Gioja ordenó un sumario para investigar las expropiaciones

Sospechan de anomalías por montos millonarios. Fiscalía de Estado y Tribunal de Tasaciones, en la mira.
El gobernador José Luis Gioja se metió de lleno en las polémicas expropiaciones que le demandarán al Estado el pago de cifras varias veces millonarias y ordenó por decreto un sumario administrativo para determinar si hubo irregularidades y quienes son los eventuales responsables. La reacción se debe a los resultados de un sondeo previo, que reveló la existencia de procedimientos judiciales que despiertan dudas en Casa de Gobierno. Se sospecha que se fijaron precios desmedidos a partir de supuestos errores, negligencia o dolo en Fiscalía de Estado y el Tribunal de Tasaciones y hasta se mira de reojos la actuación de algunos magistrados. En el decreto, Gioja le pidió ayuda a la Corte de Justicia.

Es poco usual que un gobernador pida personalmente un sumario administrativo, algo que generalmente queda reservado para sus subordinados, lo que refleja la voluntad de Gioja de seguir de cerca el proceso y llevar a fondo la investigación. Aunque en Casa de Gobierno ya miraban el tema con lupa, es la primera vez que se toma una medida concreta para determinar si algunos de los agentes del Estado que intervienen en las expropiaciones fueron autores, por negligencia o dolo, de manejos que perjudicaron las arcas provinciales por pagos injustificados por la compra de terrenos.

El decreto 0247 recién se conoció ayer y es una consecuencia directa de un investigación que Gioja le pidió el año pasado a Guillermo De Sanctis, uno de sus asesores. Fuentes calificadas aseguraron que el funcionario detectó hechos presuntamente irregulares en los procedimientos judiciales que se están llevando a cabo por las expropiaciones que se hicieron hace años para construir el dique Cuesta del Viento, el Parque de Mayo y el Canal Benavidez. En los tres casos, el Estado fue condenado a pagarle a los propietarios de esas tierras montos que en Casa de Gobierno consideran desmedidos y producto de maniobras poco claras (Ver Juicios millonarios).

En uno de los considerandos, el gobernador dice que esas expropiaciones "comprometen significativamente el erario público, a la vez que podrían derivar eventualmente en un posible perjuicio al mismo". Además, habla de la necesidad de "un adecuado funcionamiento de la administración pública" y de "un máximo celo en el resguardo de los fondos públicos".

El sumario administrativo alcanza a todos los profesionales de Fiscalía de Estado y del Tribunal de Tasaciones que hayan participado en esas expropiaciones. El primer organismo defiende a la provincia en los juicios que le inician los particulares para cobrar por la expropiación de sus terrenos y el segundo, se encarga en representación del Estado de calcular el precio de los inmuebles.

La investigación podría terminar en exoneraciones de eventuales culpables y alcanza a todos, sin excepción. El decreto dice que todos los funcionarios -incluyendo a las máximas autoridades- y empleados de las dos reparticiones, sea cual sea su jerarquía, deberán colaborar con el sumario.

En una especie de intento por comprometerlos a ayudar en la investigación, en el último artículo, Gioja les requiere a los ministros de la Corte de Justicia que faciliten copias de las causas en cuestión. Y a propósito de la Justicia, en despachos oficiales aseguraron que también hay dudas respecto al accionar de jueces de primera instancia que desecharon el dictamen del Tribunal de Tasaciones, que es clave para el proceso.

A raíz de esta situación, el Ejecutivo tiene listos dos proyectos de ley que enviará en el corto plazo a la Legislatura para modificar el procedimiento de expropiaciones. Uno busca que sea ineludible la participación del Tribunal de Tasaciones en el proceso y el otro, que cada parte se haga cargo de los honorarios de sus abogados en este tipo de juicios.

No es la primera vez que el Ejecutivo pone el ojo en los juicios que le significan desembolsos desmedidos. El año pasado, echó a dos abogados que intervinieron en causas donde la provincia tenía plata a cobrar. Un sumario determinó que dejaron vencer plazos y ahora, en lugar de recuperar el dinero, el Estado tiene que pagar más de 10 millones de pesos en honorarios profesionales.

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