Esta semana se conocieron convenios entre el Gobierno provincial y Nación por los cuales la Casa Rosada giraría más de 253 millones de pesos para dotar de infraestructura básica a cuatro localidades del departamento Rivadavia. Aunque en los papeles el acuerdo ya está abrochado y debería empezar a ejecutarse antes de fin de año, en los hechos puede que la lluvia de pesos sea sólo una garua.

Los decretos provinciales 1.203, 1.205, 1.207 y 1.209 del Ejecutivo salteño convalidan los acuerdos estrechados con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, cartera titularizada por Rogelio Frigerio. Los convenios están apuntados a obras de urbanización primaria para Rivadavia Banda Sur, La Unión, Coronel Juan Solá y Santa Victoria Este, todas localidades del departamento Rivadavia.

Independientemente de lo que éstos documentos prometen, hay un pasaje que se repite en los cuatro convenios y que anticipa la posibilidad de que no se concrete el envío de los fondos, y por lo tanto, tampoco las obras. Las millonarias inversiones que se conocieron esta semana, podrían quedar simplemente en una noble intención -o una gran farsa, según cómo quiera interpretárselo.

El apartado segundo de todos los convenios -los cuatro tienen idéntica estructura textual, sólo varían los lugares y montos de las obras- presenta la salvedad que el dinero se derivará a la Provincia “de existir partida presupuestaria suficiente”. No se aclara en ninguna otra parte de los convenios qué sucede si no existen efectivamente esos fondos, si los convenios quedan anulados o si se buscarán otras vías de financiamiento, lo que queda claro es que de no “existir” presupuesto suficiente, no habrá dinero que llegue desde Nación y tampoco hay una línea de acción clara para encontrar otra usina de fondos que costee esas obras.

Así las cosas, los acuerdos suscriptos por el Gobierno de Salta con sus pares nacionales son otra muestra de pálida capacidad de negociación. En los últimos tiempos, con sistemática torpeza, las crismas del Grand Bourg hicieron gestiones que trajeron menos rédito del que las autoridades nacionales prometen y el estado provincial celebra. Y es que en el fondo el ministerio de Frigerio consigna acuerdos con Urtubey pero no se los garantiza.

Esto se observa también en otros aspectos del convenio. El inciso h) del apartado sexto de los cuatro documentos estipula como obligación del Gobierno provincial “aportar los fondos complementarios necesarios para hacer frente a las obras, en el plazo y con las calidades convenidas”. Es decir, cuanto más se retarde la llegada de fondos, al compás de la inflación y la correspondiente devaluación de los valores fijos ya determinados por los convenios, la hacienda provincial deberá erogar cada vez más dinero para que se totalice la infraestructura prometida.

Asimismo, el Ministerio del Interior de la Nación tiene todas las facultades para controlar cual gendarme el desarrollo de las obras y el manejo financiero del dinero derivado a la Provincia. Empero, ante cualquier eventualidad, como ser conflictos laborales, suspensión de los planes, reyertas legales o lo que sea, el Gobierno de Salta se compromete a hacer “indemne” a la cartera nacional. Es decir, la gestión de Cambiemos mandará la plata si es que la tiene, si la manda puede vigilar cuanto quiera y si surge cualquier problema el único responsable es el Gobierno provincial.

Mas, el gobernador -quien firma los convenios en representación de la Provincia- se compromete a informar en un plazo no mayor de 72 horas el inicio, avance y finalización de las obras, así como también a correr con todos los gastos que impliquen las transferencias bancarias, y a incluir en la contabilidad pública del Estado provincial los fondos como inyecciones aportadas por la cartera de Frigerio. Como se ve, difícilmente el Gobierno provincial podrá vanagloriarse de haber hecho esas obras –si acaso se concretan-, ya que los convenios plantean un escenario en el que la apropiación discursiva, simbólica y política de las acciones será casi exclusivamente del Gobierno de Cambiemos.

Tiempos (sin)copados

Específicamente, los convenios marco se firmaron el 22 de junio pasado, aunque recién se los convalidó a nivel local a través de los decretos antes citados, publicados el martes pasado en el Boletín Oficial. Las partes intervinientes en los acuerdos fueron la “Provincia de Salta”, en la efigie de Juan Manuel Urtubey, y la Secretaría de Vivienda y Hábitat, titularizada por Domingo Luis Amaya y dependiente del ministerio de Frigerio.

