Primero lo admitió el Indec y luego, el Gobierno se resignó a reconocerlo: la actividad económica empieza a caer, se avecinan meses de mayor recesión, devaluación e inflación. En la misma sintonía, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sentenció ayer que “estamos en un momento difícil, en un bache”, aunque se mostró “convencida de que este es el mejor camino posible” porque, como en la vida, “lo que es difícil cuesta, pero vale la pena”. 

Mintió. Porque lo que se viene es peor. Estos son, apenas, los nubarrones de una tormenta mayor que arrastrará consigo a la inmensa mayoría de los bonaerenses. Muchos, los que apuesten al trabajo y la producción, perderán y la victoria quedará para los otros, el puñado que se sube a la bicicleta financiera y gana siempre que al país le va mal.

Entre los derrotados estarán los empleados públicos con salarios por debajo de la línea de la pobreza, a los que ayer la Gobernadora les anunció una suba de $500 para las asignaciones familiares más bajas; y los jubilados que el próximo mes recibirán un aumento de $1.163, pasando a cobrar apenas $6.300. 

Con afectada sensibilidad, la mandataria se jactó de su “buena voluntad”: “Nuestro compromiso fue siempre decirles que no los íbamos a dejar solos y que íbamos a dar respuestas”, dijo, la sonrisa de lado, la voz baja, casi enternecedora.

La primera pregunta cae de madura: con una inflación que se encamina hacia el 32% y tarifazos que no ceden, ¿realmente creerá la Gobernadora que esos aumentos, devorados en una compra del supermercado o por las facturas de luz o gas que emiten las nunca controladas empresas monopólicas, pueden cambiar la realidad de los bonarenses?

Después, está la farsa que enmascara el anuncio: esa idea de esfuerzo común, de sufrimiento colectivo para después alcanzar un futuro feliz, llegar al bienestar, recuperar el país que perdimos. Miente la Gobernadora, y lo hace con premeditación y alevosía al confirmar que continuará por el mismo camino: el de un Gobierno que apuesta a la especulación financiera que fuga los dólares que nos faltan y devalúa; o sube las tasas de interés de las Lebacs hasta el 47% (un porcentaje inaudito en el mundo), volviendo imposible la toma de créditos o el financiamiento para PyMes e industrias, para las que las cargas superan el 100% anual. Crecen, además, los cheques rechazados por falta de fondos, según admitió el propio Gobierno.

La recesión, entonces, no es una fatalidad, sino la base de un plan de Gobierno que apuesta al enfriamiento de la economía y al deterioro del poder adquisitivo, confiado en que un menor consumo redundará en una inflación más baja, sin importarles el sufrimiento del pueblo. El final es harto conocido: en el improbable caso de que los precios bajen no quedará quien pueda comprar nada ni a quien comprarle, más comercios habrán bajado sus persianas y otras tantas fábricas detenido sus chimeneas. 

Ya hoy, con el FMI recién aterrizado, no hay jornada en la que la Provincia no anote decenas de despidos, en La Plata nomás, hay 100.000 personas con dificultades para conseguir trabajo, según los últimos datos del Indec; obras como las del Astillero Río Santiago se paralizan y peligran miles de puestos de trabajo; y en el Conurbano, solo en el último año, la cantidad de niños y jóvenes que asisten a alimentarse a comedores comunitarios casi que se duplicó: de 13.654 el año pasado a 23.168 este año. De ellos, 4 de cada 10 están malnutridos, según un relevamiento periódico del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci).

“Cuesta, pero vale la pena”, dijo la Gobernadora con palabras que no hacen más que subestimarnos. Como si algo mejor pudiera venir tras el acuerdo con el FMI, al que el Gobierno prometió ajustarnos, frenando la inversión y el empleo, con menos poder adquisitivo, tarifas más altas, volviendo la vida más imposible. 

Pasar el invierno será más difícil de lo que imaginamos. Aunque la Gobernadora, por todos los medios y todas las cámaras, con su risita, su tono angelical, nos prometa una “dulce” condena.