Los gobernadores reclaman deudas y desde el PJ atacan el doble comando

Los gobernadores reclaman deudas y desde el PJ atacan el doble comando
Los mandatarios provinciales piden por sus millones. El Congreso bajó la persiana hasta agosto. Los referentes peronistas quieren acorralar a Néstor y en el PJ crece el desacato. Cristina está en El Salvador, mientras la reemplaza Cobos.
Hace tiempo están en el rincón de los castigados, pero el revés electoral que sufrió el kirchnerismo el domingo pasado, los envalentonó para reforzar sus reclamos. Con estrategias más agresivas, gobernadores no alineados con la Casa Rosada, exigen que el Gobierno cancele deudas millonarias que cada vez pesan más sobre las complicadas cuentas provinciales y envíe fondos prometidos para obras de infraestructura.

A pesar de que Cristina Fernández de Kirchner suele insistir en sus discursos con un "país para todos" y reivindica "la Argentina profunda", el reparto de recursos económicos no resulta equitativo, según denuncian mandatarios que se sienten perjudicados. El plan "techo digno", uno de los programas de desarrollo habitacional más importante, es ejemplificador. A esta altura del año, se efectivizó casi el 90% de los fondos destinados a la provincia de Buenos Aires (se pagaron 529 de los 590 millones de pesos previstos para 2009), mientras que a Catamarca y Santa Fe no les llegó un solo peso, de los 21 y 6 millones previstos. San Luis, directamente, no está incluida en el plan.

"Veníamos reclamando lo que nos deben de buena manera, por canales institucionales, de a poco", relató a Crítica de la Argentina un estrecho colaborador del gobernador correntino Arturo Colombi, un ex radical K que tras el conflicto con el campo se alineó automáticamente detrás de Julio Cobos. El mandatario avanzó ahora con una cruzada más fuerte. Corrientes realizó dos demandas contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. En una de las presentaciones, sostuvo que el gobierno de CFK le adeuda más de 1.000 millones de pesos. Según la denuncia, se trata de restricciones en el envío de dinero por distintos rubros: 200 millones que le corresponden por regalías de la represa de Salto Grande, 80 millones que no le mandaron al Instituto de Previsión Social y otros 700 millones de pesos que, asegura, le giraron de menos en todo el año pasado.

La otra demanda de Corrientes es estructural: exige el cumplimiento de un piso de 34% que se fijó de coparticipación a las provincias y que debería regir desde 1996. Hoy, se aplica una cifra menor: sólo el 24% de todo lo recaudado vuelve a las administraciones del interior.

Colombi está convencido de que el grifo para él está cerrado, y sólo los aliados del matrimonio presidencial son compensados. Un hecho simbólico de esa premisa ocurrió el jueves último: fue el medallista olímpico Carlos Espínola, precandidato a intendente K por la capital correntina, quien anunció que están llegando 11 millones de pesos de la Nación para pavimentar 66 cuadras de esa ciudad.

Catamarca fue una de las pocas provincias díscolas que recibió este año la visita de un Kirchner.Fue Néstor, pero para hacer campaña en marzo en contra del gobernador Eduardo Brizuela del Moral, del Frente Cívico, otro ex kirchnerista que saltó el charco. En ese distrito, la sequía de fondos frescos se notó: Hasta el sábado no habían llegado los 120 millones prometidos para obras públicas, previstos en acuerdos firmados con el Ministerio de Planificación, comandado por Julio De Vido.

La mano de Alicia Kirchner, al frente de la cartera de Desarrollo Social, se hizo invisible en Catamarca. "El año pasado, con distintas excusas, el Gobierno eludió firmar convenios correspondientes a planes alimentarios. Por eso, dejamos de percibir 30 millones de pesos", dijo a este diario una fuente de la gobernación.

La deuda que más preocupa es previsional. Según Brizuela del Moral, la ANSES debería girarle 150 millones de pesos por un pasivo generado a partir del pago de la asignación complementaria del 82% móvil del que se hace cargo la provincia desde enero de 2007, pero que debería solventar el gobierno nacional. Hace unos días, el defensor del Pueblo de la Nación adjunto, Juan Minguez, informó que iniciará una investigación por este caso.

Córdoba también redobló la apuesta. El gobernador Juan Schiaretti, el primer peronista en rebelarse a la Presidenta el año pasado, envió una carta documento al Ministerio de Economía para intimar al Gobierno a que explique el retraso en el envío de $ 120 millones que, afirma, se le adeudan a la provincia por atraso en las cuotas de abril y mayo, del Programa de Asistencia Financiera (PAF), un compromiso bilateral entre provincia y Nación. En la misma línea, el jueves pasado, el diputado nacional Arturo Heredia presentó en el Congreso un proyecto de resolución para solicitar la "urgente regularización" en el envío de esos fondos y pidió que la Presidenta salde una deuda previsional correspondiente a mayo y junio, que alcanza los 122,4 millones de pesos.

En Santa Fe, el gobernador socialista Hermes Binner reclama 422 millones de pesos. La cifra surge de sumar los déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, que por ley debe cubrir la Nación, desde 2006 hasta hoy, según detallaron en la Secretaría de Hacienda provincial. Además, la gestión socialista computa otro pasivo de 630 millones de pesos por una deuda de 2004, cuando venció un acuerdo de compensación de créditos y deudas entre ese distrito y el gobierno nacional.

Más allá de estos planteos concretos que reforzaron los gobernadores que ya se venían enfrentando al matrimonio presidencial, como telón de fondo hay una discusión federal más amplia que podría prosperar en este nuevo mapa político. Todos los mandatarios provinciales, incluso los que hasta hace poco eran fieles kirchneristas, quieren una nueva ley de coparticipación federal que signifique más dinero para el interior.

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