El gobernador Capitanich vetó parcialmente la Ley de Convenios Colectivos

El Gobernador, Jorge Milton Capitanich, vetó parcialmente la citada ley de Convenios Colectivos de Trabajo excluyendo de la discusión en las paritarias al personal policial y penitenciario ya que cuentan con una estructura jerárquica. El mandatario chaqueño además vetó en forma total la emergencia de los prestadores de salud fundamentando que "otros sectores tendrían derecho a reclamar un tratamiento similar".
Este viernes, el mandatario remitió a la Cámara de Diputados el veto parcial a la sanción legislativa 6421 de negociaciones Colectivas de Trabajo, que ingreso por expediente 1170/09, vetando puntualmente tres artículos el 3º referido a las exclusiones, el 5º relacionado con el ámbito de la negociación y el 8º respecto a la parte trabajadora.

En igual sentido vetó en forma total la sanción legislativa 6423 por la cual se declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2009, la prestación del servicio privado de la salud, con relación al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos, argumentando que vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley y la equidad tributaria.

NEGOCIACIONES COLECTIVAS

En el primer caso vetó puntualmente los artículos 3º, 5º y 8º justificando que en el texto legal originario, se excluía al personal policial de la Policía provincial y el personal penitenciario del Servicio Penitenciario Provincial, el cual no aparece en el nuevo texto propiciado, considerando que sería incongruente con la función de seguridad que cumple dicho personal, que responde a una estructura jerárquica y que tienen su régimen jurídico propio. Por lo cual se insiste en la exclusión de dicho personal como sujeto de la parte trabajadora en el ámbito de las negociaciones que aquí se trata, proponiendo agregar un inciso g) en el citado artículo, que los excluya expresamente.

En relación al artículo 5º señala "en su párrafo segundo del texto propuesto, prevé en el ámbito de negociación, las negociaciones sectoriales, en las cuales ‘intervendrán conjuntamente las posiciones inscriptas que correspondan a dichos ámbitos y aquellas que incluyan a ese sector en su ámbito de actuación’. El texto –precisa- no es claro y no establece que alcance tendrá la actuación de las asociaciones inscriptas con personería jurídica, pero sin personería gremial, por lo tanto, se insiste en el texto originario propuesto por este Poder Ejecutivo, dejando a la reglamentación la posibilidad de prever la situación particular de dichas asociaciones".

"La norma mencionada –agrega- tienen estrecha relación con el artículo 8º del texto legislativo, que se refiere a la Parte Trabajadora en las Negociaciones Colectivas de Trabajo, establece que ‘la representación de los empleados públicos será ejercida por todas las asociaciones sindicales, uniones o federaciones que hayan cumplido con el requisito de la inscripción ante el Registro existente en la Dirección Provincial del Trabajo, de acuerdo a lo normado por el artículo 30, inciso 2) de la Constitución de la provincia, con una antigüedad de 1 año’".

"Si bien la norma se funda –continúa- en el artículo 30 de la nuestra Constitución, que se refiere a los derechos gremiales y establece que ‘La ley asegurará a los gremios los siguientes derechos: 1) de organizarse libremente. 2) De ser reconocidos sin otro requisito que la inscripción en un registro especial…’ sin embargo deja de lado el artículo 31 de la misma que, en su parte pertinente reza: ‘Los sindicatos reconocidos tendrán personería jurídica de la que no podrán ser privados…’ haciendo una interpretación armónica de las normas constitucionales y no fragmentando el texto a conveniencia, se advierte que no puede identificarse la personería jurídica con la personería gremial".

Asimismo señala que la ley provincial Nº 2956 del Régimen de la Dirección Provincial de Trabajo establece en su artículo 5º: "Llevará un registro de las Asociaciones profesionales que actúen en la provincia, de sus autoridades y de sus estatutos. La dirección será el organismo a cuyo cargo estará el reconocimiento de las asociaciones Profesionales que actúen solo en el ámbito provincial. La sola inscripción en el Registro significará su reconocimiento".

"Si se interpreta –añade- en forma armónica el texto constitucional y legal, se deduce que para obtener la personería jurídica basta con la inscripción en el Registro, lo que no significa lo mismo que obtener personería gremial para representar a un universo de trabajadores. La materia laboral, es materia delegada por las Provincias al Gobierno Federal, conforme el artículo 121 de la Constitución Nacional, y constituye legislación de fondo, de acuerdo a lo que establece el artículo 75 inciso 12) que delega en el Congreso de la Nación la facultad de legislar todo lo concerniente al código de Trabajo y la Seguridad Social, cuyo contenido esta formado en parte por la reglamentación de la garantía de libertad sindical. De tal modo, la legislatura provincial no puede desconocer esta norma de jerarquía superior en el sistema jurídico argentino, de lo contrario constituiría una violación a la prelación normativa establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Por otra parte sostiene que "nuestra carta Magna en el artículo 14 bis asegura al trabajador una organización libre y democrática reconocida con la simple inscripción en un registro especial. La ley 23.551 distingue en forma específica a las asociaciones sindicales con simple inscripción y las asociaciones sindicales con personería gremial (artículos 23 y 31). A partir de la inscripción la asociación puede representar los intereses colectivos de los trabajadores, pero con una limitación impuesta por la ley siempre y cuando no hubiere en la misma actividad o categoría de asociación con personería gremial (art.23 inc b) y ello en estrecha relación con el artículo 25, que establece los parámetros que deberán merituarse al momento de otorgar personería gremial en su ámbito territorial y personal a aun asociación sindical.

