Gentile: A Ortiz Pellegrini debe juzgarlo la Legislatura.

Así se expresó el tres veces convencional y titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la UNC, sobre la polémica cédula de notificación del 23 de diciembre pasado, cuando el legislador juecista estampó su rúbrica en presunta representación de choferes que litigan contra la Tamse.

Jorge Gentile es una de las voces más autorizadas en la materia, porque ha sido varias veces legislador y convencional, y litigado, pero no simultáneamente, contra el Estado. Sostuvo el experto que es la Legislatura la que debe establecer la eventual sanción por el "error" cometido por el presidente del bloque del Frente Cívico.

Periodista: ¿Puede un legislador litigar contra el Estado?

Jorge Gentile: En el caso de los legisladores provinciales hay una prohibición expresa en el artículo 88 de la Constitución de la Provincia que les prohíbe litigar en causas patrimoniales contra el Estado nacional, provincial y municipal, salvo que lo hagan por derecho propio.

P.: Hay un caso puntual que se está debatiendo en estos momentos en Córdoba, el de Miguel Ortiz Pellegrini. Para muchos, haber firmado una cédula de notificación de sentencia arrogándose representación sobre sus clientes o ex clientes, es un acto procesal, es decir su patrocinio está activo...

J.G.: Si él hubiera recibido la cédula de notificación en su estudio y teniendo en cuenta que posiblemente en ese juicio él tenga un interés propio en cuanto a honorarios, eso sería factible. Ahora, lo que parece ser que ha ocurrido en este caso particular es que él ha hecho una diligencia en la barandilla del Tribunal Superior de Justicia, una cédula de notificación que no va dirigida a él solamente sino también a todos los actores y a su hijo que es también abogado.

Me da la impresión que eso puede ser un error. Si hubiera recibido la cédula en su estudio particular, él podría decir "no estoy patrocinando".

P.: ¿Ese error es reprochable legalmente?

J.G.: Es un error. Cuál es la sanción que se le puede aplicar por eso, bueno, es un problema que tendrá que determinar la Cámara (por la Legislatura). Parece ser que él alega que lo ha hecho en derecho propio, pero quizás el error haya sido haber recibido la cédula con el nombre de todos los actores.

P.: Usted ha sido funcionario y abogado litigante contra el Estado. ¿Hacía renuncia expresa cuando debía asumir en un cargo público?

J.G.: Sí. Quizás lo más prolijo sea hacer renuncia expresa, pero puede ocurrir que uno no lo haga pero de hecho no lo ejerce. No se trata simplemente de ser patrocinante sino también de ejercer el patrocinio. Acá lo que puede haber sido un error es haber recibido la cédula firmando una diligencia. Incluso, hay un manuscrito arriba de la firma que no sé a quién pertenece...

P.: Algunos afirman que es de su puño y letra...

J.G.: Creo que si en la Legislatura se ha hecho una comisión para el caso, se le dará el derecho de defensa y él va a poder explicar eso, si lo escribió él o no, si ha sido un error porque no se dio cuenta.

P.: Nadie puede alegar a favor de sí su propia torpeza.

J.G.: Por eso digo un error. No sé el grado de culpabilidad que hay y la sanción que se le puede aplicar. No estoy en ese tema y además no está tipificado. En otros parlamentos hay código de ética, y para muchas de estas cosas está hasta establecida la sanción que le corresponde. En este caso particular, es amplia la discrecionalidad que tiene la Legislatura para poder calificar una conducta de esta naturaleza.

P.: La causa, en el mejor de los casos, sigue siendo patrocinada por otros miembros del mismo estudio, incluso uno de ellos con vínculo de sangre, como es su propio hijo. ¿En un caso similar, usted haría lo mismo?

J.G.: No hay una norma expresa que diga que no se puede hacer, pero indudablemente crea una sospecha.

P.: ¿Se puede sospechar que es una maniobra simulada?

J.G.: Sí. Lo que pasa es que un acto que despierta sospecha. Quizás lo más prolijo es que en un caso de esa naturaleza, el que lo lleve (al caso) sea otra persona con otro domicilio.

P.: Usted sostiene que al artículo 88, que fija la prohibición, le podría hacer algunas objeciones, por entender que la inhibición debe ser de un funcionario provincial para con el Estado provincial, no para municipios o Nación...

J.G.: Sí, pero no en este caso, del momento que uno acepta, que el legislador ha jurado la Constitución.

P.: Ortiz Pellegrini ha alegado que él no ha litigado contra el municipio sino contra la

Tamse.

J.G.: Es una empresa del Estado, del municipio.

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