Gioja defendió el veto por hielos continentales

El diputado Juan Carlos Gioja defendió el veto de la Presidenta sobre la ley 26.418, referida a los presupuestos mínimos de protección de los glaciares al sostener que “se trataba de un proyecto con enormes contradicciones”.
El diputado nacional Juan Carlos Gioja que opinó ayer respecto al veto de la ley “a raíz de la situación creada intencionalmente mediatizando parcialmente los alcances de la medida del Poder Ejecutivo”. Al respecto sostuvo que “el veto era una actitud necesaria porque no respeta la jurisdicción provincial y se transforma en un conjunto incoherente de prohibiciones que generan fuertes contradicciones”.

El diputado, que se manifestó “a favor de la necesidad de cuidar los recursos naturales, el medio ambiente y el equilibrio de los eco sistemas”, fustigó duramente “la cantidad de inexactas versiones periodísticas donde personajes iluminados de la sociedad aparecen como defensores de estos principios”.

Asimismo Gioja dijo que “en realidad, la mediatización de una versión antojadiza del veto esconde una actitud autoritaria no diciendo la verdad respecto de los errores cometidos en el texto que contiene contradicciones insalvables en la norma y de la irregularidad sobre cómo se procedió con el trámite del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación”.

El legislador indicó, igualmente, que “corresponde al Estado nacional reglar los presupuestos mínimos en cuestiones ambientales, lo que significa establecer en forma general los parámetros en materia de la forma en que deben realizarse las actividades de forma de no afectar al medio ambiente, pero la implementación y el control corresponde a las provincias”.

Asimismo agregó que “las normativas para el cuidado de los recursos y del ambiente ya existen para cada industria en particular, como por ejemplo la ley Ambiental Minera y en cada provincia hay medidas de autorización previa y de control que en el caso de la minería es muy estricta”.

Para el diputado, “el texto de la ley 26.418 además adolecía de definiciones claras respecto a los ambientes periglaciares y de que podría afectar emprendimientos de seguridad aduanera en zonas de frontera, así como emprendimientos turísticos, de hidrocarburos y mineros en la zona de alta montaña, ya alcanzados por las normativas vigentes para cada actividad”.

Consecuentemente consideró “improcedente en este momento establecer un registro de glaciares, porque la mayoría de ellos se encuentran en la frontera con Chile, cuyo límite está en proceso de demarcación, por lo que en varios de esos glaciares hay dudas acerca de qué país tiene soberanía sobre ellos”.

El rápido trámite legislativo

Por otro lado, el diputado nacional Gioja puso en tela de juicio “el singular procedimiento parlamentario que tuvo la norma, y que le permitió que en apenas un mes y medio se transformara en ley, gracias a que se obvió el tratamiento acabado del tema en comisiones claves y con representantes de todas las provincias”.

El diputado se quejó de que “en honor a la verdad, el procedimiento realizado para que el proyecto bajara al recinto no facilitó el debate en las comisiones por las que el proyecto estaba obligado a ingresar, gracias a una resolución de la Presidencia de la Cámara, que suprimió la obligación de que fuera tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda”.

Gioja culpó de ello al presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Miguel Bonazo, porque “tramitó dicha excepción intencionalmente, para evitar la búsqueda del consenso a fuerza de una perversa especulación política y sospechosa”.

Ante esto, Gioja avaló sus dichos mencionando que “la resolución que abortó el paso del proyecto a otras comisiones se produjo el mismo día de la sesión en la que se trató la prórroga del impuesto a los débitos y créditos bancarios y el Presupuesto nacional, que fueron votados afirmativamente por el diputado Bonazo, algo que no había hecho en otros años por su oposición hecha pública a tales normas”.

Para Gioja, la metodología empleada para llevar el proyecto al recinto es legal, pero no legítima, más aún cuando al poner a consideración el proyecto no se informó del procedimiento realizado y se mandó a votar en forma conjunta con otros ocho expedientes más haciendo explícito solamente el número de referencia de los trámites, pero ni siquiera la carátula de los mismos”.

Por eso es que el diputado Gioja hizo público su acuerdo “con lo sugerido por el Poder Ejecutivo nacional en su veto, de conformar una comisión con legisladores, autoridades nacionales y provinciales y demás sectores involucrados, para que sea posible construir una norma coherente sobre este tema”.

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