EL GOBERNADOR YA TIENE EL BORRADOR DEL DECRETO PARA CONFIRMAR LA ASOCIACION DEL ESTADO CON COTAPA

El borrador del decreto para que el Estado capitalice todas las acreencias que tiene sobre Cotapa ya está listo, luego de la intervención de los órganos legales gubernamentales, y está listo para el repaso final y la rúbrica del gobernador Sergio Urribarri
La norma, que completa el proceso iniciado en abril con la oferta que hizo la empresa para salvarse de la liquidación, se emitiría ad referéndum de la Legislatura, según el texto al que tuvo acceso APF • Hay gestiones con el Gobierno nacional para que se transfiera a la Provincia la deuda que la firma mantiene con la Afip.

El aspecto resolutivo de la normativa prevé la capitalización en la nueva sociedad que se forme de $ 8.339.408,39 que están verificados como créditos del Estado en el concurso de quiebra de Cotapa que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Paraná y también “las postconcursales mantenidas por la mencionada Cooperativa con la Provincia”, es decir, aquellas que se hayan generado con posterioridad al proceso judicial iniciado el 7 de noviembre de 2006. El secretario de la Producción, Roberto Schunk, ha calcula la cifra global en 16 millones de pesos.

En rigor, lo que el Ejecutivo hace es aceptar la propuesta “d)” elevada por la empresa para poder responder a la deuda que mantiene con el Estado provincial. La alternativa que se postula allí es el pago del 100% de las acreencias como capitalización en una sociedad a constituirse en forma conjunta “en un plazo que no excederá de 120 días hábiles” desde la homologación, en la Justicia, del acuerdo definitivo. Para lograr este acuerdo hay que esperar la finalización de la feria judicial el 31 de enero, ya que el miércoles 4 de febrero vence la prórroga otorgada por la jueza María Valentina Ramírez Amable para que se dé el entendimiento entre la deudora y los acreedores.

El artículo 4º del boceto prescribe su remisión a la Legislatura “a fin de someterlo a su consideración, dictándose ad referéndum de dicho órgano”. La última palabra del acuerdo estará, por tanto, en las cámaras de Diputados y Senadores.

El objetivo de la nueva empresa a crearse será “la explotación agroindustrial”, tarea para la cual Cotapa aportará sus bienes de capital y la marca comercial. La nueva sociedad surgirá “libre de toda deuda y absorbiendo el personal de la concursada como empleadora de los mismos”, expresa el borrador del decreto.

La fecha límite del 4 de febrero impone “un trámite excepcional que condiga con la urgencia y necesidad de que el Estado provincial se expida sobre el tema”, teniendo presente “la nueva impronta del texto constitucional reformado, y en resguardo de la misión del mismo (por el Gobierno) como gestor del bien común”.

La alternativa, pues, permitiría “resguardar el patrimonio público, favorece la continuidad de la empresa y ofrece un instrumento de regulación y promoción del sector lácteo provincial de gran incidencia para pequeños y medianos tamberos y usinas”, indica el texto preliminar que tiene a la vista Urribarri.

Si el Estado provincial, el principal acreedor de la cooperativa, no da su visto bueno, debería liquidarse la empresa: realizarse el activo (bienes y derechos) para atender el pasivo (deudas y compromisos). Esto está presente en las consideraciones del bosquejo del decreto: “La no consecución de las mayorías previstas por la ley concursal derivaría sin más en la liquidación de esta importante fuente de trabajo local, en claro perjuicio para la sociedad toda”. En Cotapa trabajan 132 personas.

• Fuera de juego

Optando por la capitalización del 100% de la deuda que tiene la empresa con el Estado, el Gobierno dejó de lado otras tres alternativas, identificadas como propuestas a), b) y c). A saber:

a) Pago del 45% de la deuda verificada o declarada admisible, cancelación semestral de intereses a la tasa fija del 8% anual, cuya primera cuota vencería a los seis meses de la homologación del acuerdo. La amortización de capital y de intereses se haría a partir del tercer año y hasta el décimo quinto, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

b) Dos años de gracia desde la homologación judicial del acuerdo, pago del 45% de la deuda verificada en cuotas semestrales e iguales, con un interés del ocho por ciento (aunque no se especifica, se entiende que sería anual), con amortización a través del sistema francés con un plazo de diez años.

