Gauna admitió que el anexo es para evitar nueva toma del Concejo

El secretario de Desarrollo Social señaló que buscan establecer pautas de convivencia. Pero negó que cercenen un derecho constitucional: "El ámbito de las asambleas no son las dependencias municipales".
Las cooperativas de trabajo que el 20 de octubre tomaron el Concejo Deliberante denunciaron que junto con los contratos, la Municipalidad pretendía que firmaran un anexo que les limitaba su legítimo derecho a manifestarse. El secretario de Desarrollo Social de la comuna, Fernando Gauna, negó que ese sea el espíritu del convenio, pero sí admitió que el objetivo es evitar situaciones como la vivida el mes anterior, cuando las organizaciones ingresaron al Palacio Comunal.

El polémico punto del anexo especifica concretamente que están prohibidas las asambleas y manifestaciones dentro de dependencias comunales. "Es un anexo que marca cómo se debe manejar la relación contractual", indicó Gauna, quien remarcó que se trata de 35 cooperativas que nuclear a 650 trabajadores. "Si a todos se les ocurre hacer una asamblea en el hall de la Municipalidad la paralizan", ejemplificó el funcionario, que entendió que el ámbito natural para el debate entre los trabajadores no son las dependencias comunales, sino las sedes de las cooperativas.

"Nuestra intención no es impedir un derecho constitucional que está garantizado. Buscamos establecer reglas de convivencia. No es una limitación al derecho a manifestarse ni peticionar", remarcó el secretario de Gobierno.

Otro de los puntos cuestionados por integrantes de algunas cooperativas es el que marca que sólo el presidente de la cooperativa tendrá la posibilidad de efectuar algún tipo de reclamo, ante la Unidad de Gestión, un organismo conformado por Ente municipal de Servicios Urbanos y el de Vialidad, Obras Sanitarias, la Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Productivo, Asuntos Agrarios y Marítimos y Relaciones Económicas Internacionales.

Acerca de esta cuestión, Gauna volvió a hacer hincapié en la convivencia entre la gente y el Municipio. Indicó que cada cooperativa tiene sus autoridades elegidas por ellos mismos. "No fuimos nosotros los que designamos a los titulares", remarcó. El secretario de Desarrollo Social volvió a hacer mención al gran número de trabajadores que se vincularían a través de estos contratos, por lo cual sería imposible "escuchar los reclamos de todos". "Es muy difícil manejarse anárquicamente", remató.

El titular de Desarrollo Social informó que ayer muchas cooperativas aceptaron los términos del anexo y firmaron los respectivos contratos, que les garantizan trabajo por los próximos doce meses. "Hay otros que firmarán hoy", añadió. No obstante, ayer también mantuvieron reuniones con representantes de cinco cooperativas que objetaron algunos puntos, por lo que prefirieron no suscribir los contratos.

En la edición de ayer de El Atlántico, Alejandro Martínez, integrante de la cooperativa "Los Horneros", había expresado su disconformidad por la petición del gobierno municipal y la negativa a firmar los convenios. En tanto, Marcela Flores, de la cooperativa "General Belgrano" también había manifestado su descontento, pero, tras asesorarse con un abogado, ella y sus compañeros habían decidido firmar por considerar "inconstitucionales" algunas de las exigencias que plantea el anexo.

Las críticas también habían llegado de la concejal del Frente para la Victoria, Verónica Beresiarte, quien quiso dejar en claro que este anexo era una idea exclusiva del municipio, y no del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el que financia los proyectos. Gauna tampoco negó esto: "Las cláusulas del contrato las pone el municipio y fueron puestas para evitar los hechos que tuvimos la última vez en el Concejo Deliberante".

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