El borrador que la presidenta Cristina Fernández entregó el lunes a la Ofephi sienta las bases de una profunda reforma en el mercado petrolero. En los términos que está planteado, las provincias pierden mucho peso, aunque aún no está nada definido.

Los gobernadores presentarán el lunes una contrapropuesta para que la redacción final del proyecto les sea más favorable. Hay varios puntos del documento que recibieron de Nación que rechazan de plano. Ayer se difundió el texto, que fue ampliamente repudiado en la escena política local y que tiene seis puntos:

1) Plazos de exploración y explotación diferenciados por tipo de yacimiento. Se reducen los plazos de exploración, se revisan las condiciones para su renovación y se distingue su duración entre convencionales, no convencionales, plataforma continental y mar territorial. En las concesiones se mantiene el plazo de 25 años para el convencional, se establecen 35 años para el shale y 30 para en aguas profundas. En los tres casos habrá una prórroga de 10 años.

2) Mantenimiento de las regalías y aportes en concepto de responsabilidad empresaria (RSE) y para infraestructura. Las regalías son el único mecanismo de percepción de la renta petrolera. Gobernadores como Paco Pérez, de Mendoza, quieren que el techo quede en el 15% de la producción.

Aunque no está en la redacción del proyecto, las petroleras aportarían a las provincias el 0,5% de la inversión comprometida en concepto de RSE, y se destinaría el 1% a obras de infraestructura.

3) Mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva. Se priorizarán las empresas que propongan la mayor inversión y actividad exploratoria. Los pliegos de las licitaciones deben ser uniformes en todas las jurisdicciones y se eliminan las reservas de áreas. Además, desaparece el sistema de acarreo que aplican las compañías provinciales como GyP.

4) Programas fiscales y tributarios provinciales y municipales homogéneos y estables. Se establece un régimen especial para la importación de bienes e insumos. Además se impide que los municipios dicten impuestos sobre la industria petrolera. Se fija la alícuota de Ingresos Brutos en el 3% (hoy en Neuquén está en el 3,5%), y se busca quitar el impuesto a los sellos en los contratos, algo difícil de aceptar por parte de las provincias. Otra cuestión es importante es que se buscará con los gremios “nuevas modalidades laborales”.

5) Mecanismos promocionales para grandes inversiones. Se replican los beneficios del Decreto 929, que posibilitó el acuerdo YPF-Chevron, aunque esta vez el piso de las desembolsos que entran en este esquema será de 250 millones de dólares.

6)Adopción de estándares mínimos comunes en cuidado del medio ambiente.

El borrador tiene términos que reducen el margen de maniobra de las provincias, que plantearán sus discrepancias el lunes con una contrapropuesta. Elevar el techo del porcentaje de las regalías, mantener el impuesto a los sellos y recibir los fondos del canon de ingreso a las áreas son temas centrales que están en discusión.