El sistema francés es aquel en el que el importe de la cuota permanece estable. Su composición se da en parte por el interés, que se establece sobre el saldo del capital, y el propio capital de la deuda. A medida que se van cancelando las cuotas, aumenta su parte de capital y disminuye el componente de interés.

c) Período de gracia de dos años, pago del 55% de la deuda que se efectivizará en 132 cuotas mensuales con un interés del 8% y también por el sistema francés.

Intervinieron en la evaluación de las cuatro propuestas “diversos organismos legales y técnicos del Estado”, precisa el borrador en sus “considerandos”. El rol principal le cupo, sin embargo a la Fiscalía de Estado, que conduce Julio Rodríguez Signes. De allí surge el entendimiento de la inconveniencia de optar por cualquiera de la primeras tres alternativas “por cuanto se ofrecen quitas, plazos y tasas que no resguardan debidamente el patrimonio estatal”, consigna el documento que podría pasar a ser el decreto final.

Se citan también allí informes técnicos realizados sobre la cooperativa, de donde surge que la empresa enfrenta “serios problemas económico – financieros”, vinculados a “los altos costos, la antigüedad del personal, la baja productividad, la localización, la pérdida de proveedores, la insuficiencia de capital de trabajo, los déficit de gestión y el elevado endeudamiento”.

“Aún aceptando las alternativas de cobro en cuotas con quitas ofrecidas por Cotapa, las posibilidades efectivas de realizar las acreencias del Estado provincial son inciertas”, sincera el escrito preparado para el Gobernador.

• Aclaraciones

Esta Agencia también tuvo acceso a la copia del acta de la reunión realizada el pasado 23 de diciembre durante el transcurso de la mañana por el grupo de trabajo técnico que la Fiscalía recomendó crear para que se evalúe el dictamen que había hecho y que sirvió de base al borrador del decreto.

Los cuatro integrantes de este equipo hicieron seis señalamientos al documento de Fiscalía. En el punto primero, marcan que la nueva sociedad que se formaría tendría un capital mayoritariamente estatal, donde la Provincia y la Municipalidad de Paraná, que ya aceptó la capitalización mediante ordenanza, “polarizarían el capital a suscribir”.

Sobre esto vuelve en el punto dos, poniendo el acento en que el aporte de bienes que haga “la concursada (esto es, Cotapa) se hará garantizando la participación mayoritaria de los aceptantes”, es decir, el Estado provincial y el municipal, principalmente.

En el tercer punto revisa la cuestión de la capitalización de las deudas concursales y postconcursales para señalar, en el cuarto ítem, que de esta manera “el Gobierno provincial procedería a suspender la ejecución hipotecaria en trámite contra la concursada, con miras a evaluar su capitalización en la sociedad a constituirse”.

La quinta consideración está referida a la deuda que Cotapa mantiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), por incumplimientos impositivos. Se indica allí que el Gobierno está haciendo tratativas para lograr que el Estado nacional le ceda este crédito del organismo fiscal contra la cooperativa y se prevé que existiría una “solución alternativa en el acogimiento al plan de facilidades de pago recientemente sancionado por el Congreso”. La referencia es al paquete fiscal que se aprobó para hacer frente a la crisis financiera internacional.

Finalmente, el grupo técnico pone la lupa sobre el valor bienes que la cooperativa aportaría a la nueva sociedad, los que afirma serán “tasados siguiendo pautas objetiva, mediante un procedimiento a convenir entre los aceptantes, pudiendo recurrirse a la intervención de personal idóneo”, el que se no se especifica si será privado (un tasador) o público (el organismo provincial de tasaciones).

• Ventajas

El esquema del decreto enumera también beneficios para la nueva sociedad que conformará el Estado con la cooperativa. Entre ellos “las buenas perspectivas del mercado lácteo a mediano plazo y la capacidad, equipamiento y la fuerte inserción de la marca de la cooperativa (que) suponen un potencia importante de crecimiento futuro, con la necesaria reestructuración operativa y la definición de un nuevo plan de negocios en condiciones distintas”.

También se subraya que Cotapa “tiene un alto impacto socio – económico en la Provincia, en cuanto emplea en forma directa a 132 trabajadores, es la cuarta planta láctea de Entre Ríos (en volumen de producción), es una de las industrias provinciales que cuenta con equipamiento para producir leche en polvo y mantiene una importante cantidad de productores (socios y no socios) que la proveen de leche”. A párrafo seguido, se destaca que en el marco del Plan Lácteo provincial “puede cumplir un rol estratégico como mecanismo de regulación y promoción del sector” en la provincia. (APF.Digital)

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