Una mujer radicó una denuncia penal porque su esposo, quien padece de Alzheimer, fue maltratado física y psíquicamente por personal de un geriátrico de la localidad.
Fuentes oficiales informaron a esta agencia que el intendente Roberto Zamora recibió un oficio de parte de la fiscalía, a través del cual se solicitaría información sobre el geriátrico donde fue alojado un adulto mayor que -según su familia-, poco tiempo después presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, y hasta llegó al hospital con signos de desnutrición y deshidratación.
Por otra parte, desde el municipio ya habría hecho un relevamiento de los geriátricos que funcionan en General Acha, en los cuales se habrían constatado algunas irregularidades, las que fueron posteriormente remitidas a la Dirección de Adultos Mayores de la provincia.
Inspecciones.
La intensificación de las inspecciones a este tipo de establecimientos comenzó a llevarse a cabo a partir de las exigencias efectuadas por parte del Concejo Deliberante que, preocupado por la existencia de geriátricos clandestinos, pidió mayores controles al Ejecutivo comunal, a través de un proyecto de resolución aprobado por unanimidad en mayo de este año.
El pedido concreto del cuerpo deliberativo consistió en exigirle al jefe comunal Roberto Zamora que, por medio de las áreas de Acción Social, Bromatología, y Obras Públicas, se intensificaran los controles con el objeto de verificar si los establecimientos cumplían o no con las normativas que regulan la actividad.
A partir de esta iniciativa, los ediles pretendían desarticular aquellos centros que funcionan en la clandestinidad, o en todo caso, sin respetar lo estipulado por la ordenanza vigente, que regula su actividad en la ciudad.
Sin registro.
La propuesta de Adriana Beatriz Leher (Comunidad Organizada), nació a partir de la existencia de casas de familia dedicadas a la atención y cuidado de la tercera edad que no estaban registradas como geriátricos en la localidad.
La situación preocupó a la edila de la oposición, habida cuenta que se registraban casos de hacinamiento en aquellos lugares que funcionan en la clandestinidad.
Los concejales pusieron énfasis en la vigencia de la ordenanza 20/09 que adhiere a la ley 2130 y al decreto 273/05 de la provincia, que regula el funcionamiento de los geriátricos, con o sin fines de lucro, en toda la jurisdicción de la comuna local.
Como consecuencia de los controles municipales, hubo establecimientos que cerraron sus puertas, en tanto que otros continuaron con la actividad a pesar que tendrían algunas irregularidades. Uno de esos geriátricos, sería justamente donde el adulto mayor habría recibido todo tipo de maltratos, lo que derivó en una denuncia penal, que su esposa formuló hace unos días ante la fiscalía local.
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