El Gobierno abrirá un registro de empresarios desapoderados

Memoria económica. Podrán anotarse sociedades o particulares víctimas de despojos de bienes por el terrorismo de Estado / Caso Iacarino. Apoyo oficial al reclamo por el Golf de Alta Gracia.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia abrirá un registro para "inscribir a los empresarios y/o particulares" que resultaron víctimas de "desapropiación económica" durante la dictadura. Y menciona como un caso "paradigmático", entre esos despojos, el que le tocó a "la familia Iacarino", que reclama como propias 28 hectáreas del Golf Club de Alta Gracia.

Es decir, la Secretaría a cargo de Raúl Sánchez salió a dar su "aval irrestricto" a la demanda judicial que llevan adelante desde hace años en un Juzgado de La Plata los hermanos Alejando y Carlos Iacarino.

El tercer hermano que litigaba, Rodolfo Iacarino, murió el 12 de julio pasado, un mes después de haber sido amenazado de muerte. "El caso (Julio) López, al lado del caso Iacarino es un poroto", había denunciado Rodolfo Iacarino cuando lo amenazaron en plena calle de la capital de la provincia de Buenos Aires. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Arnaldo Corazza, el mismo que tramita la demanda de la familia por los campos del Golf Club.

Más allá del respaldo de la Secretaría, el expediente sumó un elemento novedoso a partir de que el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se presentó ante Corazza como "amigo del Tribunal" (en términos jurídicos, amicus curiae), para pedir celeridad en la resolución del reclamo de los Iacarino.

"Nosotros venimos como amigos del Tribunal a poner a disposición del juez material probatorio por demás evidente y le solicitamos que se expida, que no deje pasar más tiempo, porque esta familia, como tantas otras, hace 33 años que está esperando justicia", sostuvo Pérez Esquivel. El titular del Serpaj compartió cautiverio con los hermanos Iacarino en la Unidad Penal N° 9 de La Plata y en otros centros clandestinos de detención de la dictadura.

Como informó La Voz del Interior en abril pasado, los hermanos Iacarino relataron que en 1977, mientras estaban cautivos, fueron obligados a desprenderse de sus empresas y campos en Santiago del Estero. Como pago "vil", les cedieron el campo de golf de Alta Gracia y varios lotes colindantes a ese predio, que por entonces no estaban edificados.

La familia demandante exhibe documentación sobre la cesión del Golf Club y una "escritura de certificación" de la propiedad firmada por el escribano Adolfo Barceló (ya fallecido).

Pronta resolución. Sobre el punto crucial de esta historia, es decir, cuándo se podría resolver en la Justicia la devolución de los terrenos reclamados (muchos de ellos hoy edificados), Alejandro Iacarino comentó que el fallo lo podría dictar el propio juez Corazza o la Cámara Federal de La Plata.

"La Justicia va a llamar a declarar a los directivos del Golf Club para que digan por qué, sabiendo todos los antecedentes, no entregan esa cancha a quienes son sus dueños desde 1977. Eso lo puede hacer Corazza, porque fue quien investigó nuestra situación de desapoderamiento, o elevar el caso a la Cámara Federal de La Plata", comentó.

Respaldo oficial. La Secretaría que conduce Sánchez apuntó, respecto del registro que abrirá para que se inscriban posibles víctimas económicas del terrorismo de Estado: "Uno de los casos paradigmáticos es el de la familia Iacarino,

que lleva 33 años esperando por el desagravio moral y el resarcimiento integral, el cual tomó repercusión nacional e internacional, ya que comienzan a conocerse nuevas facetas de una época nefasta, con el aporte de pruebas concretas".

Y da cuenta del "aval irrestricto" a esa familia "hasta que se restituyan los bienes sustraídos", entre los que menciona "una fracción de tierra de 28 hectáreas donde se encuentra el Golf de Alta Gracia".

"Hemos abierto el registro para que empresarios y/o particulares que han sido víctimas de apropiaciones se inscriban y que la Justicia condene a los culpables", dice la resolución.

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