Ahora bien, si el gobierno de Daniel Scioli prevé que aumentando el Impuesto Inmobiliario se podrá afrontar semejante aumento del gasto público,  se chocará contra la pared. Por un lado, dado que la mitad del territorio de la Provincia sigue bajo el agua, en un contexto donde los ruralistas están con la soga el cuello sin poder liquidar sus producciones por los factores climáticos, y por el cúmulo de políticas económicas desacertadas de la administración K, difícilmente se registre una suba significativa de la recaudación.  De hecho, los números que está mostrando ARBA actualmente están por debajo de la inflación real. A su vez, la devaluación de la moneda nacional, en lo que va del año, ha incrementado de forma significativa el peso de la deuda que tiene la Provincia en dólares.

Atendiendo las dificultades de la economía, los incrementos impositivos deberían estar delimitados, específicamente, a los sectores más privilegiados, como los contribuyentes que viven en countries o clubes de campo. Pero, si con el afán recaudatorio, en un año electoral, se comete el error de aumentar la presión impositiva sobre los sectores productivos, las pymes y la clase media, lo único que se generará será crear mayor recesión y una cesación de pagos de hecho, ya que serán miles y miles las personas que se verán imposibilitadas de poder pagar impuestos.

El panorama podría ser diferente si, para sostener la expansión del gasto, el gobierno provincial decide implementar un cambio estratégico y toma el control del negocio del juego. La rentabilidad que producen las máquinas tragamonedas, que en gran medida termina en los bolsillos de un puñado de empresarios amigos del poder, podría servir para cambiar la historia.

El caso de Codere, la principal operadora del negocio del juego en la Provincia, con 14 salas de tragamonedas, es paradigmático. Esta empresa española acaba de quedar en manos de los llamados fondos buitres (principalmente Blackstone, uno de los fondos que estaría litigando contra el estado argentino), al no poder cumplir en tiempo y forma con una serie de compromisos asumidos en Europa.  Ahora bien, lo llamativo es que, producto de “los favores” del poder político, Codere obtiene ganancias en euros en la Argentina que están muy por encima de lo que registra en otras parte del mundo donde la misma empresa tiene muchas más máquinas tragamonedas.

Los ingresos de Codere en 2013 llegaron a 584,7 millones de euros (unos 6232 millones de pesos), con 6.282 terminales de juego, en Buenos Aires. En tanto, en México, con 16.970 maquinitas y un tipo de cambio mucho más favorable, sus ingresos fueron de 382,4 millones de euros y en España, con 11.070 terminales, fueron de 151,6 millones de euros. Obviamente, tener semejante grado de rentabilidad con la mitad de las tragamonedas que hay en España, sólo es posible por la falta de controles. Y ello no es gratuito: el negocio del juego implica economías locales y regionales saqueadas, y familias en la ruina producto de la desesperación de querer salvarse gracias al azar, cuando las tragamonedas nada tiene de azarosas: están programadas para hacer perder.

Por eso, el Estado no puede ni debe ser un convidado de piedra ante esta situación. Hay que cumplir lo que indica la Constitución de la Provincia que establece, claramente, que el juego no debe estar en manos privadas.

Asimismo, el gobierno provincial debería apretar las clavijas para reclamar los fondos federales que, como se sabe, son distribuidos con criterios absolutamente arbitrarios por parte de la administración K.  En definitiva, el proyecto sciolista de llegar a la presidencia sólo será posible si deja una Provincia ordenada.