Las acusaciones cruzadas entre los dos sectores que pugnan por liderar la cooperativa eléctrica CALF continuaron ayer, cuando el Consejo de Administración anunció que se presentará en la Justicia con una serie de denuncias contra las personas que condujeron la entidad.

Además, ratificaron que la única asamblea válida es la que se hizo entre las 19 y las 24 del 10 de abril, donde se designaron los nuevos síndicos. “Lo que pasó después fue una reunión”, dijo el presidente de CALF, Juan Carlos Lepén. Respecto de las denuncias en la Justicia, el vicepresidente de la cooperativa, Luis Martínez, detalló que son tres: una es la que ya se hizo contra el ex presidente, Fernando Garayo, por un convenio firmado con la provincia por la condonación de una deuda de diez millones de pesos.

Otra será por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por considerar que de Personas Jurídicas actuaron a favor de la lista Roja en la asamblea; y una tercera contra el ex presidente de CALF, Marcos Silva, por “gastos sospechosos” durante su gestión.

“Estamos recolectando la documentación. Hay una factura de dos millones de pesos por la planta Enarsa Patagonia, donde CALF tiene el diez por ciento de acciones. CALF sólo vendió la tierra, pero al momento que ingresaron esos dos millones de pesos por la venta entraron facturas por ese mismo monto por movimiento de suelo, cuando la cooperativa no tenía que hacer nada de la obra”, dijo el tesorero de la cooperativa, Jorge La Rosa, sobre la gestión de Silva.

El otro punto señalado fue la contratación de Paraná Seguros. “Entendemos que es un acuerdo que le genera perjuicios a la cooperativa”, dijo Martínez. Sobre esto, La Rosa aclaró que “la póliza que paga CALF es de más de 200 mil dólares, cuando cualquier compañía la cotiza cien mil dólares más barata”.

También denunciaron gastos innecesarios en alquileres y teléfonos celulares. “Estamos preparando un listado de inmuebles que no sabemos quién lo usaba. Los dimos de baja el mes pasado porque no tenemos la disponibilidad”, dijo La Rosa. “Analizamos también la cantidad de teléfonos que tenía la cooperativa, cuando asumimos había 300 números y ya dimos de baja 104, además 40 eran de Buenos Aires. Eran 200 mil pesos de consumo mensuales en manos de personas que no tienen que ver CALF”, cerró Martínez.