Con el Pacto Fiscal firmado y refrendado por dos tercios de las provincias, entró en escena un expediente que fue primordial para que la mayoría de los gobernadores se sienten a negociar con la Casa Rosada: el Fondo del conurbano.

A casi dos meses de la rúbrica del acuerdo, ocurrida el 16 de noviembre, todavía ninguna provincia desistió en la Corte Suprema de algunas de las más de 40 demandas que están radicadas en ese tribunal por fondos federales.

Los gobernadores, tanto los del peronismo, como los de partidos provinciales y los de Cambiemos, esperan que la que dé el primer paso sea María Eugenia Vidal, cuya presentación ante la Corte fue la que apuró la negociación y el posterior acuerdo.

En 2016, la bonaerense reclamó que se declare constitucional el "tope" de 650 millones de pesos para el monto que recibe del Fondo del Conurbano que, por ley original, derivaba el 10% de lo recaudado por Impuesto a las Ganancias.

El temor a un fallo, que le quitaría a las provincias más de 50 mil millones de pesos, operó como un motor para que los gobernadores se sienten a negociar con Rogelio Frigerio una "solución integral".

Se hizo pero falta, todavía, el procedimiento judicial por el cual las provincias, a través de sus fiscales de Estado, desistan de las demandas vinculadas. Vidal debe retirar su pedido de inconstitucionalidad y en paralelo, las provincias retirar distintos planteos sobre el reparto de fondos.

El Pacto Fiscal propone que, además de retirar las demandas, las provincias se comprometan a no judicializar las acciones acordadas en la firma conjunta que, como se sabe, solo no cuenta con la adhesión de San Luis.

En lo que queda de enero, Vidal definirá el formato: anticipó que lo hará en marzo próximo aunque podría ser antes. En ese proceso intervienen el jefe de Gabinete Federico Salvai y dos ministros: Hernán Lacunza de Economía y Gustavo Ferrari, de Justicia.

Pero el trámite formal se hará a través de Hernán Gómez, el fiscal de Estado bonaerense. "El pacto fiscal se aprobó el 27 de diciembre, así que quedó todo pendiente para después de la feria", dijo a Clarín un funcionario de Vidal.

En La Plata detallan que el trámite será simple: una presentación ante la Corte desistiendo de la demanda iniciada hace un año y medio sin que, señalan, sea necesario ningún otro procedimiento legislativo o judicial.

Como la "causa madre" fue la bonaerense, las provincias van a esperar que primero retire su demanda la provincia de Buenos Aires, explicó a este diario un fiscal de Estado. Como la Corte no habilitó el procedimiento durante la feria, todo queda para febrero.

Un mecanismo sencillo: cada provincia presenta un escrito en el que desiste de la acción iniciada. Eso no supone, en todo caso, que en el futuro se hagan otras presentaciones en caso de incumplimiento.

Pero en el "consejo fiscal" hay un compromiso de los gobernadores para no volver a judicializar cuestiones referidas al reparto de fondos federales.

Quedan pendientes casos particulares. Uno de ellos refiere a San Luis, que no firmó el Pacto y por tanto no retira sus demandas. Tiene abierto, incluso, una sentencia por el retroactivo del 15% que retuvo ANSeS desde el 2006 hasta el año pasado.

El otro caso particular es Santa Fe, que también tiene sentencia firme y tampoco resolvió el retroactivo. Miguel Lifschitz, el gobernador santafesino, acordó con la Casa Rosada el inicio de una negociación sobre ese tema. En teoría, comenzaría en marzo próximo.

En San Luis cuestionan que el Gobierno no cumple con los mandatos de la Corte.