Giacomino quiere regular los convenios de concertación

Los concejales inician esta semana el debate del marco regulatorio para los acuerdos de concertación público-privada. Comenzarán a analizar los proyectos presentados mañana en la Comisión de Desarrollo Urbano.
Las dificultades que tuvo que superar el convenio firmado por el municipio con la empresa Edisur para lograr su aprobación en el Concejo Deliberante hizo replantear al intendente Daniel Giacomino la estrategia utilizada con respecto a la concertación público-privada, uno de los pilares de la actual gestión municipal.

Retomando la idea inicial, frustrada por la falta de consenso en el bloque del Frente Cívico, el jefe comunal quiere contar con un marco regulatorio, a partir del cual debatir cada uno de los proyectos en carpeta vinculados a la concertación. De esta manera, se busca contar con una normativa en la cual se sustenten los futuros convenios, a fin de evitar el desgaste que significó el tratamiento del primer acuerdo con el que se puso en marcha el instrumento adoptado por el municipio cordobés.

El debate se iniciará mañana en la Comisión de Desarrollo Urbano. Se analizarán los dos proyectos presentados que proponen un marco regulatorio a la concertación: el de la concejala oficialista Marta Juárez y el del bloque Eva Duarte.

Si embargo, es de esperar que el de Juárez sea el que finalmente se tome como base de análisis. El mismo toma los lineamientos básicos de la propuesta presentada originalmente por el Ejecutivo, pero agrega nuevos elementos. Por ejemplo, propone que el cálculo de la plusvalía sea realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fija además la tasa de la plusvalía en 60 por ciento en el caso de obras dentro del predio objeto del cambio de la normativa; 35 por ciento si las obras que se proyectan no presentan un beneficio directo al predio en cuestión; y de 45 por ciento si las obras son beneficiosas tanto para el predio como para la ciudad.

Por otra parte, establece la obligatoriedad de doble lectura para la aprobación de los convenios en el Concejo Deliberante, con lo cual queda garantizada la realización de una audiencia pública, en la que los vecinos puedan exponer su opinión sobre el proyecto a desarrollar.

Finalmente, la iniciativa de Juárez deja establecido el destino de los fondos originados en la plusvalía empresaria: 50 por ciento en infraestructura social (puentes, caminos, parquizaciones, etcétera), 20 por ciento en infraestructura del sistema de salud (construcción y/o reparación de dispensarios o centros de salud municipales) y 10 por ciento en políticas sociales (programas de violencia familiar, culturales y deportivos).

Fuentes consultadas, adelantaron que seguramente el proyecto sufrirá algunas modificaciones. Por caso, la idea es no limitar la participación del cálculo de la plusvalía a la Universidad Nacional de Córdoba, sino abrir el juego a otras entidades para no quedar atados a una sola institución.

Cabe recordar que el proyecto presentado en su momento por el bloque Eva Duarte es similar al del oficialismo. El mismo regula el porcentaje de participación sobre la plusvalía en los convenios urbanísticos con la Municipalidad, así como también establece lo que se entiende por «plusvalía», el procedimiento para su cálculo, el monto de la tasa de participación que se imputará a la misma generada por el cambio normativo (según se trate de obras que deban ser realizadas en la zona objeto del cambio de norma o fuera de ella), así como la forma de pago de tal porcentaje de participación de la plusvalía.

Comentá la nota