El gobernador le bajó el pulgar a un proyecto de UPCN

Vetó parcialmente un proyecto de ley que crea 126 cargos en el Registro Civil. Un decreto habilita los nuevos puestos pero rechaza un listado de las personas que serían las destinatarias de los mismos.
El 23 de diciembre pasado, con la presencia de los trabajadores del Registro Civil en el recinto de la Cámara alta, el Senado de la provincia sancionó el proyecto de ley por el que se crean 126 cargos en la repartición, se aprueba un listado de personas que irían a ocupar esos nuevos puestos y se instauraba un adicional para ser calculado en base a un cargo del Poder Judicial.

Por Decreto Nº 119, el gobernador Sergio Urribarri vetó parcialmente la iniciativa, de autoría del diputado y dirigente sindical de UPCN, José Allende. Si bien se habilitó la existencia de los nuevos puestos en el Presupuesto, se rechazó la nómina de trabajadores temporarios que serían destinados a esos 126 cargos.

Lo relevante del texto del Ejecutivo es que el fundamento central para rechazar la nómina de agentes es que, por imperio de la nueva Constitución, sólo el mecanismo de concurso habilita el acceso o el ascenso en la administración pública, tal como lo prevé el artículo 36 de la Carta Magna vigente desde noviembre del año pasado.

La cuestión avizora una colisión entre dos principios previstos por la Constitución: de un lado, cierto es que cumplir con la ley, hoy por hoy, sería el respeto irrestricto al mecanismo del concurso; del otro, no hay ley ni proyecto de ley que reglamente el concurso a la vez que la estabilidad del empleado público –a la que tendrían derecho los empleados temporarios del Registro Civil- fue ratificada por la Convención Constituyente.

Fundamento oficial

El Gobernador, en los considerandos del decreto hace saber que se pidió opinión, respecto del proyecto de ley, tanto a la Fiscalía de Estado como al Ministerio de Economía, que cuestionaron distintos aspectos de la iniciativa.

Diego Valiero, por un lado, apuntó que el listado de agentes, incluido en un anexo del proyecto, “puede ser claramente interpretado como una imposición del Poder Legislativo al Ejecutivo”, a la vez que invadiría atribuciones exclusivas del Ejecutivo como es la designación de personal en la administración pública “cuyo nombramiento no esté acordado a otro poder”.

Entre otros párrafos, además, se menciona la violación del artículo 36 de la nueva Carta Magna, en lo que a la disposición del concurso refiere como única vía para acceder a un cargo público.

Un problema más que un plus

Por otro lado, se veta el artículo 3º del proyecto de ley que “crea un adicional especial de carácter remunerativo que toma como cargo testigo el de Director del Escalafón Judicial y se establecen diferentes porcentajes de acuerdo a las categorías en que revistan los agentes”, se subraya en el decreto de veto parcial.

Se cuestionó que se tome, para base de cálculo, un puesto jerárquico de otro escalafón por cuanto esto “produce distorsiones mayores, teniendo en cuenta la conformación de las remuneraciones de ese sector y crea una complicación a la hora de analizar y definir la política remunerativa para sectores diferentes”.

Además, el Decreto Nº 119 impugna el monto de ese adicional. En una proyección “oscila entre los 1.818,08 pesos para una categoría 10 y 2.030 pesos para el caso de Jefe de Departamento, valores estos que resultan muy superiores a los vigentes para diversos organismos de la administración”. Se menciona, por caso, a la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Escribanía Mayor donde los plus salariales no superarían, en ningún caso, los 1.292 pesos.

“El personal que desempeña tareas en el Registro Civil ha sido uno de los sectores más postergados de la administración pública. La discusión sobre su importancia, en tanto institución jurídico social, y su jerarquización no puede seguir dilatándose en el tiempo”, subrayó Allende en los fundamentos a la vez que advirtió que “persistir en una actitud de espera y falta de soluciones deriva en una sola y perjudicial consecuencia: un estado permanente de conflicto que tiene como protagonistas a los trabajadores, quienes reclaman justamente una condición laboral más acorde a sus tareas”. El legislador y dirigente sindical logró convencer a sus pares y el texto fue sancionado.

En deuda

De algún modo, Allende estaba en deuda con el personal del Registro Civil. En el marco de la Convención Constituyente, y pese a la insistencia de estos trabajadores, la bancada del oficialismo que integraba al dirigente de UPCN, rechazó el proyecto por el cual el Registro Civil pasaba a depender del Poder Judicial, jerarquizando, de este modo, el salario y la función de los empleados.

Ante aquel fracaso, para la bancada oficialista se convirtió en un compromiso ineludible el de presentar una iniciativa de ley que al menos respondiera en parte a las viejas demandas de los agentes del Registro Civil.

Allende lo expone, de algún modo, en los fundamentos del proyecto de ley vetado parcialmente por Urribarri. Allí, el diputado asegura que “el personal que desempeña tareas en el Registro Civil ha sido uno de los sectores más postergados de la administración pública”. “La discusión sobre su importancia, en tanto institución jurídico social, y su jerarquización no puede seguir dilatándose en el tiempo”, subrayó Allende en los fundamentos a la vez que advirtió que “persistir en una actitud de espera y falta de soluciones deriva en una sola y perjudicial consecuencia: un estado permanente de conflicto que tiene como protagonistas a los trabajadores, quienes reclaman justamente una condición laboral más acorde a sus tareas”.

El presidente del bloque oficialista de Diputados logró convencer a sus pares y luego, a los Senadores. Pero llegó el veto del Ejecutivo que ha dispuesto que, si bien se crean los cargos, ya no tienen nombre y apellido. (Gentileza de Página Política)

Comentá la nota