La ley elabora una estructura jurídica en base de la mayor representatividad en un determinado ámbito territorial y personal, Lo expuesto se basa en dos aspectos fundamentales, a los fines de la función de la Constitución les confía, en materia de representación, la legitimidad de su accionar, es decir, que represente en los hechos a los trabajadores de la actividad y en la jurisdicción donde actúan y otro aspecto de la legalidad, atento el control que ejerce la autoridad de aplicación a los fines de otorgar personería gremial a una organización".

Además advierte que "el artículo 25 de la ley es claro en cuanto a los requisitos que deben cumplirse para obtener personería gremial: "La asociación sindical que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa", esta calificación surge del inciso c) del mismo artículo que dice: ‘la calificación de más representativa se atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar, este promedio se determina sobre los 6 meses anteriores a la solicitud, luego se precisa el ámbito de representación personal y territorial. Para el supuesto que existe otra asociación con pretensiones y se superpongan con los de otra asociación sindical con personería gremial deberá realizar la compulsa de afiliados cotizantes por el procedimiento establecido en el artículo 28’ El que a su vez establece una cantidad determinada de afiliados cotizantes, durante un período mínimo y continuado anterior a su presentación, y considerablemente superior a la de la asociación con personería preexistente".

"En virtud de la Ley Nacional Nº 23551, las asociaciones sindicales con personería gremial se encuentran legitimadas y legalizadas en forma exclusiva para ejercer la representación de los interese colectivos y la suscripción de Convenios Colectivos que tengan efecto para todos los trabajadores de la actividad y en la jurisdicción de que se trate, estén o no afiliados. Así dice el artículo 31 de la ley referida: "Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: …g) Defender y representar ante el estado y los Empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores…i) Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. J) Colaborar con el estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores".

Indica también que "limitar la capacidad de suscripción de Convenios Colectivos de Trabajo a determinadas asociaciones que cuentan con personería gremial otorgada por la autoridad del trabajo, no significa negar participación a las asociaciones sin personería gremial, que pueden ejercer libremente el derecho de opinión, pero no podrán obligar con su firma al colectivo de trabajadores de su jurisdicción o actividad, si no acreditan la debida representación y los requisitos legales establecidos expresamente en la ley nacional de asociaciones sindicales.

El derecho a la libertad sindical, como todo derecho, no es absoluto, está sujeto a la reglamentación de su ejercicio. Lo que se pretende, siguiendo a la ley nacional, es garantizar la debida representación de los intereses de los trabajadores, y así preservar la fuerza de las reivindicaciones laborales, evitando la atomización y disgregación sindical.

Por lo expuesto, este Poder ejecutivo, veta en forma parcial el proyecto de Ley Nº 6421, en sus artículo 3º, 5º, y 8º, por considerar que contraría la prelación normativa de nuestro sistema jurídico, tanto la Constitución Nacional como la legislación nacional de fondo en materia laboral, así como el contenido y espíritu de la Ley Nº 23551 de asociaciones sindicales, considerando que debe mantenerse el texto normativo original propuesto por este Poder ejecutivo".

Por las razones expuestas sostiene que "se insiste en el texto del artículo 3º, 5º, y 8º originales enviados por este Poder Ejecutivo, que se transcriben a continuación:

"Artículo 3º: Exclusión. Quedan excluidos de la aplicación de la presente normativa: a)…b)…c)…d)…e)…f)… y g) El personal policial de la Policía Provincial y el personal penitenciario del servicio Penitenciario Provincial".

"Artículo º: Ámbito de Negociación. La Negociación Colectiva podrá realizarse dentro de un ámbito general o sectorial. Las partes articularán la negociación den los distintos niveles.

En el caso de negociaciones sectoriales, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma de participación de las asociaciones sindicales sin personería gremial".

"Artículo 8º: Parte Trabajadora. La representación de los empleados públicos será ejercida por las asociaciones sindicales, uniones o federaciones con personería gremial y ámbito de actuación personal y territorial. Si existiera más de una organización sindical con capacidad negocial, la representación de los trabajadores expresada en porcentual, será proporcional a la cantidad de afiliados cotizantes que cada una de la asociaciones sindicales posea con anterioridad a los seis (6) meses del inicio de las negociaciones".

EMERGENCIA DE LOS PRESTADORES DE LA SALUD

En relación al tema, el Gobernador argumentó el veto total indicando que "la sanción legislativa 6423 declara en emergencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a la prestación del servicio privado de salud con relación al InSSSeP. Dicha emergencia podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo por el término de hasta un año.

El artículo 3º de la sanción legislativa de referencia, no reúne los requisitos establecidos por el artículo 57 de la Constitución Provincial y el artículo 141 de la Ley Nº 4787 de Administración Financiera, en el sentido de que se debe crear el recurso correspondiente, ya que los recursos previstos en los incisos a) y b) del artículo 3º son potenciales y7o no existen tal como están indicados.

El artículo 4º, exime a dichos prestadores, mientras dure la emergencia, el develamiento y pago de: impuesto sobre los Ingresos Brutos; Adicional 10% -Ley 3565; Fondo para Salud Pública e Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios.

La norma sancionada, vulnera claramente el principio constitucional de igualdad ante la ley y la equidad tributaria (artículo 59 de la Constitución Provincial). Desde el punto de vista tributario no es prudente ni correcto que una exención se otorgue por una emergencia económica, las exenciones se dan por una macro política de Estado, respetando los principios enunciados precedentemente.

La emergencia afecta a otros sectores profesionales, comerciantes, industriales, prestadores de servicios en general, que tendrían derecho a reclamar un tratamiento similar. Es caso concreto, se da con la emergencia agropecuaria, en que se difieren los vencimientos, se suspenden las acciones del fisco de cobro, reclamo administrativo y judicial de los impuestos a cargo del contribuyente, pero nunca una exención en el Impuesto Inmobiliario Rural.

Por lo expuesto, este Poder Ejecutivo veta en forma total la sanción legislativa Nº 6423"

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