El Gobierno ya usó $ 3000 millones del crédito que le da el Banco Nación

Esta posibilidad fue habilitada a través de la Ley de Presupuesto. La reglamentación fue fruto de una discusión entre el Central y el Ejecutivo. Hay más topes que límites
El Gobierno está utilizando a pleno una de las ventanillas excepcionales que habilitó el Congreso para desahogar la caja durante 2009: los créditos directos del Banco Nación al Tesoro. Esta posibilidad estaba vedada para el Estado Nacional, como sucedería en cualquier otro banco con su principal accionista, porque en los hechos es un autopréstamo que puede poner en riesgo la solvencia de la entidad. Pero la Ley de Presupuesto vigente la habilitó con un límite preciso: no superar el 30% de los fondos públicos depositados en la institución.

Según pudo establecer El Cronista, el Poder Ejecutivo ya utilizó cerca de $ 3000 millones del crédito autorizado a partir de la reforma de la Carta Orgánica del BNA. Esa cifra equivale a 30% del monto total que tiene disponible por esta vía, equivalente a $ 10.000 millones.

El uso estuvo concentrado en las dos finalidades previstas en la ley: financiamiento de obras de infraestructura (gastos de capital) y pagos de deuda pública. En el primer caso, el Nación es el encargado de recibir la solicitud de fondos de parte del Ministerio de Planificación Federal y de evaluar tanto el proyecto como su capacidad de repago. En el segundo caso, el pedido lo encausa directamente el Ministerio de Economía.

Ante una consulta de este diario, Mercedes Marcó del Pont, titular del BNA, reveló que a partir del uso de estas facultades, se acordó darle al Tesoro $ 7.300 millones destinados a cancelar deuda. De ese monto, hasta la fecha se desembolsaron $ 1.700 millones

Al mismo tiempo, se otorgó un préstamo puente de $ 1.000 millones al Fondo de Infraestructura Vial (un fideicomiso que se nutre de la recaudación del impuesto a los combustibles), con el fin acelerar la ejecución del Plan Marco de Infraestructura Vial.

Reglamentación

Si bien el uso de esta facultad estaba autorizado en la Ley de Presupuesto aprobada en noviembre de 2008, fue necesario que el Banco Central dictara una reglamentación, tarea que se completó recién en marzo y que no estuvo exenta de discusiones entre el organismo monetario y el Poder Ejecutivo.

El Gobierno aspiraba a una norma que le diera más libertad de acción (el Banco Nación, conducido por Mercedes Marcó del Pont, recibe instrucciones directamente desde la Casa Rosada), pero la autoridad monetaria planteó un régimen que si bien parte de la base de la excepcionalidad que habilitó el Congreso, buscó mantener al BNA dentro de los estándares de supervisión financiera.

Para empezar, el monto global de crédito quedó acotado por algunas variables. La principal es que al 30% de los depósitos públicos se le debe restar el dinero en cuenta corriente que compone el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), la caja con la que se mueve el Ejecutivo en el día a día. Después, el BNA debe respetar el límite que tiene vigente todo el sistema financiero de exposición al Estado Nacional, que es 50% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC), una expresión que define el patrimonio neto depurado de la entidad. Por último, a este monto se le debe restar algo más: el flujo de financiaciones otorgadas a gobiernos de otras jurisdicciones con garantía de la coparticipación federal.

A la hora de establecer la operatoria, originalmente se propuso que el Nación pida autorización para cada operación (previa intervención del Ministerio de Economía), con un detalle de la misma cursado a la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA. Pero para dar flexibilidad al accionar de la Secretaría de Finanzas, se optó por dar un permiso previo del Central por 180 días, con lo cual a la entidad monetaria le cabe revisar el cumplimiento de los límites específicos (hecho que podría disparar un incremento de capital mínimo).

Como contrapartida, se estableció que los gastos de capital a financiar deberán cumplir una serie de requisitos, a saber: que sean declarados como críticos o de interés nacional; y que impulsen servicios públicos que tengan marco regulatorio y estructura de control definidos por ley.

Un dato que en algún momento puede llegar a requerir una interpretación legal es si este mecanismo de financiamiento es transitorio o permanente. Una primera lectura hecha por los técnicos del Central apoya linealmente el primer criterio, ya que lo ata al plazo de vigencia del artículo 74 de la Ley de Presupuesto. Esto implicaría que mantenerlo vigente debería ser incluído (y aprobado) en el la ley correspondiente a 2010. Otra interpretación, de acuerdo a otras fuentes involucradas con esta norma, es que la reforma introducida en la Carta Orgánica del Banco Nación adquirió un carácter permanente, y repone una potestad que estaba vigente antes de la crisis del 2001.

Por las dudas, el BCRA dejó en claro en la reglamentación que no corresponde extender esta facultad a otras entidades financieras cuyos titulares sean los ejecutivos provinciales, municipales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el Congreso legisló de manera explícita para el Banco Nación, y que ninguna ley provincial puede vulnerar una norma nacional.

Garantías

En el Central no perciben un riesgo excesivo por esta política. En definitiva, lo que hacen es ajustar de manera "razonable" la normativa al nuevo status que el Congreso le dio al Nación. Además, los fondos cedidos tienen que contar con un aval de Hacienda o bien tener un flujo de ingresos asegurado, como sucede con los fideicomiso vial. Sí es real que el BNA podrá afectar títulos públicos nacionales y letras del Central como garantía, algo que no le está permitido al resto de las entidades financieras.

El debate técnico y político que disparó esta operatoria se mantuvo en reserva durante varias semanas. Memos y circulares se llegaron a discutir incluso en horas de la madrugada. El resultado, por lo pronto, dejó conforme a todas las partes

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