demanda fue iniciada por el ex – fiscal Idelfonso Esnal poco después de la operación, concretada en los primeros meses de 1991 en las postrimerías del primer gobierno de Jorge Busti, ante el incumplimiento en el pago comprometido por parte de la empresa. En ese momento, el Estado provincial reclamó un saldo impago de $ 4.222.000.

Los demandados eran tanto Euromarché como el Frigorífico Rioplatense, que fue considerado por la provincia como aval de la operación de privatización. Euromarché quebró en 2008 (Entre Ríos recibió de ese juicio medio millón de pesos) y ya dejó de existir, por lo que en el expediente sólo queda el Rioplatense, que está en concurso preventivo. En ese marco, existe ya una definición judicial que establece una quita del 60% sobre las deudas del frigorífico, por lo que el Rioplatense sólo tendrá que pagar, sin ningún tipo de interés, cuarenta centavos por cada peso que debía.

Por eso, ahora “reconocerá en dichos autos una suma que satisface los intereses de la Provincia de Entre Ríos, todo ello en el marco de los procesos concursales a los que se encuentran sometidas las partes demandadas”, especifica la normativa, firmada por el gobernador Sergio Urribarri y refrendada por el ministro de Gobierno, Adán Bahl.

El Gobierno evaluó también como factor determinante para aceptar la propuesta de la firma “que no se está en condiciones de asegurar que las pretensiones controvertidas en el juicio puedan ser realizadas en su totalidad, como tampoco el tiempo aproximado de duración del pleito en sede judicial, dado que la acción promovida se encuentra a despacho para el dictado de la sentencia de primera instancia”.

Otro elemento considerado fue que la Provincia “recibirá el pago total de la acreencia en el primer juicio de un modo inmediato, sin necesidad de esperar las resultas de un juicio controvertido y sujeto a las vicisitudes que caracterizan los procesos judiciales ordinarios”.

Por eso “la propuesta recibida por la Provincia resulta conveniente a sus intereses y considero debe ser autorizada por el Poder Ejecutivo para poner fin a la controversia”, indica el último considerando del decreto, citando el dictamen de Fiscalía de Estado.

Esto significa que el Rioplatense ofreció, a mediados de 2008, pagar como si hubiese perdido el juicio y en base a la liquidación que realice la Fiscalía. Este monto sería de $ 1.688.000, aproximadamente. Esta cifra surge de aplicar al monto reclamado originalmente por la Provincia (4,2 millones de pesos) la quita del 60% (para el caso en particular, $ 2.533.200) que judicialmente se le practicó a las deudas que tenía el Rioplatense.

La ley de quiebras dispone que al abrirse un concurso de acreedores se suspende la aplicación de intereses sobre la deuda, por lo que la cifra habría quedado congelada, salvo un breve interregno entre la demanda y la apertura del proceso concursal del Rioplatense que no variaría significativamente la cifra final, estiman en el Gobierno.

Sin embargo, en el organismo que conduce Julio Rodríguez Signes hay cierta cautela. Es que hasta el momento sólo existe un ofrecimiento, hecho en un contexto económico internacional previo a la crisis, y la autorización del Ejecutivo para realizar en base a esas pautas la negociación, pero no existe acuerdo ni preacuerdo: las conversaciones tendrían que comenzar recién ahora.

La carátula de la causa es “Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos c/Euromarché y otros”. “Otros” designa, puntualmente, al Rioplatense. Tras la fallida privatización de 1991, el Santa Elena dejó de funcionar y sus bienes fueron embargados hasta que a principios de esta década fue vendido nuevamente al empresario Sergio Taselli. (APF.Digital)

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