El Gobernador y sus poderes mágicos

El Gobernador y sus poderes mágicos
En el presupuesto 2013 Scioli reedita sus facultades especiales. La oposición busca recortarlas, y los K las dejan pasar, por ser menores que las de CFK

El universo mágico de Harry Potter muestra muchas similitudes con el mundo real. Guarda, por ejemplo, un orden político y de Estado muy parecido. Sin embargo, cuando se trata de tener poder, los personajes de la exitosa novela marcan una clara diferencia.

La magia de las creaciones de J.K. Rowling (su escritora) son un don natural, un atributo que no fue adquirido más que por herencia natural.

Por el contrario, en la tierra firme de la política vernácula, los poderes “especiales” sólo pueden obtenerse en el menos mágico mundo del Parlamento, a través de una ley y a condición de tener el número para aprobarla.

Así sucede en Nación, así sucede en muchas provincias, y así sucede en Buenos Aires. En el extenso Presupuesto para la gestión 2013, el Gobernador, Daniel Scioli, volvió a incorporar la atribución de facultades especiales.

Se trata de varios artículos encadenados, pero que tienen su base e inicio en el 19 y van hasta el 21. Allí el mandatario se permite realizar adecuaciones presupuestarias, es decir, redireccionar una partida, que estaba destinada a determinada compra, para otro gasto, dentro de la misma jurisdicción (ministerio o ente descentralizado).

El movimiento de partidas adquiere una total libertad cuando se trata de la jurisdicción Obligaciones del Tesoro y Créditos de Emergencia.

“Las limitaciones establecidas (para direccionar partidas entre áreas) no son aplicables cuando la fuente o destino de la transferencia sea la jurisdicción auxiliar Obligaciones del Tesoro y Créditos de Emergencia, cuyos créditos podrán transferirse entre sí, cualquiera fuese la clasificación presupuestaria”, se indica en el artículo 19.

Se trata de la jurisdicción que, si bien está contenida en el ministerio de Economía, se maneja de forma directa desde la calle 6 de La Plata.

Es una suerte de cuenta corriente del gobierno, que direcciona las partidas de acuerdo a las circunstancias coyunturales, las prioridades, y las emergencias.

En el presupuesto a ejecutarse el próximo año le fijaron un monto de poco más de 28 mil millones de pesos.

Entre las atribuciones conferidas al Ejecutivo se establece, en el artículo 20, la posibilidad de hacer adecuaciones en las situaciones siguientes:

1) “En la distribución del número de cargos y horas cátedra y, si fuere necesario, sus respectivos agrupamientos y créditos, de la Planta de Personal fijados por la presente Ley”.

2) “Adecuando los importes del rubro ‘Obtención de Préstamos’ a la real afectación producida por la concreción de obras y/o adquisiciones financiadas a través de operaciones de crédito, sin superar en su conjunto el importe total autorizado por las leyes respectivas”.

El proyecto de ley de Presupuesto incorpora también (en su artículo 40) la posibilidad de un endeudamiento por 7.977 millones de pesos.

Este dinero ingresa en la lógica de las amplias facultades que detenta el gobierno, ya que, tal como indica la letra de la iniciativa, no fija en qué plan o iniciativa específica deberá ser utilizado.

“Autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse por hasta la suma de 7.977 millones de pesos, o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el ejercicio 2013, como así también atender el déficit financiero y regularizar atrasos de Tesorería”, se establece en el mencionado artículo.

Límites

Las facultades especiales no surgieron en la era Scioli, sino que sus orígenes

podrían remontarse al comienzo de la historia institucional argentina; sin embargo, cada época marcó algunas diferencias. El caso emblemático fue del ex Gobernador Felipe Solá, quien, por primera vez, vetó su propio presupuesto, al no obtener los poderes especiales que solicitaba a la Legislatura.

Eran los tiempos de la “diputadora”, comandada por el presidente de la cámara Baja, Osvaldo Mércuri, acompañado por el jefe de la bancada PJ, Juan Garivoto.

El suceso fue un escándalo; terminó en la Justicia y mostró con toda su furia la pelea que se da de forma cíclica entre los dos poderes: el ejecutivo y el legislativo. En la actual coyuntura, la interna oficialista fluctúa entre el golpe y la caricia.

Si bien el kirchnerismo puro no tiene interés en conceder ningún favor al Gobernador, sabe que estas facultades son claramente inferiores que las que le aprobaron a la Presidenta, Cristina Fernández, en el Congreso.

En 2003, cuando asumió la Presidencia, el Parlamento le aprobó por primera vez a Néstor Kirchner los poderes especiales para el jefe de Gabinete, que en ese entonces era Alberto Fernández.

Así, el funcionario, ubicado hoy en un espacio crítico, obtuvo las facultades para redistribuir (sin necesidad de contar con el previo aval del Congreso) los 76.491 millones de pesos presupuestados para 2004.

En la era CFK, los superpoderes continúan firmes, sin alteraciones. Por eso, los kirchneristas prefieren pasar por alto el tema, aunque algunos aliados lo miran con cierto recelo.

Desde la oposición, los bloques del FAP, la UCR y la CC cuestionan estos poderes, mientras que otros sectores, como la Celeste y Blanco y algunos grupos ex denarvaístas, los justifican.

En 2011 habían incorporado a la ley de leyes un artículo por el que todas estas facultades tenían un tope monetario del ocho por ciento del total del presupuesto. Sin embargo, no habían podido esquivar las excepciones impuestas por el oficialismo. En dicho artículo se exceptúa del cepo a los “organismos descentralizados no consolidados”, es decir, aquellos que están incorporados a la evaluación de gastos pero no forman parte del presupuesto general. Es el caso del IOMA.

También se excluyen del ocho por ciento a las empresas sociedades anónimas y a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o aportes del Estado provincial, además de las movidas como la reasignación de créditos dentro de una misma partida principal, y las transferencias de crédito o ampliaciones presupuestarias cuando tengan como motivo ejecutar gastos en personal.

Los gobiernos actuales parecen sintonizar de maravillas con las facultades especiales. Las asumen como parte de su esquema de poder, y esquivan las protestas de algunos sectores opositores.

Estos, a su vez, batallan por recuperar algunas herramientas que supo tener el Poder Legislativo. Se resisten a darle ma-yor libertad de movimiento al gobernador Scioli, autoproclamado candidato presidencial. En tono bajo, muchos de los cristinistas sienten lo mismo.

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