Según las indicaciones planteadas en el apartado octavo, el Gobierno provincial tenía un plazo de quince días para informar la o las cuentas en las que recibiría los depósitos del Ministerio del Interior. En números exactos, los documentos puntualizan $58.955.449 para Rivadavia Banda Sur (decreto 1203/16), $56.955.449 para La Unión (decreto 1205/16), $103.796.471 para Coronel Juan Solá (decreto 1207/16) y $33.411.231 para Santa Victoria Este (decreto 1209/16). En total, más de 253 millones ($253.061.504).

Si las águilas de Grand Bourg se despabilaron, se deduce que ya cumplieron con informar en qué cuentas financieras esperan los giros de la Nación. El ministerio, nuevamente dejando traslucir cuál de las dos partes es la que manejó la batuta de las negociaciones, no tiene ninguna prescripción sobre cuándo debe girar los fondos.

De todos modos, un ejercicio de deducción permite acceder a ciertas precisiones. Los convenios apuntan que los pagos se realizarán en cuatro partes, las dos primeras con dinero extraído del presupuesto para 2016 y las otras dos como parte del ejercicio contable del año próximo. Como se indica que una vez que se depositen los fondos la Provincia tiene 30 días para iniciar la ejecución de las obras (apartado quinto), noviembre sería la fecha límite para la llegada del primer pago del botín.

El plazo que tienen las acciones destinadas a dotar de “infraestructura básica” para el “fortalecimiento comunitario” a Rivadavia es de 180 días una vez que se inicien las tareas en campo. Si, como se ha dicho, las obras comienzan sobre el límite del año, es decir a fines de diciembre, deberían estarse concluyendo a mediados de 2017.

¿Y el Plan Belgrano?

El titular del mentado Plan Belgrano, quien tiene rango y sueldo ministerial, José Cano, afirmó días pasados que los ingresos para las provincias en el marco de ese proyecto de reparación histórica para el NOA y NEA se incluirán en las partidas presupuestarias del año próximo. Reconoció, connotadamente, que no se girará dinero en este 2016.

El Plan Belgrano se plantea objetivos sumamente ambiciosos con una liviandad que se constata en la longitud del proyecto tantas veces nombrado (cuenta sólo con 9 páginas). A más de ocho meses desde que asumió Cambiemos, se ha realizado una sola acción en concreto de las que puntea el Plan: quitar y disminuir las retenciones al polo agroexportador. Sin embargo, cada visita de un funcionario nacional a la provincia se ha utilizado para fijar al Plan como uno de los ejes del Gobierno en lo que al norte refiere. Es, antes que nada, un significante del discurso oficialista, lo que los publicistas llaman “brief”, es decir, más un esquema de marketing empresarial que un plan de gobierno.

El marasmo en el que está sumido el Plan Belgrano como acción de gobierno, contrariamente a su muy activa presencia en el discurso mediático de las figuras del Ejecutivo nacional, no tiene fundamento. Los dólares que prometían los latifundistas ya deberían haber llegado, la prometedora campaña del trigo y el acopio de soja que se valuaba en 6 millones de moneda americana le permitieron al Gobierno argüir la necesidad de mitigar retenciones.

La devaluación fue otra gran noticia para los exportadores y todos aquellos que manejaban divisas internacionales. El pago a los bonistas de la usura financiera, inmortalizados en el imaginario nacionalista como “fondos buitres”, sirvió para que los mandamases mundiales del capital felicitaran a Argentina y le otorgaran la salida del default; en otros términos, le devolvieron confianza crediticia para que pudiera endeudarse nuevamente.

No se descubre nada arribando a la conclusión de que el segundo semestre no trajo la jurada promiscuidad inversora a pesar de ese marco que en los primeros meses de Cambiemos se explicó como el más promisorio. Lo que sí se cumplió fue el proceso de creación de pasivos, que los medios oficialistas –por fetiche técnico o como eufemismo para ocultar el crudo endeudamiento- mencionaron como “colocación de bonos”.

Léase la jugada política en esto último: se allanó el escenario en el mercado internacional para que la deuda la tomen los gobiernos provinciales y no la Nación, por supuesto que la Salta de Urtubey, ingenua aliada estratégica, fue una de las primeras en morder el anzuelo pergeñado por Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación. Tomó deuda en Europa tras el Brexit, con una tasa de interés de poco más del 9% -la más alta de todas las que obtuvieron las provincias que negociaron empréstitos-.

Aun así, los ensueños del Plan Belgrano, que ya se vociferaban en la campaña presidencial previa a las elecciones generales de octubre del año pasado, no se vienen cumpliendo y, todavía más decepcionante, no se cumplirán durante este año. Recién en 2017, si aún cabe confiar en la palabra de Cano, se derivarán fondos a los distritos del NOA y NEA.