Interrumpió una reunión áspera con dos funcionarios cuando un colaborador entró y le dijo que los taxistas se estaban yendo. Era jueves a la tarde y el Concejo acababa de aprobar con 21 votos sobre 24 la ordenanza contra Uber. La plana mayor de la dirigencia de los taxistas se retiraba del municipio a pura celebración. Y Arroyo no perdió la oportunidad de zambullirse en esa algarabía.

La escena retrata la injerencia cada vez mayor de la campaña en la gestión. En otro momento el intendente hubiera permanecido en su despacho. Con las elecciones tan cercanas en el horizonte, las prioridades cambian.

La ordenanza que busca ahuyentar a Uber fue sancionada en tiempo récord. La comisión de Transporte le dio despacho al proyecto el mismo día que el Ejecutivo lo presentó. Veinticuatro horas después la norma estaba aprobada. Seis días habían pasado del desembarco de la plataforma a la ciudad.

En su afán de ponerse a la cabeza del envalentonamiento contra Uber, Arroyo incurrió en torpezas. Dijo que desconocía si era senador o diputado el dirigente que lo había impulsado en la provincia. Refería a Guillermo Castello, a quien debería conocer con más aproximación: fue elegido en la misma boleta sábana con la que él llegó a la intendencia.

El diputado que, también con imprudencias, emergió como el principal defensor de la aplicación en Mar del Plata lo contraatacó por el flanco más débil: dijo que Arroyo no logra entrar en el siglo XXI.

Hay otros detalles que marcan cómo la campaña de Arroyo se empezó a cruzar con la gestión. Empezó a vocear la posibilidad de un veto al aumento de boleto. Una opción que, en esta instancia preliminar del debate, suena tribunera. Los empresarios presentaron dos pedidos de recomposición tarifaria en un lapso de diez días. En el primero adujeron mayores costos por inflación. En el segundo mencionaron el traspaso de los subsidios de la Nación a la Provincia y el límite que el gobierno bonaerense puso a esos desembolsos. Los transportistas advierten que, así como están las cosas, habrá casi 120 millones de pesos en subsidios que este año nadie les aportará. Observan que ese monto debe salir de la coparticipación provincial o del aumento tarifario. De ahí la última presentación ante el gobierno municipal y el Concejo.

La primera amenaza de una medida de fuerza ya fue cursada. Los empresarios le advirtieron a la UTA que no podría abonar el último aumento salarial si no sube el boleto. El gremio de los choferes presionará cada vez con mayor énfasis a la comisión de Transporte para que apruebe un incremento. Ese es el panorama que le espera al debate. No el que ahora, desde una perspectiva puramente electoral, explora Arroyo.

El jefe comunal pidió que le organicen una o dos reuniones con vecinos por semana. También acompañará a los funcionarios nacionales y provinciales que lo dejen hacerlo. No todos quieren tenerlo cerca y algunos lo aborrecen, pero en política esos suelen ser pormenores superfluos.

Vilma Baragiola también cumple con esa agenda. Confiada en los números, evita los debates calientes y opta por la cautela. Guillermo Montenegro no le pierde pisada a ningún ministro. En esa labor el más aplicado. Sigiloso, Maximiliano Abadtambién talla en la interna.

Las maniobras podrían precipitarse si Macri y Vidal definen, finalmente, adelantar las elecciones en la provincia. El gobierno sostiene que eso tendría como beneficio focalizar la elección en los asuntos provinciales y locales, pero como desventaja el gasto que implicaría y la cantidad de veces que habría que ir a las urnas. Omite otra lectura que surgiría casi al instante: la de la conveniencia electoral de trastocar las reglas de juego.

El Ejecutivo local todavía tiene abierto el frente con los municipales. El tiempo de la conciliación se está agotando. El martes vence el plazo que puso en Ministerio de Trabajo y solo quedaría lugar a una prórroga por otros cinco días hábiles, hasta el 5 de febrero. El acuerdo es una necesidad imperiosa. Lo contrario sería volver al caos de comienzos de enero.

No hubo, en medio de ese tire y afloje con el gremio de Gilardi, señales para sostener la austeridad que predica el jefe comunal. En los últimos días hubo nombramientos que irritaron a parte del oficialismo y la oposición. Los más controvertidos son los de tres coordinadores en la Secretaría de Educación. Habrá más de un pedido de informe.

También habrá reclamos de explicaciones por el escándalo de las cabañas frente al mar en terrenos municipales. El Emtur demoró una eternidad en ponerle freno. Los vecinos repiten que el ente sabía lo que sucedía y no hacía mayores esfuerzos por impedirlo. Tarde o temprano, Gabriela Magnoler deberá rendir cuentas en el Concejo.