Giacomino pidió que intervenga la Legislatura

El intendente Daniel Giacomino afirmó ayer que "debería intervenir la Legislatura" en el caso del legislador Miguel Ortiz Pellegrini por...

El intendente Daniel Giacomino afirmó ayer que "debería intervenir la Legislatura" en el caso del legislador Miguel Ortiz Pellegrini por su patrocinio legal en demandas millonarias contra la

Tamse, pese a que su carácter de parlamentario lo inhibe de litigar contra el Estado en causas patrimoniales.

Requerido sobre si va a presentar un pedido formal a la Legislatura, Giacomino dijo que no por entender que "los legisladores son lo suficientemente serios para tomar las decisiones que correspondan", una especie de galantería que no disimula su interés en que el caso llegue a la Unicameral.

El jefe comunal formuló estas declaraciones en el acto realizado por el emprendimiento de urbanización "Manantiales", surgido de un acuerdo entre el municipio y el Grupo Edisur, por el cual la comuna flexibilizó normas de construcción para recibir como contraprestación obras públicas en la ciudad.

Giacomino admitió estar preocupado por la significación de las más de 700 demandas de choferes contra la Tamse por diferencias de haberes, que lo colocarían al municipio ante la posibilidad cierta de hacer frente a obligaciones por cerca de 20 millones de pesos.

Señaló que es clara la prohibición constitucional de litigar patrimonialmente contra el Estado y que también esa restricción estaba en la Carta Orgánica y pesaba sobre funcionarios y concejales de la ciudad.

En este caso, la referencia fue al concejal juecista Fernando Machado, socio del estudio jurídico de Ortiz Pellegrini y presuntamente también abogado patrocinante de choferes de Tamse en la millonaria demanda.

El intendente confirmó, no obstante, que si las causas que se encuentran actualmente en el Tribunal Superior de Justicia, son confirmadas por el máximo organismo judicial de Córdoba, apelará estas sentencias ante la Corte Suprema.

El trámite es de un éxito improbable pero le permitiría un margen de tiempo para no tener que hacer frente en los próximos meses, a erogaciones que el municipio no podría afrontar con recursos ordinarios.

Sobre el caso particular del concejal Machado, el intendente debe responder a un pedido de informes del Concejo Deliberante que debería dejar en claro la presunta participación del edil en las demandas contra la empresa municipal.

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