La situación judicial de Clyde Kloster -la propietaria del geriátrico que aun clausurado tenía encerrados en su interior a al menos siete adultos mayores- se complica seriamente, a partir de que se acumulan irregularidades, anomalías y la investigación de delitos, a medida que se profundiza la pesquisa y se confirman testimonios de los familiares.

Aunque para no perjudicar la investigación las autoridades mantienen un cerrado hermetismo en torno a la causa, El Diario pudo saber que al margen de las anomalías ya conocidas el fin de semana, se dieron pasos para comprobar situaciones de mayor gravedad aún, como el hecho de que en diciembre del año pasado se habría “escondido” -por parte de la propietaria- a un adulto mayor cuando se hizo la inspección que derivó en la clausura definitiva. La familia de otro abuelo tampoco se enteró de que a su pariente lo habían retirado y hay una firme sospecha de que una allegada a Kloster se habría hecho pasar por familiar del abuelo para fingir su “retiro” y después regresarlo.

El geriátrico “San Cayetano” fue advertido reiteradamente por las anomalías a lo largo de todo el año pasado. En diciembre, ante los incumplimientos, se dispuso la clausura definitiva. Pero la semana pasada, a partir de la denuncia de un vecino, se comprobó que tenían a al menos siete abuelos en el lugar, a los que encerraron en una habitación para evitar que los descubrieran. En ese mismo lugar había dos chicos durmiendo.

Como parte de la investigación, se secuestró documentación de al menos otros 20 adultos mayores, que no son ninguno de los siete que fueron rescatados en esta ocasión. Las autoridades trabajan para saber qué es de esas 20 personas: saben que en algunos casos se produjo el fallecimiento, pero están haciendo tareas para determinar si el resto volvió con sus familias, si fue a parar a otro geriátrico o si está de alguna manera oculto.

“Encerrados”

Mientras tanto, la directora de Sanidad y Control de Actividades Económicas del municipio, Daniela Bejar, recordó que el día de la inspección en el lugar de la calle Don Bosco, “en un principio (los propietarios) dijeron que no había nadie, a la vista no había personas y ella (Clyde Kloster) decía que estaba por llegar el camión de mudanzas, pero cuando quisimos ver la última habitación no se nos permitió y por eso pedimos asistencia policial”.

Los propios abuelos -reveló- “dijeron que los tenían encerrados varias veces a la semana por si venía una inspección y también contaron que los trasladaron a algunos otros lugares, que se van a revisar”.

Respecto de la intervención del Poder Judicial, la funcionaria municipal explicó que “cuando pedimos la documentación para acreditar quiénes son las personas que tiene adentro, dijo no tener documentación, por lo cual también se pidió una orden de allanamiento para retener documentación porque no tenemos facultad para esto”.

De los siete adultos mayores que se encontraron en el lugar, dos ya habían sido retirados en diciembre, cuando se produjo la clausura definitiva. “De las dos personas que estaban en el mismo lugar antes de la clausura, y que volvimos a encontrar ahora, se encontró otro delito también. No lo puedo comentar todavía porque la jueza tiene que autorizar. Pero consta en actas otra irregularidad, y el sábado encontramos otra irregularidad más con otro familiar. Uno de esos familiares había retirado a su mamá y la volvió a llevar con conocimiento”.

Bejar aseveró que, además de estar funcionando fuera de normativa, “el lugar no estaba acondicionado. Estaba desordenado, falto de limpieza, no había indicios de que hubiera personas, estaba todo revuelto. Incluso el pasillo hacia el acceso a la habitación donde estaban los abuelos estaba bastante obstruido”.

Respecto de la salud de los abuelos, comentó que, de acuerdo al estudio médico, “hemodinámicamente estaban estables, se encontraban bien”. Pero “la sicóloga notó que estaban alterados, nerviosos. Ahora, algunos fueron a otros geriátricos, los derivó su familia. Creo que dos volvieron con sus familias”.

Ante una consulta puntual que le hicieron, comentó que “la reacción de las familias fue de asombro, y de enojo en el caso de la persona que ya sabía y lo volvió a llevar. Es también no saber qué hacer, porque esto es, muchas veces, que no se sabe resolver una situación en la casa, a veces se busca otra alternativa... se sienten bastante compungidos los que son responsables”.

Al definir la situación actual, explicó que “continúa la clausura definitiva y el municipio no tiene otro tipo de sanción, más allá de multas; sí los tiene la Justicia provincial”.

Acerca del panorama general respecto de los geriátricos en la ciudad, diagnosticó que el tema “controlado no está, controlado va a estar cuando todos estén habilitados”. De todos modos, “seguimos detectando... de un tiempo a esta parte recibimos muchas denuncias, es bastante difícil detectarlos porque funcionan en casas de familia y cuando tienen la intención de hacerlo clandestino, una vez que ingresan los abuelos tratan de que no se vean movimientos, que los abuelos no se acerquen a las ventanas”.

“Hay mucho desconocimiento de los familiares en cuanto a lo que se debe exigir en un geriátrico y, además, las personas que tienden a incumplir saben engañar con mucha habilidad”, completó.