Gastos extra que inciden en el déficit de las cuentas públicas

El 82% móvil es el principal gasto que sumó el Gobierno. En total, la Provincia carga con 13 millones extra por costos previsionales y energéticos.
Medidas con fuerte impacto popular en algunos casos u orientadas a suplir malas concesiones seguidas de pésimas administraciones. Lo cierto es que, entre el pago de la movilidad previsional y el salvataje -bajo la forma de subsidios al consumo- a los servicios públicos se ha generado un agujero negro en las cuentas públicas. Es que, por mes, los gastos del Estado se han incrementado en un promedio de 13 millones de pesos.

Si fueran épocas de vacas gordas la situación pasaría inadvertida, pero con fondos federales, coparticipables y de regalías menguados, la escasez obliga a hacer malabares e inextricables enroques con las partidas presupuestarias para cubrir los nuevos gastos del Estado.

El reconocimiento del 82% móvil, en vigencia desde 2007, supone a la fecha un gasto mensual de 9 millones de pesos que salen del tesoro provincial. La decisión, tomada en épocas de bonanza económica y en medio de la presión de los jubilados por el cumplimiento de las condiciones prometidas al momento de la transferencia de la caja previsional, dejó al Gobierno como víctima de sus propias promesas. Ahora, pese al ahogo financiero debe continuar pagando un complemento que cada día insume más recursos. Y, además, es prácticamente nula la posibilidad de que la Nación, alguna vez, asuma ese costo.

Los servicios públicos, cuyo control fue retomado en 2008 por el Estado, son la otra gran preocupación económica y política del Gobierno. La reestatización del servicio de agua potable, con la creación de la empresa Aguas de Catamarca es uno de las patas del problema. Las obras que se realizan para optimizar el servicio corren por cuenta de la Provincia y el Estado sigue subsidiando, como ya lo hacía cuando el agua era un servicio prestado por privados, el costo de la energía eléctrica empleado para bombear el agua subterránea. Por mes, eso supone una erogación de 250 mil pesos.

EDECAT, empresa que conserva su carácter privado aunque está regenteada por mayoría estatal, tiene un déficit crónico que el Gobierno ha salido a cubrir con anticipos de dudosa legalidad. La empresa, sumida en entuertos judiciales con los anteriores dueños, no recauda lo suficiente para pagar los 4,5 millones de pesos que, en promedio, cuesta mensualmente la energía que compra a Camessa, la administradora del mercado mayorista de energía. De hecho, la energética figura en el registro de deudores morosos crónicos de Camessa, adonde se ingresa por adeudar, al menos, dos meses el costo de la energía. En abril, la deuda era de 13,5 millones de pesos. Ése es un compromiso contraído por una empresa privada que el Gobierno no debe salir a cubrir. Sin embargo, la decisión de la Provincia de intervenir la empresa y asumir su administración mediante el nombramiento de cuatro directores provinciales deja al Gobierno con evidente responsabilidad en la suerte que corra la empresa. Fue por eso que, en noviembre, salió al auxilio de la firma anticipándole alrededor de 5 millones de pesos del Fondo Fiduciario constituido para financiar obras del plan director para que EDECAT, en lugar de realizar inversiones, pague la cuota mensual a Camessa. (Ver una maniobra...) Por fuera, se suman alrededor de 300 mil pesos más que el Gobierno destina para subsidiar el consumo energético y que incluye la tarifa social, subsidios a regantes, bodegueros e iglesias.

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